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28 de marzo de 2024

Reunión del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo

Reunión del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivoEFE

Poder Judicial 

Los vocales progresistas del CGPJ 'boicotean' las decisiones de la Comisión Permanente para forzar la renovación

Los tres magistrados designados por el PSOE en la actual composición del órgano han votado en contra de las últimas resoluciones adoptadas

La falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está provocando situaciones inéditas en la historia del órgano constitucional. La más reciente, que no ha pasado desapercibida entre jueces y magistrados, el hecho de que los vocales progresistas que conforman la Comisión Permanente del Consejo votasen en contra del comunicado emitido, el pasado viernes, en defensa del Tribunal Supremo al hilo de los ataques proferidos desde Podemos, encabezados por la ministra Ione Belarra al frente, por su decisión de retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, condenado en sentencia firme por patear a un policía. La situación es «inédita» y «no obedece a ninguna razón objetiva», han lamentado fuentes próximas al CGPJ. 
Una situación que se ha replicado en las últimas ocasiones en las que la Comisión Permanente se ha visto obligada a emitir pronunciamientos institucionales, en defensa del Poder Judicial y de su independencia, o adoptar decisiones extraordinarias y temporales para suplir las vacantes del Tribunal Supremo, al no poder realizar nombramientos discrecionales tras la prohibición incorporada en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por PSOE y Podemos. 
No en vano, este mismo miércoles, los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda también votaron en contra de la decisión del Consejo de asumir las funciones de gobierno de la Sala Militar Central del Tribunal Supremo, dado que en caso contrario el pase a la reserva de su actual presidente Carlos Melón Muñoz supondría una paralización temporal de las funciones gubernativas de dicha Sala. Y lo han hecho «sin emitir un pronunciamiento motivado, y sin más discrepancia jurídica», han apuntado a El Debate fuentes próximas al Consejo. Las mismas fuentes consideran que se trataría de marcar una «posición concreta» frente a una prórroga que no comparten. Una forma de protesta. 

No es la primera vez 

Ya en otras ocasiones los vocales del sector progresista del CGPJ se han manifestado en contra de sus funciones prorrogadas. El pasado mes de diciembre de 2020 ya plantearon que una renuncia en bloque de los 21 miembros que integran el órgano, sería la solución para obligar a los grupos políticos parlamentarios de Congreso y Senado a abordar una renovación inmediata y alcanzar los acuerdos necesarios. 
En aquella ocasión, a propuesta de Álvaro Cuesta –con el respaldo de Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo, todos ellos designados por el PSOE, y Concepción Sáez, que lo fue por Izquierda Unida– se formuló la propuesta que resultó sin efecto ya que la mayoría de los integrantes del Pleno descartaron la dimisión como una opción. 
Son los mismos que votaron, previamente, en contra del acuerdo adoptado por sus dieciséis compañeros del Pleno del órgano para exigir al Congreso de los Diputados que recabe la opinión del Consejo de Europa antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les impedirá hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

Rechazo rotundo a Belarra

«La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento de la declaración publicada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en su cuenta en la red social Twitter (@ionebelarra), que dice textualmente que (el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos) 'Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación'», reza el último comunicado institucional emitido. 
Unas manifestaciones que, a su juicio, fueron merecedoras de «un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados». La mayoría de los miembros de la Comisión Permanente tacharon las afirmaciones como un exceso absoluto «a los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».
Sin embargo, no todos los vocales se sumaron al texto en el que la Comisión Permanente, en representación del Consejo, expresó «su profundo malestar porque tales declaraciones» fuesen «formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación», a lo que se añadió el hecho de que «son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este mismo sentido».
Ni tampoco al llamamiento «hecho especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».
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