El presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Económicos, en el Congreso
La onda expansiva llega a la UE
El Gobierno activa un plan para ganar credibilidad en la gestión de los fondos UE
El Ejecutivo trata de acallar a marchas forzadas los recelos sobre el reparto y control de los Fondos Next Generation expuestos por algunas comunidades y pymes
«Discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de las decisiones es un cóctel letal, propicio para el clientelismo y la corrupción». La advertencia se la lanzó la diputada popular Elvira Rodríguez a la vicepresidenta Nadia Calviño hace exactamente un año, durante el debate de la convalidación del real decreto ley de los fondos europeos en el Congreso.
Doce meses después, el reparto y control de los Fondos Next Generation está más candente que nunca, y se ha convertido en un problema de primera magnitud para el Gobierno. Porque las quejas de varias comunidades -sobre todo del PP, pero no solo- y de las pymes son un misil contra la credibilidad del Ejecutivo.
Plan de Recuperación y Resiliencia
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Tanto en La Moncloa como en el Ministerio de Asuntos Económicos lo saben, por más que el ministro de la Presidencia acuse al PP de estar «haciendo el ridículo». Y por eso han puesto en marcha un plan de emergencia para acallar las dos grandes polémicas que orbitan alrededor de los fondos: la discrecionalidad en el reparto y la falta de controles.
Dos mensajes
Altos cargos de ambos se están reuniendo desde el martes con periodistas, en España y también en Bruselas, con dos mensajes: «Está perfectamente controlado hasta el último céntimo, con tres niveles de controles constantes e intensos»; y «no hay ningún sesgo político en la asignación de fondos».
A mayores, entre el jueves y el viernes el Ejecutivo va a colgar en la página web específica de los Fondos Next Generation (nexteugeneration.com) un mapa interactivo con todos los planes aprobados por comunidades y sectores para desterrar la idea de que las autonomías del PSOE tienen un trato preferente. Y que estará en constante actualización.
Fuentes gubernamentales señalan que este mapa es algo que estaba ya previsto pero que han esperado a finales de enero para ponerlo en marcha porque querían tener «datos consolidados» del año 2021 y por su «complejidad técnica».
Las mismas fuentes detallan que ya se han repartido 11.246 millones de euros entre las comunidades de los 24.198 millones presupuestados. Y que las autonomías que más han recibido son, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia. «Cuatro de las seis están gobernadas por el PP», insisten.
Ha habido 59 conferencias sectoriales entre los ministros y consejeros
Desde el Gobierno aseguran que los criterios y el reparto se están cerrando en conferencias sectoriales, en las que participan el ministro y los consejeros de cada ramo en cuestión. Hasta la fecha ha habido 59 de esas reuniones y «nunca ha habido votos en contra». «No ha habido particulares problemas más allá de cuestiones técnicas», remachan.
La polémica excepción
No obstante, sí reconocen que hay proyectos aprobados fuera de ese marco común que son las conferencias sectoriales. Por ese atajo, el Gobierno concedió nueve millones de euros al País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura en el capítulo Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, que es lo que la Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales.
En lo que respecta a los controles, en el Ejecutivo no quieren oír hablar más de la autoridad independiente que el PP lleva reclamando más de un año y medio. «Una agencia independiente para gestionar 70.000 millones de euros… en fin», afirman, poniendo énfasis en la ingente cantidad. «Los controles son exactamente los mismos para todos (en alusión al resto de los países de la UE). Es más, con nosotros han sido más estrictos por ser los primeros. Y nosotros encantados», continúan.
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A nivel doméstico hay tres niveles de control, enumeran. Pero la cuestión es que todos de ellos se ciñen a lo público. El primer nivel, los propios gestores: la Administración General del Estado, las empresas públicas, las comunidades y las entidades locales, a través de una especie de intranet. El segundo, los servicios jurídicos de la Administración. Y el tercero, auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado.
El Ministerio de Economía tiene estipulado, además, que las administraciones involucradas tienen que tener planes antifraude y sistemas de control de conflictos de intereses.
Y luego están los hombres de negro de la UE, que visitan España cada tres meses. Entre medias hay un «diálogo permanente», sostienen en el Gobierno, a través de videoconferencias. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude tiene acceso a toda la información.
Más allá de la refriega política, hay dos cuestiones que el Ejecutivo no puede rebatir: el nivel de ejecución es mejorable (los pagos hechos a las comunidades rondan el 45,5%) y, a día de hoy, no hay cálculos sobre el impacto del despliegue de los primeros fondos en la economía real.
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