La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La «Ley Startup» entra en vigor tres semanas después de aprobarse en el Congreso
El sello startup, que acreditará la condición de empresa emergente, dará acceso a estas compañías a descuentos en el impuesto de sociedades, entre otros beneficios
La Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, conocida popularmente como Ley Startup, se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 21 días después de su aprobación en el Congreso de los Diputados.
De esta forma, el texto entra en vigor pendiente de un desarrollo normativo que permita que Enisa otorgue el sello startup, que acreditará la condición de empresa emergente y que dará acceso a estas compañías a descuentos en el impuesto de sociedades, entre otros beneficios.
La entidad pública ha habilitado en su web un prerregistro de cara a que las empresas interesadas reciban una notificación por parte de Enisa cuando se ponga a disposición el procedimiento.
Asimismo, la publicación del tiempo también activa la cuenta atrás para el desarrollo de otros aspectos de la ley como la elaboración de un modelo de estatutos tipo que permita el registro de una startup en cuestión de días y que el Gobierno deberá elaborar y aprobar por Real Decreto en un plazo de tres meses.
En la misma línea, el Ejecutivo se ha dado medio año para la aprobación de otro texto legislativo que regule el Foro Nacional de Empresas Emergentes, un órgano colegiado interministerial que reunirá también a centros de investigación, otros organismos, patronales y startups. Su principal función será elaborar un informe anual sobre el funcionamiento de la ley y su aplicación.
Además de la rebaja del impuesto de sociedades, la Ley Startup incorpora una deducción fiscal del 50 % para la inversión en este tipo de compañías hasta los 100.000 euros.
Asimismo, también se modifica la tributación de las opciones sobre acciones, una remuneración muy común en el sector, que serán gravadas solo en caso de un evento de liquidez y no como rentas de trabajo, así como el carried interest de los gestores, que pasan a ser considerados rendimientos de trabajo.
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