06 de febrero de 2023

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis PlanasEFE

Comisión Europea

España llevará ante el TJUE a Bruselas para evitar la destrucción del sector pesquero

La amenaza ha conseguido que Bruselas revise el veto si en noviembre lo avalan datos científicos

El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas, según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha matizado que dependerá de si hay «base jurídica», tras las reclamaciones del sector pesquero y de algunas comunidades autónomas más dependientes de este sector.

Consecuencias

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha respondido a España, Francia e Irlanda que revisará la decisión de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas si así lo avalan los datos científicos que se harán públicos el próximo noviembre, después de que estos países pidieran al Ejecutivo comunitario la revisión de la decisión.
«Esperamos el primer dictamen científico revisado en noviembre y si se justifica se revisará el cierre de ciertas zonas», ha señalado Sinkevicius en un debate con los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, durante cuya intervención ha advertido de que no se puede «anticipar el contenido de la recomendación científica».

Ideas claras

«Yo tengo las ideas muy claras. El Gobierno de España es firme y este ministro también. Si tenemos base, vamos a ir al Tribunal de Justicia, lo tengo decidido», ha aseverado Planas ante la prensa a su entrada al Consejo de ministros de Agricultura de la UE, al tiempo que ha avanzado su intención de «consultar a los servicios jurídicos del Estado».
En este sentido, el ministro de Agricultura ha destacado que a su juicio «hay una base jurídica fuerte sobre esta materia» y ha señalado que de la mano del sector y de las comunidades autónomas «más interesadas» el Gobierno «va a defender los intereses del sector pesquero».
«No descarto en modo alguno, más bien al contrario, mi posición es favorable, a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia europeo», ha argumentado el ministro de Agricultura.

Revisar el reglamento

A su entrada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE, Planas ha apuntado que en el encuentro pedirá a la Comisión Europea «que suspenda la aplicación del reglamento y que proceda a revisarlo» en relación a la decisión de vetar las artes de pesca de fondo en zonas protegidas.
En paralelo, según ha destacado Planas, España mantiene «abiertas las opciones de conversación con la Comisión Europea», y le ha afeado que no haya esperado seis semanas a la publicación del informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en por sus siglas en inglés) para decidir sobre esta cuestión y que la considere «la primera oportunidad para revisar el acto».
«Sabemos que ahora en noviembre hay un nuevo informe científico y sobre la base de él se puede revisar. No sabemos a qué vienen estas prisas y, por tanto, creemos que, efectivamente, hay base para suspenderlo y para revisarlo», ha añadido el titular de Agricultura español.
En todo caso, Planas ha comentado que «es muy probable» que la Comisión Europea «no acceda a la petición formulada por España» ante lo cual «tomaremos las medidas que nos parezcan oportunas».
España, Francia e Irlanda han presentado este lunes un escrito conjunto en el consejo de ministros de Agricultura para debatir sobre la decisión de veto de la Comisión Europea a pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
Bruselas tomó la decisión de prohibir las artes de pesca de fondo en zonas marinas protegidas el pasado 15 de septiembre, después de haber sido sometido a votación el pasado junio en el Comité de Pesca y Acuicultura a través de un acto de implementación que no obtuvo la mayoría requerida para salir adelante, con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de varios países.
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