04 de febrero de 2023

Enrique López en El Debate

Entrevista al consejero de Justicia de Madrid

Enrique López: «Sánchez y sus socios están planteando una moción de censura al Estado de derecho»

El titular de Justicia de la Comunidad de Madrid ha analizado para El Debate la situación política actual, el señalamiento y los ataques a los jueces, los indultos, la Nueva Ciudad de la Justicia de Madrid... 

Enrique López y López (Cacabelos, León, 18 de mayo de 1963) es un juez español exmagistrado del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional. Ejerce de consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2021.
–En los últimos días ha sido usted muy beligerante con la izquierda. Desde su perspectiva de exmagistrado, ¿cómo valora una situación política en la que, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ganado las 17 causas judiciales contra ella desde que llegó en 2019?
–La presidenta lleva sufriendo desde que fue nombrada Presidenta un acoso político que ha utilizado, y abusado, de la acción judicial. Con Avalmadrid ya han sido dos las veces en que la Fiscalía ha decretado el archivo de las actuaciones, lo cual supone ya en la segunda un uso torticero del Derecho Penal y un grave y temerario desprecio a la verdad. 
Pero aparte de eso ha sido objeto de denuncias en relación a los centros sociosanitarios durante la pandemia por parte de partidos políticos de la izquierda radical y, a veces, no tan radical, que han intentado obtener ventaja jugando y abusando del dolor de esas familias que han perdido a seres queridos en la pandemia. Eso es el uso político del dolor, transformado en forma de acciones judiciales contra la presidenta, contra mí y contra el consejero de Sanidad. Pero la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad resplandece en un Estado de Derecho, como es el español, que goza de jueces que ejercen la judicatura con gran independencia. Y de ahí el resultado: 17 actuaciones judiciales archivadas que creo que lo que tienen que poner de manifiesto a algunos es que deben dejar de abusar de la Justicia con fines políticos. 
–¿Y qué opina del señalamiento político a los jueces, la crítica a las decisiones judiciales y los enfrentamientos parlamentarios, en los tiempos más recientes, con el Poder Judicial como se ha visto en el caso de Alberto Rodríguez?  
–Esto tiene un origen y un responsable y se llama Pedro Sánchez. Todos sabemos que en un sistema democrático existen partidos radicales que lo que quieren es destruir el sistema, destruir España, acabar con el régimen constitucional, destrozar la transición, destrozarlo todo. 
Y aunque siempre han existido hasta ahora no había habido ningún problema. ¿Por qué? Porque esos radicales nunca habían alcanzado el poder hasta que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez que necesitó, e incorporó, a los radicales, y cuando pactas con radicales te acabas radicalizando. Ahora tenemos un Gobierno de radicales y de radicalizados. 
Cuando Sánchez tomó el poder, mediante una moción de censura, lo que hizo fue traicionar al Estado y se alió con todo aquello que quiere destruirlo. Cuando se producen las segundas elecciones ya pactó abiertamente con Podemos, con Pablo Iglesias y con todas aquellas siglas que tienen como objetivo acabar con España y su orden constitucional. Y ha seguido manteniendo esa moción de censura al Estado de la mano de personas muy radicales que demonizan al Poder Judicial, que justifican la agresión a policías, que justifican todo aquello que va en contra del ordenamiento jurídico, de las leyes y del sentido común. Ese es el problema. Pedro Sánchez es el origen y la causa de todo lo que está ocurriendo.
Enrique López durante la entrevista

Enrique López durante la entrevistaPaula Argüelles

–El último episodio de esta entrega que usted relata es esa propuesta de enmienda de la Ley de Amnistía... ¿Cree que llegará a aplicarse? y si el Partido Popular ¿tomaría la decisión en caso de que llegue a aprobarse de recurrirla?
–Sí. Tenemos que ver cómo cristaliza el instrumento legal, pero no cabe duda de que tiene unos grandes visos de inconstitucionalidad. Pero esto, incluso, sería lo menos grave porque, en el fondo, el instrumento jurídico utilizado va a ser absolutamente ineficiente, ineficaz y es ilusorio. Es un engaño de Sánchez a Unidas Podemos a los que parece mentira que les puedan engañar de esta manera. Lo realmente grave de esta reforma es el cuestionamiento, la desvaloración, de nuestro momento histórico más importante. 
En España, donde se fraguó el actual sistema de libertades que tenemos en estos momentos fue en la Transición. Un momento de concordia de los españoles del que nace la  España democrática, cuyo símbolo es la Constitución. Y, precisamente, esta reforma va directamente dirigida a cuestionar ese momento histórico donde la Ley de Amnistía es uno de los símbolos, la ley de la superación de las diferencias que hizo que aquellos delitos cometidos con anterioridad se olvidaran. Una ley que afectó a etarras que habían cometido graves crímenes. 

La agenda del Gobierno no es 2030, sino 1930. La agenda de quienes quieren reescribir la historia y cuestionar la democracia

Bueno, con esta reforma, lo que se pretende es cuestionar esa democracia, esa Transición, ese perdón, esa concordia y crear una agenda no 2030, sino 1930. La agenda de quienes quieren retrotraernos a hace ya casi un siglo para reescribir la historia. Eso no se puede hacer y menos mediante una reforma legal. Desde el punto de vista jurídico, es una barbaridad lo que se pretende hacer: sin cambiar la norma, establecer un criterio interpretativo para los jueces diciendo que esta ley deberá ser interpretada conforme al Derecho Penal, al Derecho Internacional penal tanto convencional como consuetudinario, y el Derecho Humanitario bajo los principios de imprescriptibilidad y de impunidad.  Se está diciendo a los jueces que esas normas, aunque el Código Penal español no las tenga recogidas, son aplicables de forma retroactiva. Y esto no cabe porque no cabe la retroactividad penal en un sistema democrático. Por eso es una filfa y una auténtica desvergüenza jurídica lo que se pretende hacer.
 –¿Qué opinión le merece el ataque atroz que han recibido algunos de los nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional? Y, sobre todo, ¿cómo valora la renovación de un órgano al que, por cierto, usted también perteneció?
–Efectivamente algunos de los candidatos han sido perseguidos por algunos medios de comunicación de forma inmisericorde, injusta y totalmente desproporcionada. Han querido convertirse en autoridades administrativas, estableciendo presuntas incompatibilidades que nunca han sido perseguidas por los órganos llamados a perseguirlas y creando ficciones con el único afán o fin de desprestigiar.
Creo que los cuatro nuevos Magistrados que han sido objeto de un acuerdo parlamentario son buenos juristas y el Tribunal se va a ver enriquecido con su llegada para seguir trabajando con normalidad, como lo ha hecho desde su creación. Aquí no estamos ante un cambio de cromos, como se está apuntando. Quien lo califica así desconoce absolutamente dónde nos encontramos. El Constitucional no es Poder Judicial porque los magistrados no son jueces, no forma parte del Poder Judicial. Su función fundamental es enjuiciar las leyes, no los delitos, y cómo se acomodan o no a la Constitución. Con lo cual, no se pueden trasladar las exigencias del Poder Judicial al Tribunal Constitucional. 
La cuestión española, como la italiana o la alemana o la austriaca, determinan un modelo de nombramiento de esos magistrados: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta directa del Gobierno de turno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Esto quiere decir que la Constitución obliga a que haya un acuerdo parlamentario. Cuestión diferente es el Consejo del Poder Judicial, donde la Constitución establece que los doce jueces que han de ser elegidos entre jueces han de ser elegidos por ellos, como nos pide Europa. No mezclemos el Poder Judicial. A unos lo hacen y lo hacen de una manera absolutamente injusta, ignorante y desde luego absolutamente irreflexiva.
–Con respecto al Consejo General del Poder Judicial cuya renovación sigue pendiente... ¿Cómo lo ve usted? ¿Tendremos renovación antes de final de año?
–Yo creo que a Pedro Sánchez se le acumulan las llamadas de atención por parte de Europa para que el modelo de elección de doce miembros, de los veinte que han de seleccionarse, sean elegidos por jueces. Esto lo pide Europa, lo pide el estándar mínimo de elección que establece la Carta Europea, lo pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo pide el Tribunal de Estrasburgo, lo pide nuestro Tribunal Constitucional, cuando ya en el año ochenta y seis valoró que el sistema de los vocales elegidos por el Parlamento era constitucional, pero ya apelaba en la sentencia 108/86 a que este sistema fuera superado cuanto antes porque se iba a pervertir. 
Sánchez tiene que atender el ofrecimiento que le ha hecho Pablo Casado, en el sentido de que hay que iniciar una reforma que determine que, en el futuro, los jueces puedan elegir a sus vocales judiciales. No hay vuelta atrás. Europa nos pide esto. Los jueces españoles son muy independientes. Afortunadamente tenemos un Poder Judicial imparcial en el que la inmensa media de los jueces le debe su puesto a su preparación, a su esfuerzo, a su actividad o a su especialización. Pero lo que está lastrando la imagen de indefensión del Poder Judicial es, precisamente, la forma de elección de los vocales judiciales. Tenemos que superarlo cuanto antes porque también hay que cumplir los plazos constitucionales.
–¿También en el nombramiento de la ya confirmada fiscal general Estado, Dolores Delgado?  
–Lo primero que hay que aclarar es que el Supremo ha impedido entrar en el fondo de la cuestión por entender que los partidos políticos no estamos legitimados para impugnar ese nombramiento. Yo disiento, por supuesto, respetuosamente, de lo que dice el Supremo, teniendo en cuenta que, además, ha habido dos votos particulares en esa sentencia, con lo cual hay dos magistrados que sí pedían que se entrara en el fondo de la cuestión y por eso vamos a recurrir al tema Constitucional. 
Dicho esto, el Tribunal Europeo acaba de condenar a Polonia, precisamente porque el ministro de Justicia polaco es a la vez el fiscal general del Estado. Como Sánchez no pudo nombrar a la ministra de Justicia fiscal del Estado, en simultáneo, lo ha hecho en diferido. Al nombrar a la exministra de Justicia, Fiscal General del Estado, se produce un sistema muy similar al polaco, sólo que en este caso se produce la sucesión pero es igual de grave. Y también determina un grave asalto a la imagen de neutralidad e imparcialidad que debe tener el Ministerio Público. 

En el Partido Popular lo que hacemos es ocuparnos de la Justicia, como hago yo en Madrid, mientras que la izquierda lo que quiere es ocuparla

–Estamos pendientes de que se tomen decisiones sobre el indulto de los golpistas catalanes, pero ¿habría sido igual si Juana Rivas hubiera sido Juan Rivas?
–Yo creo que lo importante aquí es tener claro que estamos ante un Gobierno al que los indultos le gustan y los utiliza de forma política, empezando por los del procés. Aquellos fueron indultos absolutamente desdichados, arbitrarios, vergonzosos. Ahí están. Ahí estamos esperando a que el Supremo se pronuncie sobre ellos. 
En todo caso, estamos ante actos absolutamente arbitrarios porque fueron indultos adoptados en contra del Tribunal sentenciador y se perdonó la pena a personas que nunca habían pedido perdón, y algunos días incluso han puesto de manifiesto que lo volverían a repetir si se dan las circunstancias. 
En el caso de Juana Rivas lo peor no es el indulto. Hay que reconocer que la Sala se partió en dos, estuvo en contra del indulto total y en cuanto al parcial se dividió a la mitad. Lo peor es la lectura que han hecho desde el Gobierno algunos de sus miembros queriendo convertir lo que es un delito, lo que es una pena, en el ejercicio de un derecho. 
El reproche penal sigue existiendo, el delito se ha cometido. El delito es muy grave. Es el secuestro de unos menores privando al otro progenitor de tenerlos cuando le correspondía. Se ha creído vender esto como un derecho, como como una retribución, como que podía hacerlo. ¿Qué mensaje le estamos mandando a todos esos padres que pueden creerse en el derecho de privar a los otros progenitores de ver a sus hijos? Insisto. 
–¿Cuáles son los retos de la Justicia en España?
–España necesita un gran pacto, un gran pacto global sobre la Justicia, un pacto que se inició ya en el año 2003 con el ministro Ángel Acebes hasta que el Partido Socialista, cuando llega al poder en el 2004 con Zapatero, lo rompe. Esto es lo que tenemos que retomar: un gran pacto de Estado donde se reforman cosas tales como la forma de elección del Consejo del Poder Judicial; el nombramiento del fiscal general del Estado, impidiendo que un político en activo pueda ser nombrado; un proceso penal mucho más rápido y eficiente, con límites temporales en cuanto a la investigación; un sistema procesal mucho más ágil que permitan la resolución extracontractual y extrajudicial de los conflictos; un sistema moderno de organización judicial que sea mucho más eficiente... Es mucho trabajo el que queda por hacer, pero este trabajo sólo se puede hacer dentro de un gran pacto de Estado. Y esa lealtad es la que, a veces, al Partido Socialista la ha faltado a lo largo de la historia. Sí.

Nueva Ciudad de la Justicia de Madrid

–Madrid estrenará, según las previsiones, nueva ciudad de la Justicia en 2026. ¿Por qué ahora? ¿Cuáles serán las coincidencias y las divergencias con los proyectos anteriores?
–Éste es un proyecto tan necesario que, de no haberse acometido en este momento, habría que plantearlo sí o sí. El mayor partido judicial de España, que es Madrid, se merece una Ciudad de la Justicia a la altura de las grandes capitales. Sólo a título de ejemplo, aquí cada año se registran más asuntos que en Barcelona, Valencia y Sevilla juntos. 
El proyecto aglutinará los 28 edificios que existen en la actualidad y los reemplazará por otros más modernos, eficientes, resilientes, como se dice ahora, energéticamente autosuficientes y, sobre todo, basados en la calidad y en la calidez, para que quienes acudan a la Justicia, lo hagan de forma adecuada al siglo XXI. Yo creo que no hay ninguna duda sobre que ha de hacerse una Nueva Ciudad de la Justicia.  
Es cierto que en Madrid hemos tenido dos antecedentes y de ambos hemos aprendido tanto de lo malo como de lo bueno. Todo lo que se invirtió, especialmente, en el primer proyecto del Campus de la Justicia cuenta con infraestructuras ya creadas, bajo superficie, que se van a utilizar. Estamos hablando de una Ciudad de la Justicia que se va a convertir en la más importante del sur de Europa y que será referencia en el resto del mundo. 
–Tribunales de Instancia, el Registro Civil, Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia... ¿Qué otras proyecciones hay para los usos adicionales que demandará una Ciudad de la Justicia de esta envergadura?
–Dado que el régimen por el que se va a construir va a ser una concesión de obra, ejemplo de la colaboración público-privada que funciona en el resto de Europa y en base al que se articuló la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la empresa adjudicataria tendrá que asumir tanto la construcción, como la explotación y la conservación de los edificios. De manera que en los edificios habrá previsión de espacios que se dediquen a usos diferentes de la Justicia. 
Se ha proyectado una guardería de más de 2.000 metros cuadrados para los hijos de los trabajadores y funcionarios de la Administración de Justicia que contará con un mínimo de 200 plazas y que estará abierta de ocho de la mañana a cinco de la tarde de lunes a viernes. Además de un centro de ocio, salud y deporte al que se destinarán 4.500 metros cuadrados. Y zonas de restauración y espacios de esparcimiento y descanso por valor de otros 1.100 metros cuadraros más. Por supuesto, un parking público y otro para uso exclusivo de funcionarios, abogados y procuradores. 
Todos estos adicionales los podrá explotar la concesionaria y permitirán a la Comunidad de Madrid bajar el canon asignado al régimen concesional. Lo que significa que el coste de construcción lo asume en solitario, desde el primer día, la entidad privada. Estamos hablando de un presupuesto que en este momento inicial ronda los 507 millones de euros de inversión y por el que durante un plazo de 35-37 años la Comunidad Madrid pagará un canon próximo a los 50 millones de euros. Sólo esto ya supone un ahorro de 22 millones respecto de los actuales 72 millones que estamos gastando en el mantenimiento de las instalaciones actuales. 
Además, al final de la concesión, todos los edificios revertirán en la Comunidad Madrid, incrementando su patrimonio, con lo cual creemos que es un proyecto sostenible desde el punto de vista económico y que no va a suponer un esfuerzo económico a los ciudadanos ni un aumento de gasto para las arcas públicas. Es más, permitirá mantener el equilibrio presupuestario regional. 
–Habla usted de ahorro, contención, estabilidad presupuestaria y es curioso escuchar a un político ante el anuncio de una macro infraestructura hablando en esos términos...
–La diferencia entre un Gobierno liberal y responsable como el de Isabel Díaz Ayuso y los Gobiernos socialistas es que nosotros intentamos gastar mejor, no gastar más. La obsesión de los socialistas es gastar y creen que es mejor el que más gasta. Incierto. Quien lo hace bien es el que gasta mejor, el que tiene la presión fiscal más baja, el que le exige menos esfuerzo económico a sus ciudadanos y que, por contra, mediante un uso racional del poder y eficiente de las decisiones, mantiene los servicios públicos e incluso los aumenta frente a otras comunidades socialistas. En Madrid prestamos servicios públicos de calidad a la vez que generamos una gran eficiencia en el gasto. Ese es el único milagro, un modelo para nada desconocido, de los Gobiernos del Partido Popular y entre los cuales Madrid es un símbolo en estos momentos. 
–Este anuncio afecta a muchos actores judiciales (jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración, forenses, peritos...  ¿ Se ha puesto en contacto con todos ellos? ¿Cuál ha sido la reacción?
–Lo que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es la estructura de costes que va a asumir la futura concesionaria y el plan para demostrar que la obra es viable. Para eso, previamente hemos escuchado las propuestas de los expertos económicos pero, además, me he reunido con jueces, fiscales, letrados, abogados, con procuradores, para explicarles el proyecto y para tomar nota de sus concretas peticiones. Todos coinciden en que la Nueva Ciudad de la Justicia, efectivamente, es algo que necesita el partido judicial de Madrid. 
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-Paula Argüelles

Se ha proyectado una guardería de más de 2.000 metros cuadrados para los hijos de los trabajadores y funcionarios que contará con un mínimo de 200 plazas. Además, un centro de ocio, salud y deporte 

Han acogido bien la obra que se va a construir en una zona de Valdebebas, justo al lado del Hospital Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal. En uno de los extremos de la finca, habrá un intercambiador que ya está aprobado por la Comunidad y que el consejero de Transportes tiene como objetivo desarrollarlo en menos de dos años. Todos los implicados van a contar con un intercambiador al que llegará la Línea 11 de metro, autobuses, cercanías,...  con lo cual va a ser una zona totalmente comunicada y muy cómoda para. No sólo hemos pensado en los trabajadores y funcionarios de Justicia sino en sus usuarios, los ciudadanos. Hemos de pensar que las estimaciones han situado el tráfico humano en unas 30.000 personas todos los días a las que tenemos la obligación de dar unos servicios adecuados. 
De los 17 edificios proyectados, 15 van a se de uso judicial y dos de uso prestacional. Contarán con entre tres y nueve plantas y serán edificios con una gran dignidad tanto desde el punto de vista urbanístico como del arquitectónico. Van a ser edificios modernos y resilientes, energéticamente autosuficientes, dotados en las nuevas tecnologías, totalmente inteligentes y pensados, también, para personas con necesidades especiales, con limitaciones de movilidad o sensoriales. La señalética estará especialmente cuidada y habrá facilitadores, personas que ayudarán a quienes más dificultades tengan para moverse a través de ellos. En el peor de los casos, serán edificios próximos con una separación máxima entre ellos de entorno a los 500 metros. 
–¿Supondrá algún tipo de ahorro procesal? ¿Será la Justicia más ágil?
–En esta Nueva Ciudad de la Justicia se van concentrar los 326 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, también la Fiscalía, el Registro Civil, un edificio para los Juzgados y Fiscalía de Menores,... Todos los operadores jurídicos tendrán todos los órganos en un único lugar lo que supondrá una situación de alivio, frente a recorrer 28 sedes judiciales distintas. 
Pero es que, además, las nuevas tecnologías tendrán un papel protagonista. Los edificios contarán con una viabilidad más allá de la mera duración de la concesión y se mantendrán con pujanza y vigencia durante muchos años,  preparados para asumir el nuevo modelo de acción judicial. Si algún día se produce la implantación de las instancias, cuando desaparezcan los partidos judiciales y los órganos judiciales individuales unipersonales, estaremos preparados para, sin ningún cambio arquitectónico, asumir el cambio. 
–El macroproyecto implica a miles de vecinos, entre los que está el Real Madrid. ¿Cómo han recibido ellos la llegada de la Ciudad de la Justicia?
–Con mucho optimismo porque, evidentemente, es una gran infraestructura que revitaliza una zona muy nueva de Madrid y que está llamada a generar unas sinergias claras. Estamos hablando, como dije antes, que unas 31.000 personas acudirán allí todos los días y esto, implicará a toda una zona limítrofe con otro tipo de servicios, más allá de los que se presten de forma directa por parte de la concesionaria en los edificios de la Ciudad de la Justicia. 
El traslado completará las inmediaciones del nudo Norte, con una conexión próxima al aeropuerto de Barajas y unas vías de comunicación ya existentes, a las que habrá que añadir las que se van a construir de aquí a dos años.
–¿Y la seguridad? Me imagino que habrá presos, calabozos... 
–Bueno, el simple hecho de la concentración urbanística en una zona ya produce unas sinergias que, necesariamente han de traducirse en ahorros en costes de mantenimiento y eficiencias claras de explotación en limpieza, revisión de depósitos, mantenimiento energético,... que asumirá la concesionaria a través de empresas privadas. 
Y, concretamente, en materia de seguridad es mucho más barato mantenerla en 17 edificios concentrados que no en 28 sedes dispersas. Si bien, en lo que a la Comunidad de Madrid corresponde en la Ciudad de la Justicia no se externalizará ningún servicio que no esté ya externalizado. La Justicia seguirá siendo prestada por funcionarios, como no puede ser de otra manera, pero todos los servicios auxiliares que ya se están prestando actualmente por empresas privadas continuarán igual, con la ventaja de la empresa concesionaria. 
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-Paula Argüelles

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