Foro España Cívica
Recetas para mejorar la competitividad de nuestro país y un diagnóstico unánime sobre los fondos europeos fueron las dos lecciones que pudieron extraerse de la última jornada celebrada por la plataforma de asociaciones Foro España Cívica.
Bajo el título Una agenda de cambio para España, los expertos invitados han hecho una crítica compartida sobre la gestión y la falta de transparencia en el uso fondos europeos. Según Juan Sucunza, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, «las PYMES ni los verán. Se han beneficiado algunas empresas grandes y poco más». Sucunza ha defendido que hace falta un plan estratégico industrial, un gran pacto de estado especialmente sobre la industria automovilística. También ha criticado que con 3 millones de parados en España, «muchos empresarios no encuentran trabajadores».
A este respecto, Manuel Sanchís ha sentenciado que «hay que conseguir que trabajar sea rentable». El profesor universitario ha razonado que «aunque los sistemas de protección social son necesarios, no se debe desincentivar que las personas quieran entrar en el mercado de trabajo».
Sanchís ha insistido en que hay una «brecha de habilidades» entre las ofertas de las empresas y la falta de preparación de muchos trabajadores. Ha defendido la necesidad de «incentivar e invertir en educación dual al estilo alemán y la formación en nuevas tecnologías».
El economista Juan Iranzo ha realizado varias propuestas concretas para la mejora de la competitividad como interconectar España con el resto de Europa (en materia de gas y electricidad), alargar la vida útil de las centrales nucleares y acabar con la rigidez del mercado laboral.
Iranzo ha asegurado que «con la agenda 2030 nos vamos a suicidar colectivamente. Creo en el desarrollo sostenible pero con un equilibrio de cohesión social, economía y medio ambiente. Sin uno de esos puntales, el sistema colapsa».
Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica y Jesús Verdes, fundador de la asociación y moderador del evento, han subrayado el respeto y la seguridad jurídica que necesitan los inversores y empresarios «en un contexto tan delicado, en el que incluso se ataca a la propiedad privada».
Todos los expertos han coincidido en la necesidad de una mayor seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera y una mejor regulación del mercado de trabajo.
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