El empresario Simón Casas
La Audiencia Provincial condena a los gestores de Las Ventas a una indemnización de más de medio millón de euros
La sentencia se debe a la cancelación del concierto de la cantante Vanesa Martín en 2017
La Audiencia Provincial ha condenado a la empresa gestora de la Plaza de Toros de Las Ventas, la UTE formada por Simón Casas Production y Nautalia Viajes, a una indemnización de 552.403 euros a la productora Treinta y Tres Producciones y Management por la cancelación del concierto que iba a dar en el coso la cantante Vanesa Martín en 2017.
La empresa Treinta y Tres Producciones y Management firmó en mayo de 2017 el contrato de cesión con los gestores de la Plaza para celebrar un concierto el 16 de septiembre. El permiso para dicha celebración se solicitó en julio a la Comunidad de Madrid, propietaria del coliseo, pero el 12 de septiembre, solo cinco días antes del concierto, se denegó por la razón que el Ayuntamiento de Madrid había emitido un informe desfavorable contra la Plaza por motivos de seguridad y accesibilidad.
Demanda de 1.029.907 euros
Al año siguiente, la productora demandó al arrendador, los gestores, y pidió una indemnización de 1.029.907 euros por los perjuicios ocasionados. Tras escuchar a las partes, el juzgado de primera instancia condenó a los demandados a pagar finalmente a la productora la cantidad de 559.322 euros.
El juez estimó que la UTE estaba obligada por contrato a garantizar las condiciones tanto materiales como jurídicas para la celebración del evento, considerando que las medidas de seguridad deficientes eran existentes antes de que el demandante presentara su solicitud de autorización. También rebajó en 6.000 euros la cantidad fijada por un error de cálculo en los conceptos.
«En el presente caso la responsabilidad civil del arrendador proviene de ceder el uso y disfrute de una cosa distinta de aquella a la que se había obligado. Y, para quedar exonerado de esta responsabilidad, la UTE adopta una postura autista respecto a la plaza de toros, manifestando que ignoraba las condiciones de seguridad. Olvidando que es ella la propia UTE la que arrienda ese inmueble, y por ende, al arrendarlo tiene que conocer sus características y responde tanto de conocerlas como de no conocerlas», expone el juez en la sentencia.
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