Sito Miñanco, en una imagen de archivo
Tribunales
La Audiencia Nacional pone en libertad a Sito Miñanco por la operación Mito, pero seguirá en prisión por otras condenas
La juez María Tardón ha ordenado la puesta en libertad provisional del conocido narcotraficante gallego al cumplirse el máximo de cuatro años en prisión preventiva por dicha causa. Miñanco seguirá en la cárcel por condenas de anteriores delitos
Dos operaciones policiales contra el narcotráfico organizado llevaron a prisión a José Ramón Prado Bugallo, popularmente conocido como Sito Miñanco, en 2017, por la denominada operación Mito. Ahora, una vez cumplido el máximo de cuatro años que la ley española prevé para la prisión provisional, la juez instructora de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la puesta en libertad provisional de Miñanco quien, no obstante, seguirá en la cárcel cumpliendo condena por anteriores delitos.
A petición de la Fiscalía Antidroga, la magistrada ha acordado no sólo la libertad de Prado Bugallo, sino también de Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel González Rubio y Raymond Van Rij, ante el próximo vencimiento del plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva, legalmente previsto, que vence el 31 de enero; y, hasta que el histórico narco gallego pueda ser juzgado por introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína para lo cual diseñó un complejo entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.
Prado Bugallo fue condenado por sentencia firme de febrero de 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal; y, a 3 años y 9 meses por blanqueo de capitales impuestos por el Supremo en abril de 2021. En la primera de las sentencias, además de Prado Bugallo fueron condenados otros dos investigados en esta causa para los que también se ha acordado la libertad: Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Central número 3 ha impuesto medidas de control para aquellos investigados que tras su decisión queden en libertad real por no tener que cumplir penas de prisión derivadas de otras causas. A todos ellos les obliga a comparecer semanalmente para firmar ante el juzgado, la prohibición expresa de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa, la retirada del pasaporte, así como la obligación de comunicarle cualquier cambio de domicilio que se produzca durante el tiempo en el que se prolongue la tramitación de esta causa.
Este procedimiento se encontraba ya concluido y elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero fue devuelto al juzgado de instrucción tras la extradición a España del último de los investigados, José Luis Correa que, al no estar a disposición de la Justicia española, no fue incluido en la causa.
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