Tribunales
Sánchez da por amortizados los audios de Villarejo contra Dolores Delgado
Fue la propia fiscal general del Estado quien pidió al presidente que la designara para el cargo. La ley impide que sea cesada, de manera que su salida queda condicionada a una dimisión que «no se va a producir»
Cuando Pedro Sánchez propuso la candidatura de Dolores Delgado para encargarse de la Fiscalía General del Estado «sabía perfectamente lo que había» con la, por entonces ya, exministra de Justicia.
Ni los audios del excomisario José Manuel Villarejo ni las más recientes polémicas contra la titular del ministerio Público (el caso Stampa, el informe favorable al indulto de Juana Rivas, la prórroga de las pesquisas de Anticorrupción sobre el Rey emérito Juan Carlos I, que están abocadas al archivo, etc.) han hecho mella en la decisión tomada por Sánchez en enero de 2020 para poner a Delgado al frente de una de las instituciones jurídicas más importantes de nuestro país.
Fuentes del entorno socialista han apuntado a El Debate cómo, lejos de atesorar dudas, el respaldo de la Sala Tercera del Supremo a su nombramiento supuso un espaldarazo a Sánchez en la elección de una figura que sólo podrá ser apartada del cargo por decisión propia; esto es, si Delgado dimitiese –ya que la ley española no permite cesar al FGE–, algo que ya avanzan que «no va a suceder».
«Lo que de verdad lastra a Delgado» es su vinculación sentimental con el exmagistrado Baltasar Garzón, han apuntado a El Debate fuentes próximas a la Fiscalía. No en vano, hace unos días era el propio Garzón quien salía en defensa de su pareja tras descubrirse que los vocales de la Asociación de Fiscales le habían pedido la documentación del caso Villarejo.
En un comunicado emitido por el despacho profesional de Garzón en Madrid, se tachaba «de todo punto insostenible» que en el último Consejo Fiscal los representantes electos de la AF pidieran a la fiscal general información de fiscales y abogados del caso en el que se investiga al comisario jubilado Villarejo. Además, los fiscales pedían que se detallase si el despacho de Garzón había ejercido la defensa de alguno de los investigados.
El escándalo saltaba unos días antes, cuando Delgado se dirigía, el 15 de noviembre, a dos de los vocales de mayor edad del Consejo para comentar con ellos varios aspectos del llamado caso Stampa. Los fiscales exigían explicaciones a la socialista por, presuntamente, maniobrar contra el exfiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, en un asunto en el que tenía intereses el despacho profesional de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado.
Mientras tanto, los fiscales, algunos de ellos excompañeros de profesión de la propia Delgado, han pedido a la titular del Ministerio Público que presente su dimisión, la única manera (salvo que agote nombramiento) para apartarla, ya que la ley española impide que la FGE pueda ser cesada durante la legislatura en la que ha sido llamada, para cerrar este pacto, a dar explicaciones sobre las presuntas maniobras desplegadas por la institución que dirige, «en la reclamación de responsabilidad patrimonial» que presentó contra ella el fiscal Ignacio Stampa por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
Delgado decretó «finalmente el apartamiento» de Stampa de la instrucción de una causa judicial por graves delitos de corrupción, en la que el despacho profesional del que es titular Baltasar Garzón ejercía la defensa de varios implicados.
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