El líder de UGT, Pepe Álvarez
La incongruencia sindical
UGT usó la reforma laboral que demoniza para despedir «barato» a 21 trabajadores en verano
Lo que más les preocupa a los sindicatos es recuperar el poder perdido con el marco laboral de Rajoy, y no tanto las indemnizaciones por despido. De ahí su firme alianza con Yolanda Díaz
Ni un paso atrás, entonó el secretario general de la UGT al respecto de lo ya negociado con la ministra de Trabajo sobre la reforma laboral. Yolanda Díaz ha encontrado en Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de UGT y CCOO, respectivamente, a sus dos mejores aliados frente al ala socialista del Gobierno.
Ambos han respaldado que debe ser Díaz quien siga coordinando las negociaciones en la llamada mesa del diálogo social, que reúne cada miércoles desde marzo a responsables de Trabajo –a veces la ministra, a veces su secretario de Estado de Empleo– con la patronal y los sindicatos.
En este sentido este miércoles se anunció un principio de acuerdo entre los dos socios del Gobierno según el cual Trabajo seguirá coordinándolas, pero participarán en ellas un director general del Ministerio de Economía y otro del de Inclusión y Seguridad Social, ambos en manos del PSOE.
La simbiosis entre Díaz, UGT y CCOO no es vista con buenos ojos por parte de Nadia Calviño ni tampoco de los empresarios, que creen que Díaz, la primera ministra de Trabajo que estuvo en la manifestación del 1 de Mayo, actúa de juez y parte.
Lo que más les preocupa a los sindicatos es recuperar el poder perdido
Unos sindicatos a los que lo que más preocupa no es tanto el encarecimiento del despido en la nueva legislación laboral, sino sobre todo y ante todo recuperar su poder perdido. De ahí que el principal caballo de batalla de las centrales sindicales en las negociaciones sea que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresa.
El ERE de UGT Cataluña
La mejor prueba está en los 21 trabajadores que UGT Cataluña echó a la calle en julio, el 10 % de su plantilla. El sindicato aprovechó la reforma laboral que lleva años demonizando para que los despidos le salieran más barato, a 33 días por año trabajado y no a 45. Es decir, a lo mínimo exigido por la ley del PP.
La filial catalana de UGT presentó un ERE en junio para 45 de sus empleados. Al inicio de las negociaciones, la dirección –en este caso el sindicato– se comprometió con el comité de empresa a intentar indemnizar con 45 días por año trabajado. Eso es lo que había antes del 2012 por despido improcedente y a lo que los sindicatos quieren volver con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero ésa era la teoría, y a la hora de llevarla a la práctica UGT redujo el finiquito a 33 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades, por debajo incluso del máximo de 24 mensualidades establecido en la legislación. El líder del sindicato en Cataluña, Camil Ros, incluso se felicitó porque no eran salidas «traumáticas», según él.
El sindicato vinculado a Vox, Solidaridad, incluso ofreció sus servicios jurídicos a los afectados gratis durante las semanas que estuvieron en vilo.
Este mismo miércoles Pepe Álvarez se refería a la actual legislación laboral como el «chollo» que han tenido las empresas durante la última década.
El declive sindical
La reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012 abrió la puerta a las empresas que se descolgaran del convenio de su sector –ya fuera estatal o autonómico– y negociaran al margen. Ello mermó las fuerzas de los sindicatos en cuanto a negociación de salarios, horas extraordinarias, modalidades de contrato, clasificación de personal… Y llovía sobre mojado, con UGT y CCOO lastrados por la pérdida de afiliados, subvenciones públicas derivadas del grado de sindicación y, en general, el descrédito.
De ahí que Álvarez y Sordo estén muy preocupados por volver a pintar, y en ésas han encontrado a la ministra de Trabajo. «Presidenta, presidenta», corearon en su honor los delegados que el pasado sábado participaron en la clausura del Congreso Confederal de CCOO, entusiasmados con Díaz.
Las vicepresidentas Calviño y Díaz
De momento ésta ha perdido la primera batalla en la guerra por la reforma laboral que libra el Gobierno, puesto que habrá representantes de Calviño y de otros ministerios socialistas en todas y cada una de las mesas de negociación. Aunque Sánchez se ha comprometido a que seguirá coordinándolas ella.
El martes 2 de noviembre el presidente ha convocado una reunión que se antoja clave y a la que asistirán él mismo, las vicepresidentas Calviño y Díaz y los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Educación. Se supone que para fijar una posición única ante y patronal y sindicatos que no existe hasta ahora.
El terreno de juego que ha delimitado La Moncloa son «los términos del acuerdo de Gobierno de coalición». En éste, suscrito en su día por Sánchez y Pablo Iglesias, los socios proclaman textualmente: «Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos».
Y citan como urgentes, entre otras, derogar la «prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales». Lo que más desean los sindicatos.
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