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29 de marzo de 2024

Nadia Calviño en el Congreso de Comisiones Obreras

Nadia Calviño en el Congreso de Comisiones ObrerasGustavo Valiente - Europa Press

Economía

España, a la cola en la ejecución de los fondos europeos

A finales de 2020, solo había utilizado el 45%

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advirtió este martes de que al cierre de 2020 los Estados todavía no habían utilizado 303.200 millones de euros en fondos comunitarios, el equivalente a dos presupuestos anuales, debido a la lenta absorción de los fondos estructurales, donde España se sitúa a la cola con solo un 45 % ejecutado.
En la auditoría del presupuesto comunitario de 2020, la Corte avisa del reto administrativo que supondrá ejecutar estos fondos además del presupuesto actual y el nuevo fondo de recuperación postpandemia, que con 1,8 billones de euros en total casi duplican la cuantía del pasado marco financiero.
Y reclama más personal para controlar cómo se usan los 800.000 millones del fondo Next Generation.

Baja absorción

De los 303.200 millones que aún no se han pagado, la mayor parte (209.000 millones) corresponde a fondos estructurales y de inversión, puesto que hasta finales de 2020 se había ejecutado solo el 55 % de lo presupuestado para 2014-2020.
La tasa de absorción, sin embargo, varía mucho por país: España (45 %) se sitúa a la cola, al mismo nivel que Croacia y solo por detrás de Italia (44 %), mientras que a la cabeza están Finlandia (79 %) e Irlanda (77 %).
«No estamos contentos con la situación», dijo en una rueda de prensa el presidente del Tribunal de Cuentas, Klaus-Heiner Lehne, quien recordó que llevan años criticando la baja absorción.
La causa principal es que las normas dan a los Estados tres años adicionales para ejecutar los fondos (hasta 2023 en este caso), pero también la «falta de planificación» o de capacidad administrativa, explicó Lehne, quien subrayó que pese a ello se acaba gastando la inmensa mayoría del dinero.

Riesgos del fondo de recuperación

En este contexto, la Corte destaca los «desafíos» y «riesgos» que planteará gestionar los 800.000 millones del fondo de recuperación, además del presupuesto tradicional para 2021-2027.
El que los Estados aún dispongan de «importes sustanciales para absorber» del presupuesto 2014-2020 «puede retrasar el uso de los compromisos» del marco financiero actual y «existe el riesgo» de que no tengan los recursos administrativos necesarios para gestionar estos fondos en paralelo, dice el informe.
Los auditores temen, además, que pueda retrasarse la ejecución de los fondos que gestionan conjuntamente la UE y los Estados porque ciertas legislaciones se adoptaron tarde y advierten de que las emisiones de deuda para el fondo de recuperación aumentarán los riesgos financieros.
El empréstito, recuerdan, «está garantizado por el presupuesto de la UE y podría aumentar en unos 940.000 millones de euros su exposición global» a pasivos contingentes.
Con este telón de fondo, el presidente del tribunal indicó que han pedido al Consejo y la Eurocámara presupuesto para contratar a 40 personas más mientras se despliega el fondo (hasta 2026) para reforzar su equipo de unos 600 auditores.
«Hay mucha financiación que estará disponible al mismo tiempo y hay (que tener) un equilibrio entre la velocidad y flexibilidad para desembolsar el dinero, pero también un adecuado nivel de control», dijo Tony Murphy, miembro del Tribunal.

Errores en las cuentas

En cuanto al presupuesto de 2020, el tribunal avaló los ingresos, pero emitió una opinión desfavorable sobre los gastos (que ascendieron a 173.300 millones) tras detectar irregularidades en un 2,7 % del gasto auditado, la misma proporción que en 2019, pero por encima del 2 % a partir del cual la gestión se considera insatisfactoria.
Las mayores tasas de error se dieron en las partidas de Competitividad (3,9 %), Desarrollo (3,8 %) y Cohesión (3,5 %) y se debieron sobre todo a que se solicitaron pagos por costes no elegibles, a la falta de documentos justificativos y a fallos administrativos.
Por último, el tribunal calcula que a final de 2020 el Reino Unido adeudaba a la UE 47.500 millones de euros, en virtud del acuerdo financiero del Brexit.
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