La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
Gobierno
Raquel Sánchez: la ministra que no resuelve nada
Peajes en las autovías, huelga de transportistas, paro en los aeropuertos, polémica con la vivienda, con el vehículo privado... La titular de Transportes tiene múltiples incendios que no acaba de apagar
Raquel Sánchez fue nombrada ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado 12 de julio. Abogada de profesión, dejaba su puesto de alcaldesa del municipio catalán de Gavá para relevar a José Luis Ábalos. Su formación no parecía en principio muy apropiada para el cargo, y en los últimas semanas se le acumulan los asuntos que no acaba de resolver: dejó caer los futuros peajes en las autovías, dijo que había que eliminar el vehículo privado para facilitar la movilidad, no soluciona el problema de los transportistas y su huelga prevista para los días 20, 21 y 22 de diciembre, le esperan en Enaire y el aeropuerto de Murcia para solucionar y desconvocar otra huelga entre el 23 y el 26 de diciembre, hay un amplio desacuerdo sobre sus propuestas en torno a la vivienda... Se puede decir que ha montado varios circos y le han crecido bastantes enanos.
Empezando por la cuestión de los transportistas, José María Quijano lamenta que en el Ministerio no se reúnan con ellos para conocer mejor el sector. El secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) afirma que el cese de actividad en su sector para los días 20 a 22 de diciembre sigue en pie a la espera de una respuesta del Gobierno. «Tras la reunión del viernes 19 de noviembre nos dijeron que trabajarían sobre nuestras propuestas y nos dirían algo. Tienen tiempo», dice Quijano; cada vez menos, desde luego.
Quijano admite que el problema no ha sido solo de esta ministra, pero no entiende que no les atiendan cuando llegan para ponerse en situación: «Es un problema recurrente», señala, y ahora hay cuestiones urgentes que resolver.
Los transportistas ya tienen problemas con la subida del precio del combustible, la carencia de conductores, la inseguridad en sus áreas de reposo, y en el futuro podrían tenerlos con los peajes de las autovías. Requieren de soluciones inminentes. Sobre el combustible, Quijano señala que «los precios han subido más de un 40 % desde mayo del 2020. Es un coste que pesa mucho sobre la cuenta de resultados de los transportistas. Si no puedes asumirlo, tienes que parar». De ahí que pida que al menos no se hable de subir más impuestos o de los famosos peajes.
Sobre la inseguridad de los conductores en las áreas de descanso, la cuestión es dramática: «Hay robos muy a menudo. Les arrojan gases y les roban mercancías o combustible. Se está analizando la situación a nivel europeo. También se estudia la utilización de áreas invernales como zonas de reposo», indica. En esta línea pide además que se prohíba en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre la carga y descarga por parte de los conductores, algo que no se hacía en el pasado.
Sobre la posibilidad de los peajes, Quijano sostiene que su sector ya paga una cantidad muy elevada. Además de en el impuesto de hidrocarburos, que recauda de sobra para mantener las carreteras, «pagamos 19.000 millones de euros al año en IVA».
Enaire y el aeropuerto de Murcia
Además de en las carreteras, Raquel Sánchez puede tener problemas en los aeropuertos. Enaire y SCAIRM (aeropuerto de Murcia) anunciaron el 15 de noviembre la paralización de las mesas de trabajo con el Gobierno y la convocatoria de una huelga para los días 23 a 26 de diciembre, «sin descartar un calendario más amplio». Es la prueba del hartazgo al que han llegado tras ocho meses esperando la materialización de un acuerdo al que habían llegado con la Secretaría de Estado de Transporte. Accedieron a abonarles los abonos de la productividad no satisfechos, y aún no lo han hecho. «Hemos mantenido una postura paciente, conscientes del momento económico, político y social que vive el país, pero no podemos permanecer inactivos en la defensa de nuestros representados», señalan desde los sindicatos. «Durante estos meses hemos realizado muchas gestiones, y en las últimas semanas hemos publicado comunicados exigiendo que se desbloquee de una vez esta situación. Hemos anunciado actuaciones y movilizaciones encaminadas a lograr este objetivo. Nos estamos acercando a final de año y no estamos aún en condiciones de firmar la revisión salarial al no estar resueltas las cantidades correspondientes a Enaire y Murcia», añaden. Un lío más para la ministra.
Hoy el sindicato tiene una reunión con ambas empresas para dilucidar si hay algún avance. Si no se produce, puede suponer la práctica paralización de los aeropuertos españoles en esas fechas, tan solo limitada por los servicios mínimos. Enaire tiene cerca de 4.000 empleados en España.
Vivienda
La Ley de Vivienda presentada en octubre también ha sido ampliamente criticada en diferentes aspectos. La Ley incluye cuestiones como la intervención en el precio de alquiler para limitar el incremento de precios, el recargo del IBI a las viviendas vacías, la reserva del 30 % de las promociones nuevas a vivienda pública o la congelación de las rentas durante un máximo de tres años. A pesar de la polémica suscitada y el anuncio de recurso de inconstitucionalidad por parte del PP, Raquel Sánchez sostiene que se ha extremado el rigor jurídico y que no cabe ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley.
Agentes del sector como Fotocasa tienen dudas sobre la conveniencia de varios aspectos de la ley. Sobre la definición de zonas tensionadas que pueden dar lugar a la intervención en el precio de los alquileres, señalan que «el cumplimiento de los criterios que permiten declarar un área tensionada no es del todo riguroso debido a la escasez de datos oficiales que existen respecto a los precios de los alquileres».
Sobre la congelación de las rentas durante un máximo de tres años, indican que es una garantía para los inquilinos, pero «es una medida intervencionista para los pequeños propietarios que no cuenta con la aprobación de los arrendadores. Podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta, ya que para ellos supone una medida desincentivadora. Dificultará más el acceso a la vivienda y puede hacer que el parque de viviendas en alquiler escasee todavía más. En Berlín o París se ha demostrado que este tipo de medidas no son eficientes a largo plazo».
En cuanto a las limitaciones para los grandes propietarios, señalan que pueden generar inseguridad jurídica para ellos y para los inversores extranjeros: «La imposición de la bajada de los precios de las rentas hará que nuestro país deje de ser atractivo para muchos inversores extranjeros que llevarán su negocio fuera de España». La medida afectaría de todos modos a un porcentaje muy pequeño de las viviendas, pues la mayoría está en manos de pequeños propietarios. La limitación no conseguiría una bajada de precios generalizada.
El recargo del IBI a la vivienda vacía es una medida «sancionadora, por lo que contribuye a la generación de un clima inestable para los propietarios. Además, nos muestra un nuevo problema: ¿cómo sabrán los ayuntamientos qué viviendas están vacías? El INE está trabajando en un censo de vivienda vacía según el consumo eléctrico, pero habrá que esperar a final de 2021 para conocerlo, y no es una medida cooperativa para la creación de un clima inversor atractivo».
Se podría hablar de muchos otros frentes, pero con los expuestos queda claro que Raquel Sánchez tiene incendios en lugares diversos. Algún día quedan camuflados por actos a los que acude, como el anuncio de la llegada del AVE a Galicia, pero cuando acaba la celebración, aparece de nuevo la evidencia de los asuntos que no ha resuelto o los problemas que ha iniciado con sus declaraciones. Quizá el obstáculo sea su falta de formación específica sobre su Ministerio o que el Ministerio tiene demasiadas competencias y demasiado diversas.
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