Carteles de alquiler en un edificio de Barcelona
Por qué el experimento sueco de control del alquiler es un toque de atención para España
El país escandinavo lleva interviniendo los alquileres desde hace ochenta años, con desastrosos resultados
Este viernes ha entrado en vigor la ley de vivienda que topa la actualización de los alquileres, una medida muy criticada por los profesionales del sector ya que acabará con el alquiler residencial tal y como lo conocemos. Varios países han intentado antes intervenir el mercado de arrendamientos y el resultado siempre ha sido contraproducente, especialmente en Suecia.
El país escandinavo introdujo un sistema de control de alquileres en 1942 en lo que iba a ser una medida temporal en tiempos de guerra. En 1970, la ley de alquileres especificaba que estos debían ser «razonables», es decir, no mucho más altos que los alquileres pagados por apartamentos comparables.
En la década de los noventa, el parlamento sueco modificó la legislación al respecto basado en la imposición de un precio de referencia que se negocia entre los representantes de inquilinos, las empresas municipales de vivienda y los propietarios privados en función de una serie de variables.
Arrendatario y arrendador pueden pactar libremente el precio inicial, pero si el inquilino considera que es excesiva, puede presentar una queja ante el tribunal regional de alquiler, que determinará el valor en base al citado precio de referencia.
En esta situación, los ciudadanos hacen cola parar comprar lo que llaman «contrato de alojamiento de primera mano» a través de los gobiernos regionales. Estos son de por vida, pero no hay suficientes, por lo que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) tienen que esperar más de una década para conseguir un apartamento. En la práctica, el sistema beneficia a los que mejores conexiones tienen. Los alquileres pasan a familiares y amigos, lo que perjudica a los recién llegados a la ciudad.
Un estudio de Gustav Fritzon para Epicenter explicaba que el 93 % de los suecos vive en municipios con déficit habitacional y, tras la reubicación, solo el 0,5 % de los inquilinos principales en el centro de Estocolmo devuelven sus apartamentos a la agencia de vivienda. Como resultado, la cola promedio para alquilar un apartamento en la capital es de 11,3 años, llegando a las tres décadas en el caso de viviendas subvencionadas.
La regulación ha creado un mercado negro de contratos de alquiler con una facturación anual estimada de 110 millones de euros. De hecho, uno de cada cinco jóvenes inquilinos en Estocolmo admite haber pagado ilegalmente un contrato de alquiler y se han reportado varios homicidios de personas vinculadas al comercio ilegal de contratos de arrendamiento. Estos se ven obligados, en su mayoría, a subarrendar apartamentos a veces al doble del precio que paga el inquilino principal.
Fritzon destaca también que no logra unos resultados económicos igualitarios, el principal objetivo político del sistema. Los barrios más grandes en los submercados de vivienda más atractivos reciben mayores subsidios indirectos. En Estocolmo, los hogares que ocupaban apartamentos de alquiler de más de 180 metros cuadrados tenían unos ingresos medios equivalentes al percentil 100 de mayores ganancias.
Además de poco efectivo, este sistema es muy impopular a nivel político. En 2017, la Comisión Europea instó a Suecia a tomar medidas para abordar la deuda de los hogares y mejorar la tensa situación de la vivienda dado que la estricta regulación «dificulta el uso eficiente de las viviendas existentes, agravando el problema».
Stefan Löfven intentó reformar la ley de alquileres, pero la retirada de apoyos de sus socios de izquierdas acabaron por provocar la dimisión del ex primer ministro. Un buen toque de atención a nuestros gobernantes.
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