Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska en una reunión
La incoherencia de Sánchez
El Gobierno multará a los insumisos de la mascarilla mediante una ley que está derogando
La medida ha causado gran polémica. Ante los llamamientos a la insubordinación, desde el Gobierno recuerdan que desobedecer a un agente conlleva la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Ministerio del Interior se valdrá de una ley que está en proceso de ser derogada para multar los incumplimientos más graves del nuevo decreto de las mascarillas. En concreto, de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy (data de 2015). He ahí la contradicción.
Se trata de una ley que el PSOE y Unidas Podemos están en trámite de demoler en el Congreso y que a finales de noviembre sacó a la calle a miles de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en protesta.
La obligatoriedad de la mascarilla en el exterior –salvo en contadas excepciones– ha suscitado una enorme polémica en España desde que el miércoles por la tarde Pedro Sánchez anunció la medida para contener el avance de ómicron.
Desde entonces también se suceden los llamamientos a la insumisión. Entre ellos el de Santiago Abascal, líder de la tercera fuerza del arco parlamentario, Vox: «No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas. Responderemos en los tribunales... mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente… No me la voy a poner», aseguró en Twitter.
Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, tuiteó el miércoles un escueto «Esquilache», en alusión al motín de los madrileños contra el Rey Carlos III y su principal ministro, que acabó con la salida de este último.
Según Sánchez, la obligación es para todos, «sea el líder de un partido político o un ciudadano de a pie». Si alguien es requerido por un agente para ponerse la mascarilla y no lo hace, desde el Gobierno recuerdan que de inmediato se le aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana por insubordinarse.
En concreto, el artículo 36.6 de ésta, que considera infracción grave «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Y podrá ser castigado con una multa de entre 601 y 30.000 euros.
Eso será, no obstante, en el peor de los casos. En el supuesto de que el agente conmine al objetor a ponerse la mascarilla y éste obedezca, solo será castigado en base a la Ley General de Salud Pública. Como hasta ahora.
La normativa en vigor al respecto de esto último, que data de marzo de 2021, establece en su artículo 31.2: «El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y sancionado con multa de hasta cien euros».
La derogación avanza en el Congreso
Casualmente este mismo miércoles, mientras Sánchez anunciaba a los presidentes regionales las nuevas medidas, en el Congreso los socialistas y sus socios daban un paso más hacia la derogación de la que llaman con desprecio «ley mordaza».
Allí se reunieron a primera hora de la tarde los diputados de la Comisión de Interior que forman parte de la ponencia sobre la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Estos decidieron que la ponencia arrancará sus trabajos el miércoles 12 de enero, cuando se volverá a reunir en la Cámara Baja. Y luego los días 19 y 26. El PP y Vox votaron en contra del calendario. Ambos se oponen a una reforma que, según han venido denunciando policías y guardias civiles, los deja indefensos.
Marlaska ha reiterado que la derogación de la ley es una prioridad
Hace dos semanas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que la derogación de esta ley es una prioridad para el Gobierno y que ya figuraba en el acuerdo suscrito con Unidas Podemos al comienzo de la legislatura.
Con la Ley de Seguridad Ciudadana está pasando parecido a lo que viene sucediendo con la reforma laboral de Rajoy y los ERTE desde el inicio de la pandemia: el Gobierno reniega en público pero le ha sido muy útil. En la entrevista que concedió a El Debate, Rajoy señaló que se siente «satisfecho» del trabajo que hicieron él y sus ministros y de que Sánchez se aproveche de él. Aunque no se lo reconozca.
Las multas de los estados de alarma
Cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer estado de alarma, el Gobierno se vio en la obligación de devolver la cuantía de las 1.142.127 multas que había puesto en ese tiempo.
Después, el máximo intérprete de la Carta Magna también tumbó el segundo estado de alarma, pero en este caso salvó al Ejecutivo de reintegrar las multas de esos seis meses. También las interpuestas por no llevar mascarilla o negarse a ponérsela en caso de ser conminado a hacerlo por un agente.
Después, el máximo intérprete de la Carta Magna también tumbó el segundo estado de alarma, pero en este caso salvó al Ejecutivo de reintegrar las multas de esos seis meses. También las interpuestas por no llevar mascarilla o negarse a ponérsela en caso de ser conminado a hacerlo por un agente.
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