30 de septiembre de 2022

El ministro Escrivá el pasado jueves en el Congreso

El ministro Escrivá el pasado jueves en el CongresoEfe

Las formas de Sánchez 

La reforma exprés de las pensiones acentúa los tics autoritarios del Gobierno

Su trámite parlamentario ha sido un visto y no visto de poco más de 72 horas. La oposición se queja del «atropello» y la constante «falta de respeto» del Ejecutivo al poder legislativo 

La reforma del sistema de pensiones, que incluye un aumento de las cotizaciones para hacer frente a la jubilación de los baby boomers (del 0,5% para el empresario y el 0,1% para el trabajador), ha sido un visto y no visto.
Hace solo una semana que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cerró el acuerdo con los sindicatos. Del que se desmarcó la patronal, y al que no obstante seguirá en el futuro una segunda parte de la reforma.
Un día después, los secretarios generales de UGT y CCOO desayunaban con Pedro Sánchez en La Moncloa para celebrarlo. Y este lunes el Congreso aprobó la reforma en una especie de operación relámpago tan rápida como polémica.
El desayuno del martes pasado en La Moncloa

El desayuno del martes pasado en La MoncloaEfe

El Gobierno de coalición empieza a ser un experto en encontrar los mejores atajos para sortear los largos y tediosos trámites parlamentarios. Cuando no, directamente, los borra de un plumazo por la vía del decretazo (aprueba una media de uno cada 10 días).
En esta ocasión, el periplo parlamentario de una reforma de tanto calado, puesto que incluye un nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional que tiene vocación de perdurar hasta 2033, ha durado poco más de 72 horas. Para indignación de varios grupos parlamentarios, que este lunes han expresado su malestar en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De poco les ha servido, no obstante, porque el PSOE y Unidas Podemos contaban con los votos de ERC, el PNV y Compromís, junto con la abstención de Bildu. Suficiente. Además, el Ejecutivo disponía del que se ha convertido en su argumento para todo: había que darse prisa porque hay un compromiso con la Comisión Europea.

Las quejas de la oposición

«Una cuestión de Estado que deben negociarse hasta alcanzar consensos, pero este Gobierno ha querido entrar como un elefante en cacharrería», se ha quejado la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz. «Tramitar así la reforma de las pensiones es un atropello y una falta de respeto a esta Cámara y los ciudadanos», ha añadido.
Por su parte el portavoz del PP, Tomás Cabezón, ha mostrado su «indignación y desaliento» por tener enfrente a un Gobierno que prefiere el «oscurantismo a la transparencia» y que ha aprobado la reforma «con nocturnidad y alevosía».
«Menuda falta de respeto a esta ponencia, a los grupos y a la comisión del Pacto de Toledo», ha reiterado el portavoz de Vox, Pablo Sáez.

La operación relámpago

El jueves la reforma fue presentada por el ministro Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de las pensiones. Allí el ministro ya recibió el primer chaparrón de reproches. El viernes la ponencia de la Comisión de Trabajo, encargada de elaborar un informe sobre el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, abrió y cerró los trabajos en una sola jornada. Lo nunca visto.
Este lunes la Comisión de Trabajo se ha reunido para dar luz verde a la reforma. Ha sido todo tan rápido que durante la sesión, in situ, ha habido tráfico de papeles y enmiendas para cerrar el acuerdo con independentistas catalanes y vascos.

El Gobierno ha accedido a la exigencia de ERC de hacer una auditoría a la Seguridad Social

Una de las exigencias de Esquerra, aceptada por el Gobierno, es que el Ejecutivo haga una auditoría sobre los gastos de la Seguridad Social desde 1980. Lo cual, según el portavoz del PP, es innecesario porque los interventores de la Seguridad Social ya se encargan de ello.
La otra es que la reforma se someta a último debate en el Pleno del Congreso, porque el Gobierno pretendía saltarse incluso ese paso, aprovechando que la Comisión de Trabajo tiene competencia legislativa plena para aprobar un proyecto de ley. En cualquier caso llegará con todo atado y bien atado.
Las formas son el fondo en política, tratándose de un Gobierno al que el propio Tribunal Constitucional afeó que limitara el control parlamentario del Congreso escudándose en el estado de alarma.  
Por no hablar de la resistencia del presidente a convocar el debate sobre el estado de la nación de una vez por todas, como le lleva tiempo exigiendo la oposición (no se ha sometido a ninguno desde que es presidente). 
En una reciente respuesta parlamentaria a este respecto, el Gobierno se decía «firmemente comprometido con el impulso del debate parlamentario», pero a su vez se excusaba: «No obstante, la situación de excepcionalidad que hemos vivido, y que aún hoy en parte continúa a causa de una pandemia de carácter mundial, ha modificado aspectos importantes de la vida y del desarrollo de la misma, tanto del ámbito privado como público, realidad a la que no han sido ajenas las Cortes Generales».
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