La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón
El abandono del Gobierno a Aragón provoca la renuncia al programa de auxiliares de conversación
La situación generada por la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo ha derivado en inspecciones y cuantiosas sanciones económicas contra las Comunidades Autónomas
El Gobierno de Aragón se verá obligado a abandonar el programa estatal de auxiliares de conversación si el Ministerio de Educación no garantiza de manera inmediata la seguridad jurídica necesaria para su mantenimiento.
La situación generada por la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo ha derivado en inspecciones y cuantiosas sanciones económicas contra las Comunidades Autónomas, entre ellas Aragón, pese a que las condiciones del programa y la selección y llegada de los auxiliares depende exclusivamente del Estado.
Durante el presente curso 101 auxiliares extranjeros de conversación desempeñan su labor en centros educativos aragoneses: 25 financiados por el Ministerio de Educación y 76 por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Su trabajo resulta esencial para mejorar la competencia lingüística del alumnado en inglés, francés y alemán, además de aportar la riqueza cultural de sus países de origen a más de un centenar de centros.
La Comunidad Aragonesa lleva aportando auxiliares de conversación al programa del Ministerio de Educación más de dos décadas, hasta ahora sin problemas. Sin embargo, en el presente curso, y por encomienda del Ministerio de Trabajo, se han emprendido inspecciones y aplicado sanciones, de forma selectiva, afectando únicamente a los cupos gestionados por las Comunidades Autónomas y no a los estatales.
En Aragón, Trabajo ha inspeccionado durante los últimos meses únicamente los denominados cupos autonómicos en las tres provincias, imponiendo finalmente solo a Teruel una multa que sobrepasa los 100.000 euros. La sanción se argumenta en que existiría una supuesta contratación encubierta de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo.
Pese a las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón -que acreditaban que la Comunidad Autónoma se ajusta estrictamente a las condiciones fijadas por el Ministerio de Educación y se constataba que no existe relación laboral alguna con los auxiliares, sino una relación de carácter subvencional para sufragar gastos de alojamiento y manutención amparada en las autorizaciones de estancia por estudios u otras figuras equiparables-, la sanción fue ratificada.
El Ejecutivo aragonés recordaba además que el programa está diseñado por el Estado y que los auxiliares asignados llegan al territorio con un permiso gestionado por el propio Ministerio de Educación, por lo que no es posible exigirles trámites adicionales no contemplados previamente por este. Y destacaba que esta Comunidad es, además, una de las pocas que asume la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, al igual que hace con aquellas personas que participan en programas de formación.
Ante esta situación, Educación a interponer un recurso de reposición y ha avanzado que, de no prosperar, acudirá a la vía contencioso-administrativo. Como última medida se plantea iniciar una medida por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, al considerarlo como responsable único de la llegada y el encuadre administrativo de los auxiliares.
El Gobierno de Aragón considera inaceptable que el Ministerio de Educación impulse un programa estatal, seleccione a sus participantes y los envíe a las Comunidades autónomas, mientras otro Ministerio del mismo Gobierno sanciona a estas últimas por cumplir las condiciones establecidas en la convocatoria nacional.
«No podemos aplicar requisitos inexistentes en la convocatoria estatal, ni asumir vacíos de coordinación entre Ministerios», afirma la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho. «Nuestro deber es garantizar la seguridad jurídica, transparencia y estabilidad para todos los implicados: alumnado, centros y auxiliares extranjeros. Y la situación actual no ofrece esa garantía», ha agregado.
