La sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Ley de Vivienda
El CGPJ considera «farragoso y limitado» el texto sobre la contención de los precios del alquiler
El órgano de gobierno de los jueces ha puesto en duda la eficacia de las medidas sobre contención de los precios de los arrendamientos previstas en el Anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda del Gobierno
«Desde el punto de vista jurídico-civil y sustantivo, el anteproyecto introduce una serie de modificaciones de la normativa civil arrendaticia, sustantiva y procesal que recogen y generalizan, con vocación de ser indefinidas, las específicas soluciones con las que se trató de paliar coyunturalmente las consecuencias de la pandemia en el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda de alquiler». El informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de la Ley de Derecho a la Vivienda, considera que las medidas previstas para la contención de los precios en la regulación de los contratos de alquiler tienen «un alcance limitado y un farragoso contenido».
Así, el máximo órgano de representación de los jueces se ha pronunciado sobre el enfoque del nuevo texto normativo sobre vivienda, una de las propuestas estrella del Gobierno de coalición, en lo relativo al arrendamiento que, sin bien, es una cuestión «constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido. Nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído, quizás no resulte adecuada».
Así las cosas se complican todavía más en los planes del Gobierno que tenía previsto aprobar el texto de la nueva Ley el día 18 de enero en Consejo de Ministros dando inicio a su tramitación parlamentaria. Una fecha que tendrá que posponer de nuevo.
Segundo intento
No en vano, el pasado día 14 de enero, el Pleno del Consejo rechazó, en una primera ocasión, por 15 votos a seis, el informe a favor de la norma planteado sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ponencia del vocal progresista Álvaro Cuesta. Motivo por el que el propio CGPJ designó nuevos ponentes –José Antonio Ballestero y Enrique Lucas– y autores del dictamen actual que, a diferencia de lo ocurrido a principios de mes, será sometido a nueva votación del Pleno el próximo jueves 27. Todo apunta a que esta nueva posición recibirá el respaldo mayoritario del resto de los miembros.
En las últimas semanas, la Ley de Vivienda ha generado un gran debate en torno a las dudas sobre la seguridad jurídica del texto. En concreto, el CGPJ aprecia falta de concreción en algunos aspectos de la norma en conceptos como «vivienda digna» o «infravivienda».
En un borrador inicial, el CGPJ ya señalaba la problemática de aplicación del texto, dado que las competencias de vivienda residen en las comunidades autónomas, lo que podría generar diferencias territoriales. Es decir, el Gobierno estaría «expropiando» competencias de los entes regionales: «Las leyes autonómicas han regulado esa materia en sus diversas vertientes valiéndose, sin alterarlas, de las figuras del Derecho Civil y Procesal, delimitando la función social de la propiedad sobre la vivienda y previendo supuestos sujetos a expropiación forzosa», han advertido los vocales en su nuevo informe.
«La vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1.3º de la Constitución española y los estatutos de autonomía. El núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia», han recalcado.
Desde la presentación de la ley –el pasado mes de octubre– los expertos ya dudaban de su viabilidad. En declaraciones a El Debate, José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra e investigador del IVIE alertaba de la «enorme cantidad de litigios que la ley» podría provocar.
Un texto cuestionado también desde el punto de vista de su efectividad. «Puede desincentivar la oferta», afirmaba Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas a este diario.
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