El presidente de la RFEF, Luis Rubiales
La Federación también dice 'No' al proyecto de 'Liga Impulso'
La institución presidida por Luis Rubiales confía en que «las autoridades españolas competentes no permitan su ejecución». Un nuevo pulso entre la Federación Española de Fútbol y LaLiga
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reiterado este miércoles su «más profunda oposición al Proyecto LaLiga Impulso» que auspicia la LaLiga con el acuerdo con el fondo CVC y que no apoyan Athletic, Barcelona y Real Madrid, clubes que ofrecen el denominado 'Proyecto Sostenible'.
«Está planteado en términos incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico y confiamos en que las autoridades españolas competentes no permitan su ejecución», asegura el escrito del organismo que preside Luis Rubiales.
Apunta que desde la RFEF tienen la «obligación de velar» para que «se preserve el régimen de gobernanza del derecho deportivo español. Dicho régimen es incompatible con la entrada en la gestión y la toma de participación económica en La Liga por parte de ningún tercero, y mucho menos por un fondo privado de capital riesgo».
«La Liga solo puede pertenecer, y solo puede ser gestionada, por los clubes que en cada momento jueguen en Primera y Segunda División, sin que se perjudiquen de ningún modo las legítimas expectativas de los clubes de categorías inferiores», añade.
Así, se pone a disposición de los clubes que «no quieran vincular el destino de la competición a fondos de capital riesgo para, desde la RFEF, ayudar a construir soluciones que sean compatibles con nuestro ordenamiento jurídico y preserven los valores tradicionales del fútbol español»
La respuesta de LaLiga
LaLiga ha rechazado este miércoles «cualquier acusación de ilegalidad» de la denominada 'LaLiga Impulso' que auspicia la patronal en un acuerdo con el fondo CVC, al que se ha opuesto la Federación Española de Fútbol (RFEF) en una nota previa.
Así, LaLiga, en otro comunicado, recuerda que en agosto su Asamblea «adoptó una serie de acuerdos con el voto favorable de nada menos que 38 de los 42 clubes miembros de LaLiga, mayoría que claramente legítima para el desarrollo del proyecto y es competencia del presidente de LaLiga hacer cumplir los acuerdos que se adopten por la Asamblea General».
«No entendemos que la RFEF se muestre en contra de la voluntad social de LaLiga, sobre un acuerdo que en nada perjudica a la RFEF, más bien al contrario si tenemos en cuenta que con LaLiga Impulso, muchos clubes acometerán mejoras en sus estadios, lo que dará más posibilidades a la candidatura española en el Mundial 2030», manifiesta.
LaLiga, por lo tanto, rechaza «cualquier acusación de ilegalidad del Proyecto y más cuando ésta se realiza desde un desconocimiento intencionado. La RFEF ha tenido oportunidad de consultar toda la información en la que se encuentran los informes de reconocidas firmas de prestigio, Uría Menéndez o Latham & Watkins asesorando a CVC, que avalan solvencia jurídica del acuerdo».
Además, apunta que «las acusaciones sobre las supuestas condiciones de los clubes carecen igualmente de todo fundamento y desde el desconocimiento del alcance de las modificaciones de las normas de control económico debidamente aprobadas por los órganos competentes de LaLiga y con base a acuerdos válidos, vigentes y eficaces»
Madrid, Barça y Athletic piden la intervención del CSD
A través de sendos comunicados, de nuevo, los clubes promotores de Proyecto Sostenible comparten «los términos del comunicado remitido en el día de hoy por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reiterando nuevamente que el Proyecto La Liga Impulso es incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, no debe llevarse a cabo».
Además, estos clubes advierten que «La Asamblea General Extraordinaria de La Liga convocada para el próximo día 10 de diciembre de 2021, pretende consumar definitivamente una flagrante violación del régimen jurídico aplicable a LaLiga y a los derechos audiovisuales del fútbol español".
Y por último, piden actuar al CSD «en ejercicio de sus competencias», porque de lo contrario «se podrían cometer graves irregularidades que comprometen seriamente no sólo el futuro económico del fútbol español, sino también el marco jurídico que el legislador adoptó para la gobernanza de este deporte».
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