Proyecto de la Nueva Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, en Valdebebas
Tribunales
Así será la gran Ciudad de la Justicia de Madrid, que unificará 356 organismos judiciales
El proyecto concentrará en una parcela de más de 375.000 m2 de Valdebebas, propiedad de la Comunidad, las 28 sedes judiciales de la capital. Será centro de trabajo para 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados y 558 secretarios judiciales
La Nueva Ciudad de la Justicia proyectada por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid verá la luz en 2026 y estará situada junto al recién estrenado Instituto de Medicina Legal (IML) y al Hospital Isabel Zendal. El proyecto, tan ambicioso como realista, dejará atrás los dos malogrados en 2004 y 2015, tras la sentencia de 2020 del Tribunal Supremo que dio vía libre al Gobierno de Ayuso para acometer una nueva propuesta. El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, presentará este miércoles el informe que avala el plan –confeccionado por una consultora independiente, UTE EGUESAN– al conjunto de su Ejecutivo. Una operación que aglutinará 18 edificios, de 3 a 9 plantas, y que «aspira a ser la más ambiciosa de nuestro país y convertir el barrio de Valdebebas en la mayor ciudad judicial del sur de Europa», defienden López y su equipo.
La nueva ciudad judicial ha sido concebida como un todo que superará los 375.000 metros cuadrados y está previsto que la construcción, conservación y explotación de la misma se adjudique, previo concurso público, a través de una concesión de hasta 40 años, por la que el ente autonómico pagará un canon de 50 millones de euros anuales que no empezará a abonar hasta la entrega íntegra de la obra. Esto es, tres años después de que se coloque la primera piedra del complejo, a principios de 2023. Pasado dicho período, la Administración regional vería incrementado su patrimonio público con edificios que, con el mantenimiento adecuado, «podrían alcanzar vidas útiles de entre 75 y 100 años».
López asegura que por «eficiencia, concurrencia, racionalidad y mejora del servicio» actual, el proyecto es una necesidad que, «de no existir, habría que inventar». De hecho, según las últimas estadísticas confeccionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sólo durante 2020 –coincidiendo con el año más complicado de la pandemia– el partido judicial de Madrid ingresó más de 328.000 asuntos. Casi «los mismos que recibieron Barcelona, Sevilla y Valencia juntos».
Un ahorro de 22 millones de € al año
La Nueva Ciudad de la Justicia se situará en la parcela delimitada por la Avenida de las fuerzas Armadas, Avenida José Antonio Corrales y Avenida Manuel Fraga Iribarne. Un espacio al que serán trasladados los 356 órganos judiciales que, actualmente, se distribuyen en 28 edificios diferentes de la capital, de los cuales sólo 4 de ellos son de titularidad pública. De esta manera, la Comunidad de Madrid ahorrará un total de 22 millones de euros al año a los madrileños. La diferencia entre el canon de 50 millones presupuestado y los más de 72 millones que el Gobierno regional dedica cada año a la prestación del servicio de la Administración de Justicia (incluyendo arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico, servicio de correo, archivos, ...).
Desde la Consejería de Justicia han insistido en que la fórmula del modelo concesional elegido para el macro complejo judicial «no sólo está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017» sino que «dotará de seguridad jurídica al proyecto y asegura la estabilidad financiera de la Comunidad en un escenario de contención presupuestaria como el que se avecina». No en vano, la inversión inicial de la obra, fijada en 507 millones de euros, recaerá «íntegramente» en el capital privado que «asume todos los riesgos derivados de la operación» y «no supone un mayor endeudamiento para la Hacienda Pública madrileña».
En el capítulo de gastos, la futura concesionaria tendrá que garantizar, además de la construcción, los servicios de seguridad y vigilancia, limpieza, archivo, atención al ciudadano, ...
En contraprestación, además del canon mensual, la adjudicataria del contrato de construcción obtendrá los ingresos derivados de la explotación comercial de los bajos y el entorno de los edificios «donde podrán instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, guardería, farmacias, gimnasio, aparcamiento y diversos servicios para los empleados profesionales del mundo judicial y el público que acuda a la Nueva Ciudad de la Justicia», han explicado desde la Consejería.
Para la puesta en marcha de la planificación, y dada la envergadura del proyecto, la Comunidad de Madrid ha considerado necesario encargar, previo concurso público, un estudio de viabilidad económica a la consultora independiente EGUESAN que accedió al encargo a través de un contrato ordinario adjudicado por concurso público por valor de 230.000 euros.
El dossier resultante, una vez presentado este miércoles al Consejo de Gobierno, se someterá, en las próximas semanas al trámite de información pública del escenario de viabilidad y la estructura de costes. Un vez admitidas, o no, las alegaciones correspondientes al mismo, la consejería que dirige Enrique López volverá a reunir al Ejecutivo en Pleno y se aprobará el anteproyecto técnico que saldrá a licitación para la redacción del proyecto, la construcción y la explotación del mismo.
Unos 31.000 usuarios al día
En las estimaciones de la Consejería de Justicia se ha contemplado un escenario en el que «unas 31.000 personas podrán hacer uso diario de la nueva infraestructura judicial» que se convertirá en centro de trabajo único para los 5.000 funcionarios, 709 magistrados, 184 fiscales, 558 letrados de la Administración y casi 100 forenses que, cada día, «hacen funcionar la Justicia madrileña». En los cálculos se han contemplado futuras y eventuales ampliaciones de dicha plantilla.
Y la ubicación elegida para la construcción de la ciudad judicial «relanzaría un barrio en crecimiento exponencial» gracias a infraestructuras ya finalizadas en la zona como el Hospital Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal y la ampliación de la Línea 11 de Metro «dentro de un nuevo plan de movilidad que permitirá conectar la zona con IFEMA y el Aeropuerto».
En este último aspecto, el pasado 13 de octubre, la Comunidad de Madrid inició los trámites para la licitación de las obras del futuro intercambiador –Metro Línea 11, red de autobuses urbanos y Línea 1 de Cercanías– que unirá la Nueva Ciudad de la Justicia con el resto de la capital y que tendrá, a su vez,
El exconsejero Alfredo Prada se enfrenta a 8 años de cárcel por el fracaso del proyecto Campus de la Justicia en 2005
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fue el encargado de investigar las irregularidades detectadas en la sociedad anónima Campus de la Justicia (CJM) constituida en 2005, con capital netamente público de la Comunidad de Madrid, entonces bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, para la construcción de un complejo de edificios en el que se concentrarían todas las sedes judiciales de la Administración regional madrileña.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación para el exconsejero de Justicia Alfredo Prada por los hechos que motivaron las pesquisas y que, presuntamente, dejaron un 'pufo' para el erario público en Madrid. Según el juez José de la Mata, en el auto que puso fin a la instrucción: «Se concertaron distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Junto a Prada, el Ministerio Público acusó a otras cinco personas de varios delitos de malversación y prevaricación: Andrés Manuel Gómez Gordo, Félix José García de Castro, Alicio de las Heras, Mariano José Sanz e Isabelino Baños.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación para el exconsejero de Justicia Alfredo Prada por los hechos que motivaron las pesquisas y que, presuntamente, dejaron un 'pufo' para el erario público en Madrid. Según el juez José de la Mata, en el auto que puso fin a la instrucción: «Se concertaron distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».
Junto a Prada, el Ministerio Público acusó a otras cinco personas de varios delitos de malversación y prevaricación: Andrés Manuel Gómez Gordo, Félix José García de Castro, Alicio de las Heras, Mariano José Sanz e Isabelino Baños.
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