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28 de marzo de 2024

El Congreso aprueba la subida de las cotizaciones y retrasar la jubilación efectiva

Reforma de las pensiones

El Congreso aprueba la subida de las cotizaciones y retrasar la jubilación efectiva

La Cámara Baja aprueba la primera parte de la reforma de las pensiones, que deroga las principales líneas maestras del texto del Partido Popular

El Pleno del Congreso ha aprobado finalmente la primera parte de la reforma de pensiones planteada por el Gobierno, cuyas principales medidas suponen derogar los elementos centrales diseñados por el Gobierno del PP en su reforma de 2013, con la vuelta al IPC para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor.
Frente a esta medida, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la medida del Gobierno avalada por el Congreso supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la 'hucha' de las pensiones y enfrentar la jubilación de los baby boomers.
Este recurso, bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), se ha incorporado en la tramitación en el Congreso de la reforma en una enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu, tras el acuerdo alcanzado hace unas semanas por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO y UGT, con el rechazo de la patronal.

Retrasa la jubilación efectiva

Además de la derogación de los elementos centrales de la reforma del PP –factor de sostenibilidad e índice de revaloración del 0,25 % en situaciones de déficit–, la reforma también contempla una batería incentivos y penalizaciones dirigida a retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y consagra por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Para ello, establece que cada año las cuentas contemplarán una transferencia para la financiación de beneficios y exenciones en cotizaciones, complementos y prestaciones de carácter social, identificados como gastos asumidos de forma impropia en el sistema.
Precisamente, a instancias de ERC y Bildu, la reforma obliga por ley al Gobierno a encargar una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha venido asumiendo ajenos al gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, engordando los 'números rojos' del sistema.
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