El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, tras presentar el anteproyecto
La solución de Escrivá a las pensiones tardará más de lo que se espera
El ministro tiene prisa y forzará la máquina, pero la experiencia dice que difícilmente aprobará la ley en el plazo que señala. Además, la composición del consejo de administración recuerda a la que acabó con las cajas de ahorro
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la creación del primer fondo público de pensiones. Prevén que entre en vigor en junio de 2022, y se presenta como una auténtica cruzada frente a los planes de pensiones individuales. El fondo público contará con aportaciones máximas de 8.500 euros de los planes de empleo de empresas y 1.500 euros de los planes de empleo individuales. Estará gobernado por un consejo en el que participarán miembros de la Administración, empresarios y sindicatos.
Los planes de pensiones de empleo, promovidos por las empresas, tendrán comisiones más bajas e incentivos fiscales. Así se pretende aumentar su peso, que alcanza en la actualidad un volumen de 37.000 millones de euros frente a los 87.000 de los planes de pensiones individuales. Como novedad fiscal, el anteproyecto establece una deducción de 5.750 euros en 2022 para los autónomos, sumando las deducciones de los planes de empleo e individuales, frente a los 2.000 euros actuales.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sostiene que los planes de pensiones individuales no incentivan el ahorro y acaban beneficiando solo a las rentas más altas con los incentivos fiscales, y que los planes colectivos o de empresa han quedado estancados para la gran mayoría. La nueva ley pretende eliminar los obstáculos que han dificultado su extensión.
En España los planes colectivos de empresa complementan la pensión a algo más del 10 % de la población activa ocupada. El porcentaje llega al 25-90 % en el resto de Europa. La nueva norma busca elevar el porcentaje en nuestro país. Según Escrivá, el potencial de los planes de empresas es «extraordinario», pues no han llegado a «casi nadie». En España uno de cada diez trabajadores tiene acceso a un plan de empleo colectivo de empresa, aunque en el País Vasco es uno de cada dos. En los países de nuestro entorno lo tienen uno de cada tres o uno de cada cuatro.
Dudas entre los expertos
Algunos expertos consultados por El Debate dudan de que la aprobación del proyecto pueda darse en los plazos apuntados por el ministro. «La audiencia pública tarda un mes y medio-dos meses; en febrero puede volver al Consejo de Ministros en el mejor de los casos; el debate parlamentario puede llevar unos cinco-seis meses. No creo que salga antes de principios de 2023», indica uno de ellos. Por su parte, el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, afirma que el impulso de los planes de empleo dependerá de los incentivos que se den a las empresas, un dato aún desconocido. A partir de ahí habrá que hablar con las 3.000 mesas que en España negocian los convenios sectoriales, que se renuevan cada tres-cuatro años. La negociación no va ser fácil. El anteproyecto ha salido sin el consenso de empresarios y sindicatos.
En cuanto a la alusión de Escrivá sobre una mayor presencia de los planes de empleo en Europa, Aldama recuerda que en el continente las aportaciones de las empresas son obligatorias, y en principio esa no es la vía que se quiere seguir aquí.
Los incentivos fiscales a las empresas serán claves para que sus planes de empleo se desarrollen en los cinco-diez próximos años, recalca. Si no merecen la pena a las empresas, Aldama admite que «el desarrollo será muy exiguo».
El primer pilar de las pensiones, el público, se está impulsando sin el acuerdo con la CEOE; el segundo, el de las empresas, está sin abrir (no se conocen los incentivos), y el tercero, el individual, se penaliza. Martínez-Aldama piensa que «hay que dejar espacio y estímulo para el tercer pilar, con independencia de lo que se haga con los planes de empleo de las empresas». En definitiva, dejar libertad para que cada uno haga lo que quiera. Hay que recordar que las desgravaciones en el IRPF de los planes de pensiones individuales han bajado de 8.000 a 2.000 euros en 2021 y el próximo ejercicio lo harán a 1.500. El economista José María Rotellar piensa que el proyecto de Escrivá «condena a los españoles cuya empresa no haga un plan de empleo a poder aportar casi seis veces menos que quien sí lo tenga. Por otra parte creo que habría que volver a la desgravación de 8.000 euros en los planes individuales».
El presidente de Inverco también cree que sería interesante recuperar los incentivos fiscales a empresas eliminados en 2006 y 2013; y que la Administración dé ejemplo y vida a sus aportaciones a pensiones de funcionarios y empleados de empresas públicas que están congeladas desde el año 2012.
Sobre el proyecto en general, Rotellar estima que «no parece lo más lógico que el sector público se meta a competir con el privado en una competencia que sobrepasa su nivel de actuación. Es preocupante que se repita en el consejo de administración el error que ya se cometió en las cajas de ahorro, con representantes del sector público, empresarios y sindicatos».
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