Brahim Ghali
Tribunales
Interior se desmarca en el caso Ghali: «Exteriores y Defensa gestionaron la entrada por Zaragoza»
Fuentes próximas al Ministerio que lidera el exmagistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska niegan haber estado en comunicación con otros Departamentos a la llegada del líder del Frente Polisario
Interior se desmarca de Defensa y Exteriores en el marco de la causa judicial que investiga, en Zaragoza, la presunta entrada irregular en España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Fuentes próximas al Ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska aseguraron ante el juez instructor, Rafael Lasala, que desde Interior «nunca se custodió a Ghali». «Sólo le vigilamos» en el marco de un operativo de control que se diseñó al margen de Exteriores y Defensa. Ambos Departamentos «son los que gestionaron la entrada por Zaragoza», han apuntado las mismas fuentes a El Debate. Desde el pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había dado orden de localizarle a la Policía.
No en vano, el magistrado Lasala, al hilo de la información disponible, ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores el dossier confeccionado sobre el histórico dirigente saharaui para entregárselo a Camilo Villarino, el que en ese momento era el número dos del departamento liderado por Arancha González Laya. Ambos imputados en la causa. Y ello, después de que la Abogacía del Estado que representa a los expolíticos y altos cargos diplomáticos implicados, haya asegurado que Villarino no conserva el documento solicitado.
Pese a que, en su declaración del pasado mes de septiembre, Camilo Villarino aseguró que su Ministerio fue el responsable de elaborar una documentación que él mismo encargó, al constatar que el líder del Frente Polisario estaba en España, dicha información, según la versión de la Abogacía, no obra en su poder sino en los archivos de la Dirección General para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo (DGMAMOP).
De nada han servido, hasta la fecha, los intentos de la defensa pública, para evitar que la exministra de Exteriores Arancha González Laya se libre de la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza mantiene abierta sobre ella y sobre su segundo al frente del Departamento, Camilo Villarino, por la presunta entrada irregular del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali en nuestro país, para ser atendido en un hospital de Logroño por motivos humanitarios.
Lasala ha desestimado la petición de archivo de la causa de los servicios jurídicos del Gobierno tras la comparecencia de Laya el pasado lunes 4 de octubre. Lejos de ello, el juez afeó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se amparase en razones humanitarias para violar la obligación de informar al resto de Estados miembro del Tratado de Schengen, sobre la llegada de Ghali a nuestro territorio: «No sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada 'fuera discreta'».
El juez ha considerado, además, que el argumento principal de la exministra, y supuestamente principal responsable de autorizar la entrada irregular de Ghali en España, es inconsistente. Tal es así que, Lasala abroncó a Laya durante su comparecencia en sede judicial por escudarse en la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, para evitar señalar a Pedro Sánchez como máximo responsable del polémico viaje del jefe polisario a nuestro país, con pasaporte falso. Según sus pesquisas, el Ejecutivo habría hecho «un uso parcial e interesado» del ordenamiento vigente para permitirlo.
El Gobierno mantiene un tupido velo en torno a la entrada –presuntamente irregular– y estancia en España de Ghali, que provocó un agrio conflicto político y migratorio con Marruecos, el pasado mes de mayo. En las últimas semanas, el PP y Vox han recibido la callada por respuesta a una veintena de preguntas escritas que sus diputados habían registrado en el Congreso sobre el caso.
El Ejecutivo se escuda en que se trata de una cuestión judicializada para no aportar la más mínima información. Y, ante el juez, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya tampoco aclaró nada. Todo parece apuntar a que unos se tapan a otros, eso sí, mientras desde Interior se desmarcan.
El papel de la Policía de Información
El magistrado Lasala también requirió a la Policía Nacional las comunicaciones efectuadas desde el Ministerio del Interior, a través de la Comisaría Central de la Policía Judicial, ante la llegada de Brahim Ghali, entre el 18 y el 23 de abril. El propio día 18, momento en que el jefe saharaui no se encontraba en España, se emitió un informe de situación que no llegó a remitirse a la Audiencia Nacional pese a las causas que obraban en poder del juez Santiago Pedraz y que, finalmente, quedaron archivadas.
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