El timo de la objetividad: el impuesto de plusvalía municipal
Esta semana ha comenzado con una sorprendente noticia que ha animado, al menos de momento, los corazones y los bolsillos de los contribuyentes españoles. El Tribunal Constitucional estima «inconstitucionales y nulos» tres apartados del artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible del impuesto sobre plusvalía.
Este impuesto supone que los ciudadanos que vayan a vender, recibir en herencia o donación, un inmueble, deben pagar al Estado una parte del incremento del valor. Es decir, el Estado no solamente reclama un porcentaje del valor del inmueble en tanto que patrimonio del ciudadano, sino que vuelve a poner la mano cuando se pone de manifiesto el aumento en el valor del mismo.
Pero, lo que argumenta el Tribunal Constitucional no tiene que ver con este doblete, sino con la pretendida justicia en el cálculo del impuesto, sobre la base de que son los ayuntamientos los que establecen unas tablas «objetivas» de revalorización de los inmuebles. La pega principal se refiere a que en esas tablas no se contempla la pérdida de valor, ni la evolución real del mercado inmobiliario. ¿Qué guía pues la confección de estas tablas? Obviamente, el aumento de los ingresos de dichos ayuntamientos, que son juez y parte de la cuestión. No en vano, el mismo Tribunal Constitucional, en los años 2017 y 2019, declaraba ilegales otros artículos y llamaba la atención a los gobernantes, que no hicieron caso.
Ahora, las haciendas locales lloran por los 2.500 millones de euros que se esfuman ante sus ojos. Un dinero que nunca tuvo que ser ingresado por los ayuntamientos, sino que debió quedarse en el bolsillo de los españoles. Revisar la cuenta de gastos y racionalizar cada euro gastado por los ayuntamientos en nombre de los ciudadanos, podría ser un primer paso. Ante el panorama tan deprimente de deterioro de las instituciones básicas que respaldan el estado de derecho en nuestra democracia, comprobar que, al menos en este caso, el Tribunal Constitucional es garante del ciudadano frente a los abusos de los políticos, es una buena noticia.
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