Agentes de la Guardia Civil, durante un registro de una organización asentada en el Campo de Gibraltar
Línea de la Concepción
El calvario del Campo de Gibraltar: huelgas, narcotráfico y Brexit
La comarca, castigada por el tráfico de drogas, se ve afectada por la incertidumbre que generan las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto al Peñón, que agrava la preocupación de miles de trabajadores por su situación laboral
El Campo de Gibraltar es una comarca de Cádiz con una identidad propia muy definida, tanto es así que hay gente que habla de que es una provincia dentro de la provincia, incluso el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción aspira a convertir el municipio –el más singular, por su colindancia con el Peñón, de los ocho que componen la zona– en ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla. Pero las particularidades del Campo de Gibraltar se ven marcadas por varios asuntos que sufren sus más de 270.000 habitantes. En las últimas semanas, la comarca ha sido noticia por la huelga del metal y es habitual que lo sea por el narcotráfico. Además, en los últimos tiempos, el Brexit también está perjudicando a la zona.
Datos de habitantes en 2020 en los municipios españoles cercanos a Gibraltar
La huelga del metal
El pasado 24 de noviembre, los sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) alcanzaron un preacuerdo para poner fin a la huelga indefinida de los trabajadores del sector en la provincia, que exigían una subida equivalente al IPC en el nuevo convenio colectivo, cuya duración también estaba sobre la mesa en la negociación. Unos 7.000 campogibraltareños se veían afectados por esta situación, provocada por la inflación, la subida de los precios, a su vez, causada por la crisis de suministros y del transporte de mercancías y el aumento de la demanda. Para su desgracia, las barricadas y sus correspondientes carreteras cortadas fueron las protagonistas de las manifestaciones, que convertían las calles en un campo de batalla entre la Policía y los manifestantes.
Finalmente, y tras una larga y tortuosa negociación, que se produjo a lo largo de cinco reuniones, las cuatro últimas presenciales y en Sevilla, en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, órgano de mediación laboral de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, las partes llegaron a un acuerdo que contempla una subida salarial anual del 2 %, que se revisará en 2024 e incluye una prórroga por dos años del convenio, con una duración de tres años y que finalizará en 2023. Este pacto recoge, asimismo, la creación de una comisión de seguimiento entre la patronal y los sindicatos que se reunirá cada tres meses para valorar el grado de cumplimiento de lo acordado.
Narcotráfico
Sin embargo, el mayor problema que padece el Campo de Gibraltar, y desde hace ya años, es el narcotráfico. Las operaciones contra el tráfico de drogas se han multiplicado en los últimos tiempos. Las incautaciones de cocaína, hachís y marihuana se han disparado, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde más cocaína y hachís, entre otras sustancias estupefacientes, se decomisa, según datos del Ministerio del Interior. Este aumento de entrada de cocaína y otras drogas en Cádiz se refleja en el incremento de las sanciones por consumo y otras infracciones graves relacionadas con los estupefacientes en la provincia.
En La Línea de la Concepción se han registrado 61 denuncias por tráfico de drogas en lo que va de 2021; en Algeciras, 156. Sin ir más lejos, esta semana la Guardia Civil ha arrestado a más de veinte personas en cinco registros en Algeciras, San Roque y Los Barrios dentro de una operación contra el narcotráfico de una mafia que introducía hachís en embarcaciones de recreo y semirrígidas a través de las costas de la zona.
Así pues, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan a destajo contra este tipo de mafias, no sin dificultades, tanto por la violencia natural de los delincuentes como por la falta de apoyo frente a éstos por parte del Gobierno de España, cuyos partidos miembros –PSOE y Unidas Podemos– han rechazado recientemente una enmienda presentada por el PP en el Congreso de los Diputados para declarar el Campo de Gibraltar zona de especial singularidad. Este rango –que mantienen el País Vasco y Navarra– permite a los agentes estar siempre equipados con el material necesario para afrontar amenazas de gran peligrosidad y ser compensados económicamente conforme al riesgo, con el fin de paliar la carencia de efectivos en la comarca.
Agentes de la Guardia Civil, durante unos registros en las barriadas de El Zabal y Los Junquillos, en la Línea de la Concepción
En junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que su departamento estudiaría la posibilidad de conceder al Campo de Gibraltar la condición de zona de especial singularidad, aspiración de asociaciones y sindicatos policiales a raíz de la trágica muerte de Víctor Sánchez, agente de la Policía Local de La Línea, que falleció en la persecución a unos contrabandistas en 2017. Pero ésta no ha sido la única, ya que, en otra ocasión, un guardia civil de Algeciras, Fermín Cabezas, murió en otra persecución, en Los Barrios. En julio de este año, además, José Luis Domínguez, un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, perdió la vida en un accidente de helicóptero cuando trataba de interceptar una narcolancha. Y aun así, Interior no se ha pronunciado más al respecto, y el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de la iniciativa del PP.
Agresiones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar
Brexit
Por otro lado, el Campo de Gibraltar se encuentra fuertemente influenciado –ya desde su propio nombre– por el Peñón, de manera que el Brexit afecta sobremanera a la zona. Se estima que unos 10.000 españoles cruzan la verja diariamente, a los que se suman unos 5.000 trabajadores de otras nacionalidades. Todos están en vilo, pues del tratado que la Unión Europea y el Reino Unido negocian en relación con la frontera depende su futuro laboral.
El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dejado claro recientemente que el Peñón «nunca aceptará que haya miembros de las fuerzas de seguridad españolas presentes» en suelo gibraltareño para vigilar la Verja, por lo que ve con buenos ojos la posición del Gobierno de España, que pretende ceder el control de la frontera a Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, durante cuatro años, tal como demanda el Reino Unido.
Nunca aceptaré que haya miembros de las fuerzas de seguridad españolas presentes en suelo gibraltareño para vigilar la Verja»
No obstante, esto puede suponer un nuevo foco de conflictos, ya que el 80 % de los agentes de Frontex no son policías, carecen de la formación pertinente para realizar el control aduanero, en una zona muy castigada por el narcotráfico. En los últimos días, la Unión Europea y el Reino Unido han retomado el diálogo, ya en Bruselas, con el objetivo de «suprimir las barreras físicas» entre el Peñón y el territorio comunitario, después del Acuerdo de Nochevieja, firmado el pasado 31 de diciembre.
Entretanto, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha planteado la «independencia» de su municipio —limítrofe con Gibraltar—, desligarlo de Andalucía, convertirlo en ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, no por una cuestión de identidad, sino para adquirir competencias para combatir el tráfico de drogas. Unos 11.000 linenses trabajan en el Peñón y cruzan la Verja diariamente; necesitan, por tanto, una seguridad jurídica que la actual situación causada por el Brexit no permitir garantizar.
Datos de desempleo a octubre de 2021.
Así las cosas, entre el narcotráfico y el Brexit, el Campo de Gibraltar vive sumido en un calvario que no lo deja crecer, con una tasa media de paro superior al 25 % y continuas huelgas. La economía de la comarca se ve afectada por la incertidumbre que generan las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto al Peñón y las posibles consecuencias que éstas acarreen, sin olvidar la zozobra de ser una zona donde el tráfico de drogas está a la orden del día. Estos factores agravan, sin duda, la preocupación de miles de trabajadores por su situación laboral.
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