Vista de la estructura de un avión en el campus de Airbus en Getafe
Airbus pagará para que la Justicia cierre una investigación por corrupción
La empresa ya asumió el abono de 3.600 millones de euros de multa a los tres países en relación con las investigaciones abiertas por sospechas de sobornos y corrupción
La compañía Airbus pagará una multa, acordada con la Justicia francesa y que se suma a la ya abonada de 3.600 millones de euros, para que se cierre una investigación por supuesta corrupción relativa a contratos, en particular en Libia y Kazajistán, que podría haberle supuesto un proceso penal.
El grupo aeronáutico europeo confirmó este jueves que ha suscrito con la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo que técnicamente se denomina un Convenio Judicial de Interés Público (CJIP), referido sobre todo a esos dos países.
Ese CJIP, que todavía tiene que ser aprobado por los tribunales, se corresponde a los asuntos tratados en otro convenio de ese mismo tipo, que se formalizó en 2020, porque no se habían podido tratar simultáneamente en ese momento por razones de procedimiento, precisó Airbus.
La empresa, que no dio ninguna precisión sobre la cuantía de la multa, también puntualizó que este acuerdo «no tendrá ningún impacto adverso» con los que suscribió el 31 de enero de 2020 tanto con el PNF de Francia, como con la Fiscalía británica y con los departamentos de Estado y de la Justicia de Estados Unidos.
En ellos, Airbus ya asumió el abono de 3.600 millones de euros de multa a los tres países en relación con las investigaciones abiertas por sospechas de sobornos y corrupción.
Todo este asunto se remonta a hace más de diez años por el papel de algunos intermediarios que intervinieron a cuenta de Airbus para conseguir contratos civiles y militares.
Desde el punto de vista jurídico, uno de los problemas es que al recibir créditos a la exportación de agencias gubernamentales en Europa, la compañía debía mencionar a los intermediarios implicados en sus contratos y, si no lo hacía, se exponía a procedimientos penales.
Airbus decidió suspender la utilización de esos consultores y puso en marcha una operación de transparencia para buscar una salida negociada con las autoridades de los países para evitar una condena.
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