Juana Rivas, en una imagen de archivo, a las puertas del Juzgado de Granada
Tribunales
Una juez limitó en 2017 «especialmente a Juana Rivas» las «declaraciones» televisivas sobre sus hijos a petición del padre
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, previa solicitud de la Fiscalía, acordó en 2017 medidas de protección para «preservar siempre a los menores» ante las constantes apariciones mediáticas de la madre malagueña para dar información sensible sobre ellos
Lejos de ser un punto final, el indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Juana Rivas, la madre malagueña condenada en firme por secuestrar a sus dos hijos menores para separarlos de su padre, no ha hecho más que destapar la realidad de una historia en la que los niños han sido los grandes olvidados para la opinión pública. La defensa de Rivas ha denunciado este lunes ante el Defensor del Menor, el Servicio de Protección del Menor y la Fiscalía de Menores que se están divulgando «informaciones falsas» que «afectan directamente» a uno de sus hijos y ha recalcado que, como madre, «jamás ha sido investigada por ningún otro delito» que no sea el de sustracción de menores. Sin embargo, en una resolución judicial de 2017 la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Debate, a petición del padre Francesco Arcuri y con el aval de la Fiscalía, adoptó «medidas cautelares urgentes» para «preservar siempre a los menores».
En septiembre de 2017, con el informe del Ministerio Fiscal en la mano, por un lado, y con la protección instada por el italiano Francesco Arcuri, por el otro, la magistrada MªAngeles Jimenez Muñoz, hizo el «requerimiento expreso bajo los apercibimientos legales correspondientes, tanto a Francesco Arcuri , como especialmente a Juana Rivas Gómez y a los letrados y procuradores» que les representaban para que se abstuviesen de «hacer pública, en medios de comunicación o en redes sociales, cualquier noticia» que permitiese «identificar», aunque fuese indirectamente, «a sus hijos en el contexto de la guarda y custodia, vida íntima personal o familiar y en relación con los delitos» que se investigaban o «pudieran investigarse» en dicho juzgado.
Todo ello «con el objeto de preservar su intimidad personal y evitar cualquier tipo de perjuicio directo o indirecto que la publicación de estas noticias pudieran tener en la salud psicoafectiva de los pequeños», decretó la juez.
No en vano, unos días antes, el 14 de septiembre, el abogado de Francesco Arcuri –al que ahora Juana Rivas y su letrado, Carlos Aránguez, han puesto en el punto de mira– trasladó a la Justicia de Granada la necesidad de limitar la difusión de las informaciones sobre los menores tras la emisión de dos apariciones de la madre malagueña y de su abogado en sendos medios de comunicación.
Fue, entonces cuando el propio padre de los niños alertó sobre que con ciertas declaraciones del entorno de la Rivas «se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de los menores al revelar hechos que afectan a su vida personal y familiar» y en las que ya se hizo referencia a la «presunta agresión sexual que hubiera podido cometerse respecto de uno de los menores» hijo de la pareja.
En aquella ocasión la juez afeó que «junto a las distintas intervenciones de la Sra. Rivas en varios medios de comunicación de nivel nacional», sin embargo, y «por el contrario, se negó a declarar en sede judicial cuando se la citó como investigada» por el tema de los abusos.
«Llama poderosamente la atención que, precisamente, sea la Sra. Rivas quien de forma continuada y permanente, con su asistencia a los programas televisivos ya indicados de carácter nacional, esté hablando de sus hijos menores. Y, en su caso, el propio letrado que la representa», recriminó la juez en el auto de medidas cautelares.
Una afirmación que choca frontalmente con las afirmaciones del equipo jurídico que representa a la madre malagueña y que ahora recalca que, con las peticiones de protección cursadas a Fiscalía y Defensor del Menor, buscan como objetivo no «solo defender a Juana Rivas, sino que siempre ha estado centrado en proteger los derechos fundamentales de sus hijos» y por eso han tomado esta decisión.
Retirada de las publicaciones
«No puede esta Instructora, sino acordar todas y cada una de las medidas interesadas por el Ministerio Público en su informe de 21 de septiembre, habida cuenta que, todas las partes procesales que concurren en este procedimiento, tienen el deber primero y último, de preservar a los menores» dictó la juez en la resolución a la que ha tenido acceso El Debate.
Unas medidas solicitadas por el padre de los hijos de la pareja ante las revelaciones expresas sobre cómo las diligencias abiertas que ahora han trascendido nuevamente, tras negarse el juez a aplicar el indulto del Gobierno, trataban de «averiguar si un hijo de Juana Rivas sufrió una agresión sexual», aludiendo expresamente al contenido del informe Médico Forense, así como al contenido del informe emitido por la asociación Márgenes y Vínculos en relación al menor en cuestión.
«Expuesto» lo anterior «y habiendo dado traslado este Juzgado de Instrucción al Ministerio Fiscal, para su conocimiento y que, en su caso emitiera informe respecto de la solicitud de medidas cautelares interesadas» por el abogado de Arcuri, el Ministerio Fiscal «tiene la obligación de ser especialmente riguroso en cuanto a la preservación de la víctima» cuando «además de ser ésta menor de edad, los hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran a delitos contra la libertad sexual».
«Vista la conducta desarrollada tanto por la Sra Rivas, como por parte del Letrado que la representa y con la finalidad de protección a los hijos menores de la Sra Rivas y el Sr Arcuri, debe de procederse a la adopción de todas y cada una de las medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal», decretó la juez
«Todos partimos del derecho a la libertad de expresión. Derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Pero todo derecho, tiene su límite. Y en este caso, el límite es preservar siempre a los menores» reiteraron los responsables jurídicos del caso.
Además, se decidió oficiar a una publicación concreta, la revista Interviú, para que retirase «de forma inmediata de su página web una noticia» donde se aportaban a la opinión pública detalles muy comprometidos de la investigación judicial sobre los presuntos abusos sexuales sufridos por el hijo menor de la expareja Arcuri-Rivas.
Comentarios
