De cambios en las etiquetas de la DGT a limitar los vuelos cortos: qué caerá con la Ley de Movilidad si el Congreso inflige otra derrota al Gobierno

El Gobierno afronta este miércoles en el pleno del Congreso la votación clave del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -de cuya aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, sin tener garantizados los apoyos suficientes.

Por el momento, el Ejecutivo cuenta con 175 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y parte del grupo mixto) y 171 en contra (PP, Vox y UPN), por lo que bastaría la abstención de los cuatro diputados de Podemos para que la ley continuara su tramitación.

Podemos lleva semanas advirtiendo de que impedirá que la ley se apruebe si el Gobierno no paraliza la ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.

En las últimas horas, su líder Ione Belarra se ha mostrado abierta a negociar la abstención de sus cuatro diputados, aunque se ha quejado de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni siquiera la haya llamado, mientras que fuentes de Podemos han confirmado a EFE que hasta las 19.00 no existía ningún tipo de negociación con los socialistas.

Un eventual voto a favor del diputado de UPN también permitiría a Puente sacar adelante el proyecto aunque Podemos votara en contra(174 'noes' frente a 176 'síes'), pero fuentes próximas han asegurado a EFE que «no hay ningún tipo de negociación» por su parte con los socialistas.

Tres años de tramitación

Esta norma comenzó su tramitación hace casi tres años, en la pasada legislatura.

Tras las elecciones generales de 2023, la entonces ministra de Transportes Raquel Sánchez la retomó con el objetivo de tenerla aprobada antes de finales de 2024, para cumplir con el compromiso europeo y poder recibir los fondos vinculados.

En el ministerio consideran que la votación de este miércoles es la última oportunidad que tienen para que la ley pueda ser aprobada esta legislatura.

Durante el trabajo en ponencia y en comisión, se han pactado más de 30 enmiendas -de las casi 800 presentadas por los grupos-, dirigidas a reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.

Además, Sumar ha impedido con sus enmiendas la liberalización del sector del autobús y la inclusión del gas licuado como alternativa viable y a corto plazo para la descarbonización del transporte.

También ha conseguido que la ley recoja la posibilidad de terminar con los vuelos cortos donde haya alternativa en ferrocarril, de recuperar los trenes nocturnos, de primar el componente medioambiental y social sobre lo estrictamente económico en la planificación de infraestructuras y la obligación de tener planes de movilidad sostenible para las empresas de más de 200 trabajadores, frente a los 500 que quería el PSOE.

Sobre los vuelos cortos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

A este respecto, el ministerio presentará en un plazo de seis meses un estudio que servirá como base la regulación de los vuelos cortos «teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse».

De la mano de organizaciones ecologistas y sociales, EH Bildu ha conseguido la inclusión específica de objetivos vinculantes de mitigación para el sector, de medidas de impulso a la electrificación de los puertos y de mejora del plan de despliegue de puntos de recarga.

Cambios en las etiquetas de la DGT

Entre las incorporaciones de ERC, destaca la posibilidad de que los buques apaguen motores en los puertos, la revisión de las etiquetas ambientales de la DGT para incorporar el CO2 y las bonificaciones en los canones para favorecer el cambio de transporte de mercancías por carretera a ferroviario.

En particular, sobre las nuevas etiquetas el texto afirma que «en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional».

El PP justificó su voto en contra en comisión con su rechazo al nuevo mapa concesional de autobuses incluido en la ley, ya que, a su juicio, supone la supresión masiva de rutas, paradas y servicios esenciales.

A ese respecto, el PSOE pactó una enmienda con el BNG que garantiza que los trayectos interiores los asumirán las administraciones autonómicas con ayudas económicas del Estado.

Según el ministerio, el nuevo mapa concesional permitirá la rebaja en torno a un 20 % de las tarifas, y la reducción de los tiempos de viaje en desplazamientos entre comunidades autónomas en hasta 20 minutos de media por ruta y en hasta 3 horas en alguno de los trayectos.

También prevé un incremento de la ocupación de los autobuses en un 40 %, lo que repercutirá en un 25 % menos de emisiones.