Los afectados por la quiebra de la aseguradora FWU apenas recuperarán el 40 %: «Están jugando con la gente»

Óscar Lisbona volvió a nacer hace más de 20 años cuando un domingo de 2003 sufrió un grave accidente de coche que le mantuvo en coma durante 33 días. Tras él tuvo que aprender todo de cero, aunque le dejó secuelas de por vida. Actualmente, este malagueño de 46 años tiene un 82 % de discapacidad, y todos los meses se somete a tratamientos y rehabilitaciones muy costosos que le permiten tener una buena calidad de vida.

Licenciado en Magisterio y en Educación Física, con un doctorado y una oposición aprobada. Trabaja como profesor de Educación Física en un instituto. Con el dinero que pudo ir ahorrando se compró una casa, donde vive con su mujer y sus dos hijos. Lo poco que le sobró, en 2019, decidió invertirlo en un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS), de la ahora quebrada aseguradora luxemburguesa, FWU Life Insurance Lux S.A., y que fue comercializado por la española OVB.

«Me dijeron que era un producto que daba mucha rentabilidad, y que después de 35 años ganaría 40.000 euros. Ajusto cuentas y me libro de mi hipoteca, pensé. Por eso comencé a meter aportaciones mensuales de 200 euros, que luego reduje a 50. En total tenía 8.200 euros», cuenta Óscar a El Debate.

Pero hace ya casi un año desde que FWU quebró y se disolvió. Con ella también desaparecieron los 8.200 euros que este malagueño había aportado, así como los ahorros de otros 40.000 afectados en España. En los últimos meses se está conociendo lo que van a poder recuperar, y en muchos casos no llega al 40 %. De hecho, Óscar solo recuperará 1.600 euros, es decir, un 20 % de lo entregado.

Buena parte de las aportaciones iniciales realizadas por los asegurados iban destinadas al pago de comisiones, tanto a la aseguradora como a las comercializadoras en lugar de invertirse para generar rentabilidad. «En un caso hipotético a 30 años, hasta el 15 el afectado no percibía el 100 % de lo aportado. Si Óscar contrató en 2019, estamos hablando de cinco años, por lo que le correspondería la mitad de la mitad», explica Serafín Serrano, policía y asesor de Asoban Abogados.

«He hablado personalmente con más de 200 afectados y todos coinciden en lo mismo: se les dijo que la rentabilidad estaba absolutamente garantizada», cuenta el abogado de Asoban Abogados. Además de la falta de información, Serrano reprocha que no se hizo un test de idoneidad. Es decir, «no se valoró si el producto era apto para cada cliente».

Y, aunque ahora OVB no se haga responsable de la quiebra, «este es el comercializador y debería estar al tanto de la liquidez de FWU. De hecho, ya no cumplía los niveles de solvencia en 2020», asegura Serafín Serrano.

La falta de responsabilidad por parte de la aseguradora española ha llevado a miles de españoles a tener congelado su dinero. «Están jugando con la gente», lamenta Óscar. «Yo no tengo dinero en el banco. Me he quedado sin ahorros. Estoy viviendo al día, y necesito de ese dinero para poder pagarme mis tratamientos», clama.

Inacción del Gobierno

En 2022 Francia prohibió la comercialización de los planes de ahorro de FWU Life Insurance por considerarlos productos sin valor para el consumidor, y por incumplir los requisitos de gobernanza. A diferencia de Francia, España no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los consumidores españoles, pese a que la normativa española y europea obliga a actuar cuando otro Estado miembro detecta un riesgo para los ahorradores.

«La DGSFP tenía la obligación legal de intervenir. España debía conocer y compartir la sanción de la ACPR, valorar los riesgos para los consumidores nacionales y, llegado el caso, suspender la actividad del distribuidor. Sin embargo, nada de esto ocurrió», señala Serafín Serrano.

A eso hay que sumarle que una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 25 de septiembre de 2024 ya determinó que algunos de estos productos fueron mal comercializados, ya que se ofrecían como seguros sin riesgo cuando si lo tenían.

«OVB no cumplió con las obligaciones contractualmente asumidas de diligencia, lealtad e información que la normativa reguladora de la actividad bancaria le imponía a la hora de prestar al demandante los servicios de asesoramiento financiero. Esto provocó un error en el cliente que no pudo ser consciente que se arriesgaba a perder una gran parte del capital invertido», dice la sentencia a la que ha tenido acceso El Debate.

«La información que se ofreció fue absolutamente insuficiente y resultó ser engañosa, en la medida que impidió al hoy recurrente conocer la verdadera y real naturaleza de los productos que se le ofrecían, provocándose así la formación viciada de su consentimiento a la hora de suscribir las operaciones concertadas, que por ello han de ser tachadas de nulas», sentencia dicho fallo.