Bruselas no cede y mantendrá el expediente por la intromisión del Gobierno pese al fracaso de la opa

Apesar del fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell, la Comisión Europea (CE) ha recordado que mantendrá el procedimiento de infracción abierto a España, ya que el expediente se refiere a la legislación española utilizada en la operación, que, según Bruselas, podría incumplir la normativa comunitaria.

El portavoz europeo de Servicios Financieros, Olof Gill, señaló que el expediente se abrió en relación con ciertas disposiciones de la legislación española que, en opinión de la Comisión, contravienen la normativa europea, en concreto la regulación bancaria por «infringir competencias exclusivas del Banco central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales» al tiempo que «restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales».

El portavoz rehusó pronunciarse sobre si las condiciones establecidas por el Gobierno para la operación habrían afectado a su viabilidad, pero recordó que el Ejecutivo comunitario considera que la consolidación bancaria, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, podría ayudar a mejorar la eficiencia y la entabilidad de las entidades y, por ende, la economía europea.

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell al obtener el respaldo de solo el 25,47 % del capital de la entidad catalana, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 % que le hubiese dado el control del banco, con lo que la oferta queda sin efecto.

La Comisión Europea abrió en julio un procedimiento de infracción a España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

Bruselas ve problemático, en concreto, el modo en que el Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones.

Además, considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.

El Gobierno español tenía dos meses para responder a la carta de emplazamiento que le envió el Ejecutivo comunitario, en principio hasta el 17 de septiembre, pero solicitó una prórroga de seis semanas, que ha sido aceptada por Bruselas, con lo que ahora tiene hasta el 29 de octubre para enviarla.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, dijo la semana pasada que el caso «ha evolucionado positivamente» y subrayó que «la decisión del Gobierno español no era intentar impedir la fusión» y que «BBVA estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas». Pero ya precisó que el procedimiento de infracción «sigue en marcha» en relación con las condiciones adoptadas por el Gobierno.

Cuerpo defiende el papel del Gobierno

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este viernes que no cree que las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell hayan llevado al fracaso de la operación y avanzó que su departamento explicará a la Comisión Europea (CE) que el procedimiento seguido es «plenamente compatible» con la legislación europea.

«Estamos en contacto con la CE para darles todos los argumentos necesarios para seguir transmitiendo no solo que la actuación del gobierno es parte de nuestra normativa, sino que nuestra normativa es plenamente compatible con la legislación europea», explicó Cuerpo en una conferencia de prensa celebrada en Washington al término de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en las que participó.

En opinión de Cuerpo, «esta opa tiene un resultado positivo por el precedente que ha sentado con respecto a la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para los accionistas, para el sector privado en este caso, y poder hacerlo protegiendo a la vez los intereses generales»