Ursula von der Leyen, Liubliana
Bruselas dio un ultimátum a España en septiembre para cumplir las reglas de la UE en materia de servicios audiovisuales
En un plazo de dos meses debían transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas respecto a esta cuestión, que estaban en vigor en la UE desde 2020
La Comisión Europea dio un ultimátum a las autoridades españolas el pasado 23 de septiembre para que, en el plazo de dos meses, tomaran las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas en materia de servicios audiovisuales, en vigor en la UE desde septiembre de 2020.
El caso se remonta a noviembre del pasado año, cuando Bruselas decidió iniciar sendos procedimientos de infracción por no trasladar correctamente al derecho nacional la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA)–revisada en 2018 para ajustar las reglas comunes a la nueva era digital y armonizar las normas de medios audiovisuales y establecer medidas de protección sobre los contenidos compartidos en las plataformas– y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
La DSCA prevé condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, preserva la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas. También incluye normas de protección para los menores y consumidores en general y prevé medidas contra el odio.
Amazon Prime y Disney+ tampoco deberán cumplir con la cuota
La imposición de Rufián a Pedro Sánchez pincha: Netflix y HBO eludirán la cuota del 6 % en lenguas cooficiales
El aviso de la UE tenía la forma de dos dictámenes motivados que el Ejecutivo comunitario decidió enviar a España después de que el país no respondiera de manera satisfactoria en la primera fase de sendos expedientes sancionadores. El procedimiento de infracción prevé una tercera y última fase por la que la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tras el plazo que concede este dictamen motivado España sigue sin responder satisfactoriamente.
Bruselas ha actuado también contra dieciocho Estados miembro, además de España, que tampoco han cumplido los plazos previstos por consenso a nivel europeo para trasladar las nuevas normas e informar de esos cambios a los servicios comunitarios.
Las tensiones con ERC
Este martes el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobó la remisión al Congreso del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye una cuota del 6% del contenido ofertado por las plataformas en catalán, euskera y gallego, tal y como acordaron el Gobierno y ERC para lograr el apoyo de los 13 diputados de los independentistas a los Presupuestos para 2022.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo, fuentes del Ejecutivo confirmaron que las plataformas internacionales no radicadas en España como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video no tendrán que cumplir la cuota lingüística del 6%, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea. Esto motivó el enfado de ERC, que convocó una reunión de urgencia para tratar el asunto, y señaló que, sobre los Presupuestos, «están abiertos todos los escenarios» y que «si ERC no apoya la Ley, no existe».
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está «muy abierto» a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma «no puede contradecir la normativa europea».
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