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28 de marzo de 2024

Enfermera con una dosis de la vacuna contra el COVID-19

Enfermera con una dosis de la vacuna contra el COVID-19Europa Press

Tribunales 

Tres familias valencianas denuncian a la Generalitat por vacunar a sus hijos sin su consentimiento

Los padres de una de las menores afectadas por el grave error han solicitado el traslado de centro escolar para la pequeña

Paterna, Elche y Aldaia. Ya son tres los casos de menores valencianos que han sido vacunados contra el coronavirus, presuntamente sin el consentimiento de sus padres, en el marco de la campaña escolar aprobada por la Generalitat del socialista Ximo Puig contra el coronavirus. Así consta en las tres denuncias interpuestas por los progenitores de los niños afectados por este grave error ante la Justicia valenciana que, la próxima semana decidirá sobre la legalidad de la medida. 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Paterna recibió la primera denuncia, registrada el pasado lunes, en la que los progenitores señalaban cómo su hijo había recibido una dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19 en su colegio pese a que ese mismo día se había entregado la 'no' autorización para ello. El centro selló la entrada de un documento físico –solicitado al colegio por parte de los padres afectados– que se reitera en lo expuesto por vía mail en sendos correos electrónicos de fechas 15 de diciembre y 13 de enero. 
Los tres escritos de denuncia ya han sido aportados, también, ante la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el abogado Curro Nicolau que, como padre de una menor escolarizada en la región, recurría por primera vez en España la decisión de la administración autonómica para vacunar contra el coronavirus en los colegios.
Nicolau ya solicitó, el pasado mes de diciembre, la suspensión cautelarísima de la orden del Ejecutivo valenciano de recopilar en un escaso plazo de 24 horas las autorizaciones de los padres de los escolares menores de 12 años para que estos fuesen inmunizados contra el COVID, en horario lectivo. Según el letrado esta medida atentaba contra varias normas en vigor como la de Protección de Datos Personales y la propia Ley del Menor. 
La reclamación no estaba orientada, en ningún caso, a cuestionar los beneficios de la vacuna, ni sus efectos positivos, sino a determinar si la Consejería de Educación «tiene la competencia para llevar a cabo la vacunación en centros educativos y si dicha estrategia o criterio de vacunación es seguro para los menores al realizarse fuera de un sistema sanitario» y si quedan protegidos otros derechos como la intimidad, como el propio abogado explicó. 
El TSJCV rechazó la cautelarísima al entender que las instrucciones de la Generalitat no vulneraban los derechos fundamentales de los menores, no atacaban las leyes de protección de datos y de la infancia porque la «vacunación es voluntaria» y, por lo tanto, eran «acorde con las medidas adoptadas en relación con la pandemia». 
Ahora, al hilo de los nuevos acontecimientos, y ante la nueva convocatoria de un Pleno de la Sala del TSJV para deliberar sobre la medida cautelar, el letrado ha reiterado en tres nuevos escritos la importancia de revisar los protocolos para evitar más errores. La decisión inicial del Tribunal podría verse superada tras lo ocurrido.

Ni Decreto ni resolución administrativa

«No hay una resolución administrativa como tal, ningún decreto, sino una simple carta que la Consejería de Educación valenciana dirige a todos los centros educativos. Ayer mismo dice esa carta que se da un plazo de 24 horas para que los centros escolares recopilen la autorización de las familias que ni siquiera es autorización, sino una mera respuesta: que contesten 'Sí' o 'No' a la vacunación», denunciaba el primer padre valenciano que cuestionó la vacunación de los menores en los colegios.
Y «no están recopilando un consentimiento cualquiera para que tu hija salga de excursión, están preguntando sobre datos médicos sensibles que van totalmente en contra de la intimidad del menor», aseguraba Curro Nicolau, en declaraciones exclusiva a El Debate, «mientras existe una legislación expresa sobre protección a la infancia, una Ley de Protección de Datos muy estricta para cualquier aspecto sobre la salud, de trascendencia mucho menor».
«Más allá de los beneficios que pueda reportar la vacuna a los niños y a su entorno, lo que no se puede hacer en un centro escolar es estigmatizar, identificar y señalar a quienes vayan en la cola a la vacuna frente a los que no. Se sabrá perfectamente quién está y quién no está. Y no se trata de ir en contra de la vacuna. Es, sencillamente, que las cosas no se pueden hacer así, saltándose totalmente a la torera la ley y mucho menos porque estás marcando a los niños que no son, ni siquiera, los responsables últimos de la decisión» añadió el padre y abogado valenciano.
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