El expresidente Carles Puigdemont paseando por Cerdeña
Italia suspende la extradición de Puigdemont hasta que se pronuncie la Justicia europea
El Tribunal General de la UE debe determinar si mantiene la inmunidad parlamentaria que le levantó el pasado 30 de junio
La juez sarda Plinia Clara Azzena, que se jubilará en los próximos meses, ha dicho «No» a la entrega de Carles Puigdemont a España hasta que sus colegas europeos se pronuncien sobre la inmunidad parlamentaria del separatista catalán, actual miembro electo de la Eurocámara. Prófugo de la Justicia española, su entrega a España para ser juzgado por dos delitos de sedición y malversación, como cabecilla político del 1-O, se ha convertido en un asunto europeo y en un auténtico ejercicio de constancia por parte del Supremo español. El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) que este lunes citó al expresidente catalán a una nueva vista -después de la celebrada el pasado viernes en la que quedó, provisionalmente en libertad- ha decidido suspender el procedimiento sobre la entrega a España a Puigdemont a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva el nuevo recurso del político separatista sobre su inmunidad, como la cuestión prejudicial planteada por el propio magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así ha confirmado su abogado en Italia, Agostinangelo Marras a los medios de comunicación.
Puigdemont, que no hizo declaraciones a la salida de la Corte que estudió su posible entrega a España, fue detenido el 23 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden del Tribunal Supremo y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente hasta tomarle nueva declaración esta misma mañana.
Atendiendo a la posición de la fiscal general italiana, Gabriela Pintus, Azzena no solicitó el ingreso en prisión preventiva para Puigdemont y, en su auto, motivó la decisión con los argumentos esgrimidos por la máxima representante del Ministerio Público sobre cómo una restricción de los movimientos de Puigdemont «pondría en grave peligro» el derecho a desplazarse al Parlamento Europeo que se desprende de su condición de eurodiputado.
Finalmente y, como avanzó El Debate, la juez ha activado una de las dos vías posibles, desde un punto de vista legal, para no entregar a Puigdemont a España tras conocerse que el reclamado había solicitado en las últimas horas una nueva vista ante el TGUE para que el órgano europeo acuerde medidas cautelares para suspenderle la retirada de la inmunidad.
«Molto Contento»
Puigdemont ha asegurado «molto contento» (muy contento) tras salir del Tribunal de Apelación, donde ha declarado durante más de dos horas, que ha decidido suspender su procedimiento de extradición a España. «De una sala de audiencia que lleva este nombre -Giovanni Falcone- sólo podía salir una decisión justa. Esta tarde podré seguir el pleno del Parlamento Europeo de manera telemática desde l'Alguer, porque la justicia sarda ha suspendido el procedimiento de extradición», ha explicado en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Puigdemont ha abandonado a las 15.05 horas el interior del edificio, acompañado de su abogado, el también procesado por la Audiencia Nacional Gonzalo Boye, y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, también prófugos de la Justicia española y sobre los que Llarena ha notificado esta misma mañana al mismo tribunal, las Euoordenes que pesan sobre ellos. Todos habían entrado poco antes de las 11 para acompañar a Puigdemont en su declaración y han saludado a las personas que se habían concentrado para mostrarle su apoyo al grito de «Independencia» y «Libertad».
La vigencia de la Euroorden
Apenas unas horas antes del primer encuentro entre la juez sarda y el prófugo Puigdemont, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés y responsable jurídico de la Euroorden, pidió a su colega que le entregase a España porque la orden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él sigue vigente. No en vano, Llarena siempre ha sostenido que el expresidente catalán carece de inmunidad tal y como ratificó, el pasado 30 de junio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Por lo tanto, el debate jurídico se centra en este momento en determinar si la Euroorden contra Puigdemont está o no suspendida.
Tras la rápida actuación del magistrado Llarena, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, decidía combatir el escrito consignado ante la Justicia italiana por el juez del Supremo para solicitar la «entrega inmediata» de Puigdemont. Boye ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que reclama que le sea restaurada al prófugo su inmunidad como eurodiputado. De la juez sarda dependerá, hoy, que la nueva ofensiva del separatismo catalán surta efecto o que, por el contrario, Italia sea la tumba jurídica de Puigdemont.
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