La inspección educativa
No es posible esconder cierto pesimismo si lo que se espera es una acción acertada por parte de este Gobierno
Hace escasas fechas, el Ministerio de Educación ponía sobre la mesa un borrador de Real Decreto regulador de la inspección educativa. Como todo lo que inicia este ministerio –la experiencia de los últimos años no desmiente esta afirmación– no queda otra alternativa que echarse a temblar poniéndose en lo peor o mejor dicho poniéndose a buscar donde estará la trampa o la exigencia de sus socios para que un gobierno inexistente en materia educativa decida legislar sobre uno de los elementos clave del sistema.
De momento, parece que entre los directamente afectados, los inspectores, el nuevo texto no ha despertado demasiado entusiasmo, más allá de determinados reconocimientos de índole laboral. Unos reconocimientos, seguramente legítimos, pero que dejan en el limbo de la indefinición la concreción de niveles, las medidas para dar estabilidad a las plantillas así como la definición de un sistema de acceso riguroso y efectivo que, respondiendo a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, valore no solo la experiencia de aquellos que pretenden acceder al cuerpo sino la preparación, solvencia y conocimientos de cada uno de los candidatos.
Por lo pronto, si de lo que se trata es de dar a la inspección educativa la importancia que merece, parece lógico, que esta se hubiese tratado en el marco del Estatuto del docente, a cuya elaboración está mandatado este Gobierno por la Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE sin que hasta el momento, más allá de algún pequeño escarceo, no hay noticia alguna.
Tampoco en el marco del nuevo Real Decreto se contempla la regulación de la Alta Inspección educativa a la que cualquier gobierno que se tome en serio el desarrollo de la carrera profesional del docente situaría en el vértice de la pirámide. No solo lo haría por la importancia de la labor a desarrollar, ampliamente avalada por la Constitución, sino por la necesidad de reforzar un órgano que día a día vela por la preservación de los derechos constitucionales en el ámbito educativo. Unos derechos que sistemáticamente son vulnerados en alguna Comunidad Autónoma, en estos momentos gobernada por el partido socialista, como es el caso del derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado con independencia de su lugar de residencia, sin que el Gobierno de la nación haya hecho nada al respecto. De ahí el nulo interés de la ministra Alegría por reforzar y desarrollar el cuerpo de la Alta Inspección Educativa, máxime cuando si algo ha impulsado este ejecutivo es la desvertebración absoluta del sistema educativo –baste recordar su oposición frontal a una EBAU común– y el debilitamiento de los derechos y libertades educativas reconocidas en la Constitución.
Hace más de cuatro años que el ejecutivo y sus socios aprobaron la LOMLOE, tiempo más que suficiente para que el Ministerio de Educación con la ministra al frente se hubiese dedicado a diseñar, negociar y aprobar un nuevo sistema de acceso y carrera profesional del docente. No lo ha hecho. Ha negado las evidencias que sitúan a los profesores como pilar fundamental en la mejora de cualquier sistema educativo.
Sin los docentes, cualquier intento de modernización y transformación del sistema educativo resulta imposible. Por eso y más si cabe, cuando nuestro sistema educativo arroja datos insoportables de abandono educativo y el nivel de conocimiento de los alumnos españoles, en materias fundamentales como las matemáticas, se sitúa muy por debajo de la media europea, se hace más necesario que nunca que al menos uno de los elementos que mayor impacto puede provocar en la mejora del sistema educativo sea tomado en serio y las decisiones que sobre él se determinen no sean pequeños parches incapaces de tapar un problema de gran envergadura como es la ineficacia y baja calidad de nuestro sistema.
No es posible esconder cierto pesimismo si lo que se espera es una acción acertada por parte de este Gobierno. En realidad, se ha opuesto sistemáticamente a cuantas iniciativas han sido dirigidas al refuerzo de la formación inicial del docente, a la implantación de un sistema de acceso que garantizase la exigencia y la igualdad de oportunidades de aquellos que de forma vocacional pretenden ejercer la docencia, aplicable en todo el territorio nacional. Tampoco ha sido receptivo al diseño de una carrera profesional definida por una serie de grados o niveles, con su respectiva exigencia formativa y reconocida retribución, carrera profesional que podría desarrollarse en el ámbito académico o administrativo. No se ha producido ningún reconocimiento específico ni para los inspectores –veremos en lo que queda este Real Decreto– ni para los directores de los centros. No ha habido ninguna medida contundente para dar estabilidad y garantizar la mayor profesionalidad de las plantillas. Todo lo contrario. Se ha producido mayor interinidad e incertidumbre, ahora también, en el acceso a la sanidad con una gestión del tema Muface por parte del Gobierno totalmente disparatada. ¿Que más nos falta?
Es cierto que no es esta la primera vez que en estas columnas dedicadas a la 'Educación en la encrucijada' se aborda la situación de los profesores. Tampoco será la última. El gran objetivo de este Gobierno reside en hacer dormir los temas importantes, trasladar una velada cortina de humo sobre la realidad que nos rodea, embriagarnos de conformismo e inmovilismo y esconder su inoperancia con pequeños dulces en ocasiones envenenados.
Ahora más que nunca, los árboles no deben impedir que veamos el bosque. Como se diría… por mí que no quede.
- Sandra Moneo es presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados