La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría
Formación Profesional
Educación gastará millones en la formación de trabajadores sin utilizar una memoria económica
Galicia y Murcia critican la «falta de una memoria económica» para aplicar el real decreto de Ordenación de la Formación Profesional
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha destinado 978,8 millones de euros para la formación de trabajadores en 2023, un reparto que ha sido validado en la Conferencia Sectorial de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Este jueves también se ha celebrado la Conferencia Sectorial de Educación y en ambas reuniones se ha abordado el proyecto de Real Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional, según ha informado el Ministerio.
Por una parte, las comunidades han dado luz verde al reparto de cerca de 867,3 millones de euros, procedentes de los presupuestos del Ministerio, para la formación de trabajadores, empleados y desempleados, lo que supone un incremento de casi 21 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
También han aprobado la distribución de 111,5 millones de euros (111.542.000 euros) para la cualificación y la recualificación de los trabajadores, casi un 30 % más que en el año 2022, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que servirán para acciones formativas basadas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación referenciada en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Retraso de ayudas
En la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo, la consejera de Promoción de Empleo e Igualdad de Galicia, María Jesús Lorenzana, ha lamentado que el Gobierno anule la convocatoria de 24,5 millones de euros para ayudas a la formación «que ya estaban adjudicadas de modo provisional a 450 empresas y ONG con cargo a fondos europeos».
Al respecto, ha exigido «aclaraciones» sobre esta anulación que «no respeta el procedimiento administrativo y se hace un año después de haber comenzado la tramitación». Lorenzana considera que, con esto, el Gobierno central demuestra su «incapacidad» para adaptarse a las necesidades del tejido productivo y que «no está en contacto» ni con las empresas ni con los trabajadores.
En cambio, el Ministerio de Educación ha argumentado que esta retirada se debe a que trabaja en una nueva convocatoria con más de 100 millones de euros, ante la «buena acogida» de la iniciativa. De hecho, cuenta con llegar a formar a casi 200.000 empleados.
Financiación sin compromiso
Por su parte, el consejero de la Región de Murcia Víctor Marín ha pedido al Ministerio que aclare «el fuerte impacto económico» que conllevará la implantación del real decreto de Ordenación del sistema de Formación Profesional, «cuya financiación, en materia de personal no se concreta en la norma», y ha exigido «un compromiso de dotar a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para la aplicación de este reglamento».
«En la nueva normativa se han detectado imprecisiones en materia de contratación laboral de expertos, que consideramos que se deben aclarar para evitar situaciones de inseguridad jurídica o tensiones laborales», ha sentenciado Marín, quien ha solicitado que la normativa «tenga la suficiente flexibilidad ante la nueva posibilidad de que los alumnos con necesidades educativas especiales obtengan el título de la ESO, y a aquellos que ya tienen la ESO no se les plantee un problema para poder acceder a los programas formativos profesionales, que son una salida profesional interesante».
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