El arcano del coste universitario: lo que sabemos, lo que no, y por qué importa

Arcano es una de esas palabras que siempre me han atraído. Recuerdo cuando, de pequeño, busqué en el diccionario gordo de Vox que había en mi casa (para los que pertenecemos a la generación X, hasta hace poco Vox era un diccionario; lo del partido político vendría después) qué significaba esa palabra que utilizaba mi profesor para referirse a cómo conseguía aprobar los exámenes con una caligrafía ilegible que no ha mejorado a lo largo del tiempo. Ahora las cosas han cambiado. Vox es un partido político y, para conocer el significado de arcano, solo hace falta acercarse a la versión online del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que, en su tercera acepción, lo define como «misterio, cosa oculta y muy difícil de conocer».

A lo largo de mi vida académica y profesional, me he encontrado con muchos de ellos, especialmente en la universidad. Algunos de ellos, a pesar de mis limitaciones intelectuales, con el tiempo y la experiencia, los he logrado entender. Seguramente porque he tenido acceso a algunos de los mejores conocedores del sistema. Otros considero que no hubiese editado el tiempo necesario para profundizar en sus raíces y en su razón de ser. Dicho de otra forma, me he rendido. Sin embargo, hay un número no pequeño de ellos que se me resisten a pesar de haber dedicado un extenso tiempo a estudiarlos y reflexionar sobre ellos. Entre ellos, destaca saber cuánto cuesta realmente un título universitario público en una universidad española. Les cuento lo que sé.

La Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU) introdujo por primera vez en el sistema universitario español una exigencia clara de transparencia económica y rendición de cuentas, aunque lo hizo de manera todavía incipiente. La LOU obligaba a las universidades públicas a elaborar presupuestos anuales, someterlos a control interno y externo y rendir cuentas ante los órganos de control autonómicos y ante el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el enfoque era fundamentalmente presupuestario y financiero, no de gestión. La contabilidad se concebía como un instrumento de control del gasto, no como una herramienta analítica para conocer costes reales de titulaciones, servicios o actividades.

Este enfoque se vio parcialmente corregido con la reforma impulsada durante el mandato de Mª Jesús Sansegundo al frente del Ministerio de Educación. En ese periodo se reforzó la idea de la contabilidad analítica como elemento clave para la modernización de la gestión universitaria. Se introdujo la obligación de avanzar hacia sistemas de información económica que permitieran identificar costes por centros, titulaciones y actividades, alineando a las universidades con prácticas ya consolidadas en otros sectores públicos. No obstante, la reforma dejó un amplio margen de discrecionalidad a las comunidades autónomas y las universidades, lo que dio lugar a una implantación muy desigual y, en muchos casos, meramente formal.

La LOSU retoma esta cuestión con un discurso más explícito, pero no más exigente. La ley reconoce la contabilidad analítica como un instrumento necesario para la transparencia, la eficiencia y la evaluación de las políticas universitarias, y la vincula con la financiación basada en resultados y objetivos. Sin embargo, el texto evita fijar estándares homogéneos, calendarios claros o consecuencias prácticas asociadas a su incumplimiento. La contabilidad analítica se presenta más bien como una declaración de intenciones que como una obligación operativa con efectos reales sobre la toma de decisiones o la asignación de recursos.

En este contexto, el borrador de la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid, actualmente en tramitación, introduce un enfoque más concreto. El texto madrileño insiste en la necesidad de contar con sistemas homogéneos de contabilidad analítica, comparables entre universidades y aptos para evaluar costes reales de docencia, investigación y transferencia. A diferencia de la LOSU, el borrador vincula estos sistemas con los modelos de financiación, la evaluación de la eficiencia institucional y la rendición de cuentas.

La propuesta madrileña concibe la contabilidad analítica como un instrumento de gestión estratégica, útil para la toma de decisiones, la planificación de titulaciones y la evaluación de la sostenibilidad económica del sistema. Además, se abre la puerta a su uso para mejorar la transparencia pública, facilitando la información comparable y comprensible para la sociedad. Por este lado estoy contento; parece que el arcano está en vías de solución.

Seguramente les sorprenderá saber que no soy el único al que le preocupa este insondable misterio. En Inglaterra, surgieron dudas similares a finales de la década pasada, por lo que el Parlamento británico creó una comisión y encargó al Instituto de Estudios Fiscales un estudio sobre el coste para el erario público de un título universitario.

El resultado fue un informe que muestra cuál es el coste relativo de unos títulos universitarios frente a otros y por qué se producen esas diferencias, siempre desde la perspectiva del coste para el gobierno, no del coste productivo interno de las universidades. La clave es que el coste público de un título no se determina principalmente por cuánto cuesta impartirlo, sino por cuánto de la financiación pública acaba no recuperándose.

En el sistema inglés, donde la financiación se articula fundamentalmente mediante préstamos contingentes a la renta, el elemento decisivo es el perfil de ingresos futuros de los graduados. El resultado es una medida coherente del coste fiscal de cada grado, que muestra diferencias muy significativas entre disciplinas: desde cifras próximas a 11.000 libras por estudiante en Economía hasta más de 45.000 en Medicina o más de 35.000 en Artes Creativas. El artículo demuestra que, al menos para Inglaterra, sí es posible responder empíricamente a la pregunta de cuánto cuesta un título universitario al sector público. Los títulos cuyos egresados presentan salarios más altos y trayectorias laborales más estables, como Economía, Ingeniería o Medicina, generan menores impagos y, por tanto, un menor coste neto para el erario, incluso cuando el coste es elevado, como ocurre en Medicina.

Los títulos con menores ingresos esperados (p. ej., Humanidades) presentan costes públicos mucho más elevados. Esto se debe a que una parte sustancial de esos préstamos no se devuelve. El resultado invierte la intuición habitual: títulos baratos de enseñar pueden ser muy caros para el contribuyente, mientras que títulos caros de impartir pueden resultar relativamente eficientes desde el punto de vista fiscal. Esta lógica explica por qué el coste relativo de los títulos depende menos de su estructura académica y mucho más de su retorno económico medio, y pone de relieve la importancia de contar con sistemas de información que permitan distinguir entre los costes reales de producción y los costes fiscales derivados del diseño del sistema de financiación.

La comparación entre España e Inglaterra deja una conclusión incómoda pero inevitable. Allí donde existen datos, métodos y voluntad institucional, el arcano se desvela, aunque la respuesta no siempre resulte políticamente cómoda. Si no hay contabilidad analítica operativa, estándares comunes y una cultura de evaluación económica, el misterio persiste. Saber cuánto cuesta realmente un título universitario al contribuyente es una condición necesaria para gobernarla bien, financiarla con criterios racionales y explicarla con honestidad a la sociedad que la sostiene.