El convenio María Goyri o convenio de las lentejas

Imaginen que son vicerrectores de profesorado en una universidad y que, de la noche a la mañana, pierden a todo el profesorado de siete grados como las ingenierías, matemáticas y medicina. Aunque suena surrealista, esta es la cruda realidad que enfrentan las universidades públicas españolas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Esta normativa ha limitado las horas de docencia que pueden impartir las distintas figuras del profesorado universitario, lo que ha provocado un descalabro en la capacidad docente de las universidades. En el caso de la Universidad de las Islas Baleares, por ejemplo, la nueva ley reduce en 43.000 las horas de docencia anuales de su plantilla, lo que equivale a los siete grados mencionados.

Sin entrar a valorar políticamente la LOSU, es indiscutible que su memoria económica fue claramente insuficiente, subestimando gravemente el impacto económico de sus medidas. El Gobierno ignoró las advertencias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y aprobó una ley sin consenso ni los recursos para implementarla. Ante el clamor de las comunidades autónomas y las universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades formó un grupo de trabajo con comunidades, CRUE y sindicatos. Su misión: buscar financiación para contratar al nuevo profesorado que compensara la pérdida de capacidad docente que implicaba la LOSU. Así nació el convenio María Goyri.

Desde el Gobierno, y a través de sus terminales mediáticas, han repetido insistentemente que el objetivo del convenio es rejuvenecer las plantillas, combatir la precariedad y atraer y retener talento. Esta versión distorsionada está lejos de la realidad. Como decía Noam Chomsky: «La desinformación, cuando se difunde deliberadamente, es un acto de violencia intelectual». Y si esta desinformación proviene del Ministerio responsable de la ciencia y la universidad, el problema se agrava.

Estos días, hemos visto una ofensiva mediática contra la Comunidad de Madrid, la única región que, hasta ahora, no ha suscrito el convenio. Algunos han intentado presentar esta decisión como un nuevo ataque de la presidenta Ayuso contra la universidad pública, supuestamente a favor de las universidades privadas. ¿Cómo sino podría ser que renunciara a 169 millones de euros del Gobierno para la contratación de 656 profesores durante los próximos seis años? Es tentador aceptar una respuesta simple, pero la verdad suele estar en los matices y las respuestas fáciles casi nunca conducen a la verdad, y este caso no es una excepción.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid decía en este mismo medio que el convenio María Goyri era un convenio trampa. Efectivamente, lo es. El Ministerio ha destacado que «es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo directamente del salario de los profesores e investigadores universitarios, financiando una competencia que está transferida a las comunidades autónomas». Aunque esta afirmación es cierta, el Ministerio, como en los artículos científicos de dudosa reputación, en la que se obvia parte sustancial de la literatura científica, se obvia parte sustancial de la normativa legal.

De acuerdo con la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el Estado debe aplicar el principio de lealtad institucional. Esto implica determinar el impacto económico, que puedan suponer sus actuaciones legislativas en medidas que puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser compensadas, mediante modificación del mismo. Sin embargo, el Ministerio ha ignorado deliberadamente esta obligación, dejando a las comunidades sin los recursos necesarios para afrontar el coste de implementar la LOSU, una ley aprobada, recordemos, sin consenso.

Algunos podrían pensar que el Ministerio asume la mayor parte del coste, ya que financia el 60 % de las plazas de profesorado durante los próximos seis años. Pero esta percepción es errónea. Primero, porque el convenio considera solo una parte de las disposiciones de la LOSU que afectan a la capacidad docente del profesorado, lo que significa que el número de plazas contempladas es insuficiente. El caso más extremo es el de las Islas Baleares, donde se requieren 238 nuevos profesores para cumplir con la LOSU. Sin embargo, el Ministerio solo financia 28. Por esta razón, fuimos la única comunidad autónoma, con el respaldo de la universidad, que votó en contra del reparto de plazas en el convenio María Goyri.

Segundo, el convenio obliga a las comunidades a estabilizar las plazas creadas, lo que significa que los profesores contratados tendrán una carrera académica de entre 30 y 35 años. Aunque el Gobierno financia los seis primeros años, después desaparece, dejando a las comunidades como únicas responsables. En términos prácticos, esto implica que las comunidades asumirán más del 80 % del coste total.

El convenio María Goyri es un ejemplo de mala gestión y falta de previsión. Es el resultado de una ley aprobada sin consenso, con una negociación inexistente en el grupo de trabajo. El Ministerio presenta el convenio como un avance histórico, pero lo cierto es que las comunidades autónomas han sido obligadas a aceptarlo bajo el principio de «lo tomas o lo dejas», el convenio de las lentejas. La Comunidad de Madrid por ahora no las ha aceptado, argumentando que el compromiso financiero futuro es desproporcionado. Aunque las otras comunidades lo hayamos hecho como un mal menor ante la perspectiva de que no llegara ninguna financiación, seguiremos reclamando que el Gobierno cumpla con la LOFCA y asuma sus responsabilidades.

• Sebastián Massanet Massanet es director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de las Illes Balears