La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
Consejo de ministros
El Gobierno aprueba una ley de vivienda en manos de las comunidades autónomas
El Gobierno pretende llevar la ley de al Congreso antes de final de año. Entre los puntos más polémicos, la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El texto deja en manos de los gobiernos autonómicos y municipales sus puntos clave
El Consejo de Ministros ha aprobado la ley de vivienda que pretende llevar al Congreso de los Diputados antes de final de años. El texto, del que hemos ido conociendo los detalles durante los últimos días, pretende garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables.
«Es una ley histórica», ha dicho la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en rueda de prensa.
El texto deja en manos de las administraciones autonómicas y locales los puntos más relevantes de la ley. Serán las comunidades autónomas las que decidan o no declararse como zona tensionada. Además, la normativa establece que serán los ayuntamientos los que impongan la cuota del IBI de hasta el 150% a los propietarios con más de diez viviendas desocupadas en el mismo municipio durante más de dos años.
«No supone una invasión de competencias», ha insistido Sánchez.
Deducciones a propietarios
La ley establece además una serie de deducciones de hasta el 90%, para aquellos propietarios que apliquen una reducción un 5% de la renta a su inquilino, con respecto al anterior contrato.
La ley nivela las deducciones a las que los caseros de zonas tensionadas pueden acogerse. Todos aquellos que alquilen por primera a jóvenes de entre 18 y 35 años, podrán acceder a una bonificación del 70 %. Del mismo porcentaje de deducción, podrán beneficiarse aquellos propietarios que destinen su vivienda al alquiler social.
Por otro lado, los dueños de viviendas que congelen los alquileres pero lleven a cabo reformas u obras de rehabilitación, podrán aplicarse una bonificación del 60 %. Para el resto de casos, la deducción se quedará en el 50 %.
De esta manera, la ministra de Agenda Urbana ha puesto como ejemplo a un propietario que arrende su vivienda a 800 euros mensuales y rebaje su precio un 5%. Podría acogerse a una deducción del 90 %, por lo que el importe de tributación pasaría de los 3.830 euros a los 638 euros.
Lo mismo ocurre con los arrendatarios menores de 35 años con rentas inferiores a tres veces el actual IPREM, podrán beneficiarse del bono joven (que queda al margen del texto) y de las ayudas de hasta el 40% que incluye el Gobierno. «Si paga un alquiler de 800 euros», asegura la ministra, «pasará a pagar 230 euros».
Zonas tensionadas
El anteproyecto de ley establece que serán las administraciones competentes (comunidades autónomas) las que podrán declarar, «de acuerdo con su normativa reguladora», zonas de mercado residencial tensionado «en cualquiera de sus modalidades», es decir, compraventa o alquiler.
Para ello, deberán constatar que «la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares».
Además, tendrán que verificar que «el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración un crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente».
La vigencia de la declaración será de tres años, prorrogable anualmente, y en el último trimestre de cada año el Ministerio de Agenda Urbana aprobará una resolución con la relación de zonas que hayan sido declaradas de mercado tensionado.
La regulación de precios, tendrá que esperar
Si el arrendador es un gran tenedor y el inmueble está en zona tensionada, «la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de precios de referencia».
Esa regulación «se aplicará a los contratos que se formalicen una vez transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de la ley y una vez se encuentre aprobado el referido sistema de índices de precios de referencia».
«La ley garantiza la seguridad jurídica», ha insistido Sánchez, ante las dudas que desde el sector de grandes propietarios han lanzado durante los últimos días.
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