23 de mayo de 2022

María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica

María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica

Justicia 

El CGPJ pide una reforma urgente para que los delitos sexuales fuera de la pareja también sean violencia de género

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo ha presentado la propuesta coincidiendo con la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de Irene Montero 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticó profundamente, en su informe preceptivo, el proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por la ministra de Igualdad Irene Montero, en las cuestiones relativas al consentimiento expreso como referencia para el reproche penal de los delitos sexuales. Sin embargo, en un pronunciamiento poco habitual en el histórico del órgano de gobierno de los jueces, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha emitido un informe en el que insta a una reforma «urgente» de la ley actual para perseguir «efectiva, exhaustiva» y profundamente cualquier tipología de violencia contra las mujeres, con especial atención a los delitos sexuales. Tal es así que la institución que preside Ángeles Carmona ha propuesto modificar la norma vigente -LO 1/2004- para «extender el concepto de violencia sobre la mujer a los supuestos que tienen lugar fuera del ámbito de la pareja o ex pareja» y ampliar la lucha contra las violencias machistas, para adaptarlas al Convenio de Estambul, firmado en 2011. 
«El actual concepto de violencia sobre la mujer es insuficiente para estudiar y combatir con efectividad este fenómeno criminal en el sentido amplio que prevé el citado convenio del Consejo de Europa, firmado en Estambul en 2011», ha recogido el texto del Observatorio que se ha hecho público este jueves. En el que, además de advertir «sobre la urgencia de reformar la Ley 1/2004», se ha puesto el foco sobre cómo «esta modificación legal debería ir acompañada por el aumento del número de juzgados de violencia sobre la mujer, que verían ampliada su competencia a todos los nuevos delitos comprendidos en el ámbito de la violencia de género», en exclusiva. 
La reforma permitiría, a juicio del CGPJ, perseguir mejor «todas las versiones la violencia sexual, incluida la que se comete contra menores de edad, que supera en número de casos a la cometida contra mujeres adultas». El actual concepto cerrado de violencia no resulta suficiente para hacer frente «a este fenómeno criminal en el sentido amplio», ha advertido el Observatorio. 

Revisión de los protocolos escolares

La institución ha llegado a estas conclusiones apoyada en un estudio confeccionado sobre «102 sentencias dictadas en 2020 por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en casos de violencia sexual». 
Desde el Observatorio contra la Violencia del CGPJ se ha reclamado, también, «la elaboración de perfiles de las víctimas menores más vulnerables para la detección precoz del riesgo; la revisión de los protocolos escolares para una mejor detección de la violencia sexual sobre niñas y niños y, con el mismo fin, la mejora de la coordinación entre operadores jurídicos, médicos y centros escolares; y, la decidida apuesta por la elaboración de planes de formación específicos para jueces y magistrados en materia de violencia sexual sobre menores de edad». 
A finales del pasado año, el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero abanderó toda una campaña institucional para postularse sobre la ley contra la violencia de género en los mismos términos en los que ahora propone el CGPJ, y  ampliar el radar de la norma a todas las formas de violencia machista. Un enfoque que, sin embargo, no convenció a las asociaciones feministas que presionaron al Ejecutivo socialista hasta inclinarlo hacia una nueva ley diferente y específica contra la violencia sexual. El anteproyecto jurídico de la conocida como ley del «sólo sí es sí» se encuentra, en la actualidad, en plena fase de tramitación en el Congreso de los Diputados
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