El presidente del TC (a la izquierda) con los del Congreso y el Senado.
La intrahistoria del acuerdo
Casado movió ficha en el TC por su falta de sintonía con dos magistrados conservadores
La sentencia del primer estado de alarma terminó de abrir los ojos al líder del PP, que busca una interlocución directa en el Constitucional que ahora no tiene
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma acabó de convencer a Pablo Casado de la necesidad de renovar la cúpula del máximo intérprete de la Constitución y hacer hueco a algún magistrado cercano a él. No cercano al PP de Mariano Rajoy, que es lo que sucede ahora (todos fueron nombrados en aquella época).
Porque desde el entorno del líder de los populares deslizan a El Debate que es razonable que la cúpula del PP tenga una «interlocución directa» en las instancias judiciales que ahora, al menos en el caso del TC, no tiene. Siempre respetando la independencia judicial y sin renunciar al principio de la despolitización, remachan las mismas fuentes.
Casado busca una interlocución directa con el Constitucional que no tiene con los magistrados actuales
Más que la sentencia en sí, lo que abrió los ojos del todo a Casado fueron los votos particulares que emitieron el presidente, Juan José González Rivas, y el magistrado Andrés Ollero. Pese a que sobre el papel ambos pertenecen al sector conservador, los dos se posicionaron a favor de la tesis del Gobierno.
Aunque cabe recordar que el Pleno declaró la medida inconstitucional por un margen ajustado de seis votos a cinco y por tanto no evitaron el varapalo a Pedro Sánchez, que no se lo tomó nada bien. Aquel 14 de julio la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció en La Moncloa para valorar la sentencia y usó precisamente el voto del presidente del TC como argumento de defensa.
En concreto, González Rivas hablaba en su escrito de que el estado de alarma representó «una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal».
Primer gran pacto de la legislatura
Sánchez llega a un pacto con el PP para renovar los órganos constitucionales al margen de Podemos
El presidente del Constitucional y Ollero (que fue diputado del PP por Granada) son dos de los tres magistrados cuyo mandato venció el pasado mes de julio y que por tanto serán sustituidos con el acuerdo anunciado este jueves entre Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición. A ellos se une otra salida, la de la vicepresidenta, Encarnación Roca, del sector progresista.
En pocas palabras: Casado quería hacer hueco a dos magistrados elegidos por su PP y no por el PP de tiempos pretéritos.
Dos puestos para PSOE, dos para PP
Saldrán tres y entrarán cuatro, puesto que hay que sumar la vacante que dejó el magistrado Fernando Valdés cuando renunció hace un año acusado de malos tratos a su mujer. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han acordado que dos puestos sean para cada uno. Así que los socialistas propondrán dos nombres y los populares otros dos.
Pedro Sánchez se reserva la Presidencia del TC, pero aun así el PP mantendrá una teórica mayoría en el pleno del Constitucional, de cinco magistrados a siete. El próximo verano vence el mandato de otros cuatro magistrados, en ese caso tres conservadores y un progresista. Pero esa será otra batalla.
El pacto se cerró con tanta rapidez, en apenas 27 horas, porque en realidad ese dos a dos ya estaba acordado desde febrero de 2020, cuando el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales saltó por los aires in extremis… por segunda vez, porque en el verano anterior –el de 2019– socialistas y populares ya habían estado a punto de caramelo.
El pacto frustrado de febrero de 2020 sí incluía la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de este. Los populares siguen insistiendo en que quieren que Unidas Podemos quede absolutamente al margen y llegar a un acuerdo para reformar el sistema de elección del Poder Judicial.
Una vez que Bolaños y García Egea se han puesto de acuerdo en que haya acuerdo, ahora empezarán a hablar de los nombres. Es de prever que haya cierto tira y afloja, pero el comunicado que ambas partes difundieron este jueves (el mismo desde La Moncloa que desde Génova) señala: «Las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso».
Para el Defensor del Pueblo se habló en su día del que fuera el candidato del PSOE a las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo. Durante la campaña Isabel Díaz Ayuso le acusó de difundir un bulo y prometió que si de ella dependía jamás sería Defensor del Pueblo. Pero la presidenta madrileña ya le ha levantado el castigo y no tiene inconveniente en que lo sea si así lo quisieran finalmente Sánchez y Casado, según fuentes cercanas.
Comentarios
