El Tribunal Supremo ha confirmado su veto a las inspecciones de Hacienda a las empresas sin previo aviso, según revela el diario económico Expansión, que ha podido acceder a la sentencia. El Gobierno había tratado de permitir estas entradas a través de la Ley de Lucha contra el Fraude, que estaba en vigor desde el 10 de julio.
Según se explica en el diario, la sentencia señala que «no se puede cercenar un derecho fundamental, el del domicilio protegido por el artículo 18.2 de la Constitución, mediante un cambio en una ley no orgánica, el caso de la citada Ley del Fraude y de la norma que modifica, la Ley General Tributaria».
De acuerdo con el periódico, «el auto judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido debe estar conectado con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con inducción de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas».