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28 de marzo de 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el responsable del aumento de la deuda per cápita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el responsable del aumento de la deuda per cápitaEFE/ Horst Wagner

Más de 250.000 millones de deuda añadida en tres años: la pesada losa de Sánchez para la clase media

Aunque Pedro Sánchez ya subía la deuda pública a un ritmo desaforado antes del Covid, el acelerón de los dos últimos años está siendo dramático

Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018 hasta abril de 2020, en veintidós meses, la deuda pública española aumentó en 69.499 millones de euros. La cifra es relativamente comparable a los 96.461 millones en que la incrementó Aznar, con una pequeña diferencia: el ex presidente del PP empleó 60 meses más en hacerlo (los 83 que fueron de mayo de 1996 a abril de 2004, fechas de sus dos mandatos). Mientras Aznar incrementaba la deuda a una media de 1.162 millones mensuales, Sánchez lo hacía a más del triple: 3.861 millones mensuales. Si piensan que el causante es el coronavirus, sepan que el incremento de la deuda hasta marzo de 2020, el mes del estallido de la pandemia, era de 58.566 millones. Al ritmo al que aumentaba la deuda, Sánchez no hubiera tardado mucho más en igualar y rebasar ampliamente al ex-líder del PP. La diferencia de gestión entre ambos está en que Sánchez solo fue capaz de reducir el porcentaje de deuda sobre el PIB del 99,6 % con el que llegó al 95,5 % de diciembre de 2019 con una economía en crecimiento (+2,3 % en 2018 y + 2,1 % en 2019), y Aznar la disminuyó del 62,7 % al 47,6 % en sus ocho años de Gobierno.
La subida de los ingresos no fue aprovechada por Sánchez para mejorar la viabilidad de nuestras cuentas, tener así más margen para gestionar situaciones de crisis como la actual y poder sostener en el futuro las pensiones y demás componentes del estado del bienestar. Hubiera sido lo razonable, pero desde el principio se lanzó a gastar como un poseso. 
El presidente ya gastaba mucho dinero público antes de que llegara el Covid, pero está claro que los números ahora son mucho peores. La deuda rebasa los 1.419.692 millones, más de 250.000 millones por encima que cuando llegó Sánchez en junio de 2018 (estaba entonces en 1.165.972 millones), el porcentaje sobre el PIB supera el 120 %, y esas cifras tienen y tendrán un impacto sobre las clases medias en forma de impuestos. El dinero que se pide para afrontar nuestros gastos porque los ingresos no llegan hay que devolverlo.
Las cifras dicen que la deuda per cápita era de 25.117 euros por habitante en 2019, antes de la pandemia, y en la actualidad es de 29.897 euros por habitante: algo más de 4.500 euros más que tendremos que devolver los españoles. Cuando llegó Sánchez, en junio de 2018, la deuda per cápita era de 24.907 euros. Con Aznar, en 2004, se situaba en 9.143 euros. En diecisiete años hemos pasado de deber 9.143 a 29.897 euros por cabeza. La situación es cada vez más preocupante.
Los impuestos son el principal argumento del actual Gobierno para obtener los ingresos para devolver la deuda y sus excesos en el gasto público, y no: no los pagarán los ricos. El IRPF batirá en 2022 un récord de recaudación (más de 100.000 millones) que obviamente abonarán las clases medias. Los llamados impuestos a los ricos, entre los que se incluyen la Tasa Tobin y la Tasa Google, están siendo un perfecto bluf: la Tasa Tobin a las transacciones financieras había recaudado hasta principios de septiembre 150 millones de euros, muy lejos de los 850 millones previstos por el Gobierno; la Tasa Google ha ingresado 92 millones hasta comienzos de octubre, a años luz de los 968 millones presupuestados por el Ejecutivo de Sánchez.
La clase media es la que está pagando la subida de impuestos, y se va a ver cada vez más afectada por ella, por el aumento del gasto sin freno y por algunas medidas que influyen en su capacidad de prepararse para lo que viene. Una de ellas es la disminución de la cantidad máxima aportable a los planes de pensiones individuales desde los 2.000 a los 1.500 euros desgravables. «Las familias utilizaban estas figuras para configurar su previsión de ahorro. Esta nueva reducción de la cantidad máxima deducible, añadida a la disminución mucho mayor ya aprobada para este 2021, va a suponer que haya familias, con relación a 2020, que van a tener que pagar de un orden de 3.000 euros más de IRPF. Unos 200 euros son por el recorte adicional de este año», lamenta Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). 
Otra medida que ha pasado más desapercibida es la subida de las bases máximas de cotización de Seguridad Social: «La paradoja es que, con la subida de las bases máximas de cotización, las empresas y familias van a incrementar sus cotizaciones sociales muy por encima del nivel de las pensiones máximas que puedan disfrutar en un futuro. Se agrava así el problema de este colectivo, que en relación con lo cotizado tiene peores pensiones que el resto de cotizantes», indica Izquierdo.
El experto de IEE recuerda también el nuevo ajuste por ley de los valores de referencia de los inmuebles, que serán clasificados por el catastro según sus características y servirán de indicador para los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Patrimonio y Sucesiones: «Los nuevos valores de referencia derivados del catastro pueden incrementar los impuestos (ITP, Sucesiones y Donaciones e IRPF) que hay que pagar en muchas transmisiones, pero lo peor es que pueden provocar cierta confiscatoriedad: se puede tener que tributar por ganancias patrimoniales inexistentes o sobre bases por encima de las reales. Estos valores teóricos de referencia fijados en función de valores medios en no pocos casos serán superiores a los valores reales de mercado», admite Izquierdo. La portavoz de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), María Dolores Ortega, todavía era más explícita recientemente. Vaticinaba una «subida bestial» de impuestos, sobre todo en Sucesiones y Donaciones, tanto en el pago del propio impuesto como en la posterior ganancia patrimonial en el IRPF.
Estas medidas afectarán a la clase media, además del incremento de la deuda pública que conllevarán medidas como el bono joven: «Un presupuesto que tiene que incurrir en déficit, que se añade a la deuda ya acumulada que va a llegar a las generaciones futuras, debe ser especialmente responsable y diligente. Debe evitar gastos que no están justificados ni en razones de eficiencia ni de equidad, como pueden ser determinadas subvenciones a colectivos en función de su mayoría de edad», lamenta Izquierdo.
Además de todos estos problemas que vienen, Izquierdo llama la atención sobre el crecimiento de la inflación que también se está produciendo en España: «En la medida que no se deflactan las tarifas impositivas, conlleva un aumento de la carga tributaria que soportan las familias, incluso aunque sus rentas se hayan reducido a través de la denominada progresividad en frío. La inflación es como un impuesto adicional que, sin pasar por el control de los parlamentos, supone importantes ingresos a los gobiernos. Los mayores perjudicados son los ahorradores que tienen que soportar tipos de interés reales significativamente negativos con sus consiguientes pérdidas. Lo curioso es que los presupuestos en general refieren a la inflación gastos como las pensiones o los salarios públicos, pero no deflactan las tarifas de los impuestos para poder obtener más ingresos, con el consiguiente perjuicio para los contribuyentes con relación a los beneficiarios del gasto público. No deja de ser un agravio comparativo».

Los autónomos

Los autónomos están claramente entre los colectivos que más están sufriendo esta crisis, y la mayoría son evidentemente miembros de la clase media
Según reflejaba el propio Ministerio de Trabajo en su informe de datos del segundo trimestre, el 85,7 % de los empleados por cuenta propia no supera la base mínima de cotización, que recientemente se ha actualizado a los 960,60 euros (la máxima se ha situado en 4.139, 40 euros). 
El reciente aumento en las bases de cotización significará que los autónomos individuales tendrán que pagar 60 euros más anuales, y los societarios, 76 más. A ello tienen que unir la subida en sus tipos de cotización del 30,3 % actual al 30,6 %: entre 36 y 149 anuales más para los autónomos individuales y entre 44 y 149 euros anuales más para los societarios, según los cálculos de la asociación ATA. En total supone para ellos un hachazo más que incrementará sus cuotas entre 96 y 225 euros anuales a partir de 2022; una mala noticia para un colectivo formado mayoritariamente por comercios (775.680 de los 3,3 millones de autónomos que hay en España) y que cuenta con 225.000 miembros percibiendo la prestación por cese de actividad. Ante este panorama, no es de extrañar que Lorenzo Amor, presidente de ATA, reaccione lamentando que «el 70 % de los autónomos aún no sabe lo que es la recuperación tras diecisiete meses de pandemia, y, para ayudarnos, nos suben la cuota sin consulta previa por primera vez en quince años».

Un momento difícil para la clase media

Según refleja un estudio de Andrés Ortega, investigador del Real Instituto Elcano, la situación para la clase media en el mundo pasa por momentos complicados. De acuerdo con sus datos, este segmento ha disminuido en 54 millones de personas globalmente en 2020 como consecuencia de la pandemia después de haber ascendido notoriamente entre los años 2011 y 2019. En ese periodo de ocho años había pasado de 899 millones a 1.380 millones de habitantes, dentro de una población mundial de 7.700 millones de habitantes.
El Banco Mundial considera clase media unos ingresos de 10-20 dólares al día (8,5-17,1 euros) o 14.600-29.200 al año (12.539-25.079 euros) para una familia de cuatro miembros. Como consecuencia de la pandemia, el número de pobres ha aumentado en 131 millones en el último año, especialmente en el sureste asiático y el África subsahariana. El Banco Mundial considera pobres a quienes ingresan menos de 2 dólares al día (1,7 euros) o 2.920 dólares al año (2.508 euros) para una familia de cuatro miembros.
Según los datos de Eurofund, la clase media en España representaba el 54 % de la población antes del Covid. Es la tercera más pequeña de Europa, tan solo por detrás de Bulgaria y Lituania. Esperemos que la política del actual Gobierno no nos lleve a empeorar en este ranking, algo que sin duda lograrán si siguen con su progresivo aumento de impuestos.
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