La subida del SMI que plantea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podría perjudicar notablemente al comercio.
Polémica con los sueldos
El comercio alerta a Yolanda Díaz de que una nueva subida del salario mínimo traerá una ola de cierres y despidos
Piden responsabilidad a Gobierno y sindicatos ante una medida que consideran desacertada en este momento
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha criticado con fuerza la propuesta de Yolanda Díaz de volver a subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Afirman que provocaría «el cierre de comercios, el despido de trabajadores y la existencia de locales comerciales vacíos». Acotex es la patronal de las tiendas de moda. Representa a más de 800 empresas, cerca de 15.000 puntos de venta y más de 80.000 trabajadores en el territorio nacional.
La ministra ha manifestado su intención de subir el SMI desde los actuales 1.000 euros a 1.078 euros brutos al mes, en catorce pagas, o lo que es lo mismo, de 14.000 euros al año a 15.099. En Acotex señalan que sería algo «totalmente inasumible para su sector», entre otras cosas porque sus ventas han caído un 57 % en los dos últimos años. Indican que el comercio se ha visto gravemente afectado por los efectos de la pandemia desde comienzos de 2020 y más recientemente por el incremento de los costes (alquiler, electricidad, gasolina, logística y materias primas) y una inflación desmesurada.
Cerrarían miles de comercios
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, afirma que se oponen a un nuevo incremento del SMI «porque en los últimos cuatro años ha subido ya un 35,8 %, y en estos momentos implicaría el cierre de miles de comercios con la consiguiente destrucción de empleo».
Zamácola añade que «la situación económica que existe y la que se prevé es muy preocupante según todos los organismos económicos europeos, y parece que el Gobierno no quiere verlo».
El presidente de Acotex ha criticado también con fuerza la postura adoptada con las medidas de ahorro energético: «Nos piden altura de miras y solidaridad cuando tenemos el Gobierno más caro de la historia, que no ha hecho nada para bajar sus gastos. Los empresarios llevamos dos años esforzándonos mucho por mantener nuestras empresas y los puestos de trabajo».
Añade además que ninguno de los grandes países de la Unión Europea ha subido tanto el SMI como España en los últimos años, algo que es cierto. Según los datos de Eurostat que pueden comprobarse en este enlace, el salario mínimo ha subido en 308,12 euros (un 26,4 %) en España desde el primer semestre de 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó al poder, frente a los 238 euros que ha ascendido en Alemania (un 13,6 % más) o los 147,11 que lo ha hecho en Francia (8,9 % más). En Italia no hay salario mínimo nacional. En otros países como Irlanda ha subido en 160,55 euros (9 % más). En Portugal se ha incrementado en 145,83 euros en este periodo (un 17,7 %).
Ninguno de estos países se acerca además tan rápido como España a que el SMI suponga el 60 % del salario medio marcado como objetivo por la UE. En España representa ya el 55 %, frente al 49,4 % de Francia, 47,9 % de Portugal, 39,8 % de Alemania o 42 % de Irlanda. Parece que no tienen tanta prisa en alcanzar ese 60 %, seguramente debido a las dificultades económicas que ya sufren las empresas.
Una medida peligrosa e imprudente
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, suscribe al 100 % las afirmaciones de Acotex. La CEC representa a casi 500.000 comercios en toda España, que suponen más de 1,2 millones de empleos y crean el 13 % del PIB. Torres ve «peligroso e imprudente subir ahora el SMI», porque «estamos intentando devolver los préstamos del ICO, la inflación está desbocada, los márgenes se han estrechado por la subida de los costes y no tenemos capacidad de repercutir en los precios la subida de los costes. Los negocios son cada vez menos rentables».
En esta línea, Torres anima a que las subidas de salarios se planteen en función de los beneficios de los negocios, no por la subida de la inflación, que es un modo «anticuado y obsoleto» de hacerlo.
El presidente del CEC argumenta que «nadie quiere bajar el sueldo a nadie», pero en la situación actual, pide medidas razonables. Subir por decreto el salario mínimo de 1.000 a 1.078 euros (un 7,2 %) no se lo parece, aunque lógicamente ve muy bien que lo haga quien pueda hacerlo.
No poner más piedras en el camino
A Torres le «sorprende» que Gobierno y sindicatos incidan en que el peso de la crisis está recayendo solo sobre los trabajadores, cuando los empresarios y comerciantes han visto que sus negocios han dejado de ser sostenibles y están teniendo que responder a las pérdidas con su patrimonio personal o en muchos caso renunciando a su nómina. En este sentido pide responsabilidad a ambos para remar en la misma dirección.
El presidente ve razonable que se suba el salario mínimo un 8 % en tres años, como ha propuesto la CEOE, pero no que se haga en este ejercicio; más aún si a las dificultades descritas anteriormente se añaden otras como la desaceleración del consumo que se está notando desde junio. «No pongamos piedras innecesarias y sin sentido», señala, y con ello también se refiere al paquete de medidas de ahorro energético.
El presidente lamenta que se hayan puesto en marcha en agosto por la presión de los socios del Gobierno, sin consultar al comercio y sin tener en cuenta normas como el Real Decreto 486/1997, que contempla que la temperatura esté comprendida entre los 14 y los 25 grados en locales donde se realicen trabajos ligeros: «El comercio es trabajo ligero. Sus empleados se mueven, atienden, cogen paquetes... Todos los comercios han probado a poner la temperatura a 27 grados, como se pedía en el paquete de medidas: algunos han visto que era inviable, y otros que podían aguantar, pero no se ha dialogado con ellos hasta ahora».
Torres indica que anteayer se reunieron los gobiernos autonómicos con las asociaciones empresariales para iniciar un diálogo. Les dijeron que las sanciones van a aplicarse «con sentido común y sin ánimo recaudador»; un alivio, teniendo en cuenta que se planteaban multas de 60.000 euros.
El presidente de los comerciantes espera que les escuchen de cara a las nuevas medidas de ahorro energético que está previsto que se implanten a lo largo de este mes de septiembre. De hecho, el lunes tienen una reunión en el Ministerio junto con otras asociaciones. Le da esperanzas que las nuevas medidas se incluyan en un proyecto de ley que les permite aportar alegaciones. Habrá que ver si esta vez les escuchan y les hacen caso, aunque lo que ha oído hasta ahora no le inspira mucha confianza. En España se habla de unos 100.000 negocios que necesitarán una nueva puerta corredera para poder ser abierta y cerrada y no desperdiciar energía. La Comunidad Valenciana hablaba hace unos días de destinar 500.000 euros para ayudas en estas puertas, algo que solo daría para 200-300 comercios. La ayuda además la recibirían en 2023, cuando quizá ya sería demasiado tarde. Al margen de estas medidas, Torres estaría de acuerdo en que se impulsarán medidas de concienciación de ahorro energético entre la población.
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