La consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, en un acto de Memoria y Reparación
El Gobierno vasco repudia ahora a los policías como víctimas de la violencia con motivación política
Rechaza las solicitudes de 460 agentes que pedían el amparo de la ley en el Parlamento vasco
«Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999». Así reza el título de la ley vasca que, en su espíritu inicial, pretendía equiparar las víctimas supuestamente producidas por la acción de agentes policiales, es decir, por aquellos que denunciaban haber sido torturados, aunque no hubiera reconocimiento judicial.
Pero la amplitud del título permitía acogerse a esta ley a todo aquel que consideraba que había sido víctima de la violencia de motivación política. Y la violencia de ETA tenía una motivación política. O, al menos, así lo aseguraba la propia organización terrorista.
Así pues, la comisión de valoración de las solicitudes ha sido la encargada de amoldarla a los requerimientos nacionalistas, que fueron quienes impulsaron la ley y ha dejado fuera a todos los agentes policiales que habían solicitado acogerse a dicha ley en cumplimiento de lo que su propio título anunciaba.
En total, 460 agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que habían solicitado acogerse a esta ley han sido rechazados, según denuncia la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil. Además, otras víctimas del terrorismo que también habían solicitado su inclusión en esta ley han sido rechazados.
Requisitos selectivos
La propia consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, defendió este jueves, según denuncia Jucil, la exclusión de este colectivo. «No cumplen con los requisitos que señala esta ley aprobada por el Parlamento Vasco». En su interpretación, solo pueden acogerse a la misma aquellos que hayan sufrido violencia y vulneración de los Derechos Humanos «por parte del Estado o de personas privadas con la aprobación del Estado». La propia consejera lo dice, «en su interpretación», no en lo que dice la ley en su literalidad.
Por ello, según la asociación de guardias civiles, «esta interpretación cerrada y discriminatoria de una ley que se pretende universal deja desprotegidos y segregados a parte de quienes cumplen con la condición víctimas de la «vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco», tal y como refleja el título de la ley.
Resulta intolerable, discriminatoria y segregacionista
Aunque hace tan solo dos semanas la propia consejera del Gobierno vasco reconocía «el sufrimiento» padecido por policías nacionales y guardias civiles en el País Vasco y calificaba de «intolerable» la situación de violencia que habían vivido por la acción de ETA, el portavoz nacional de Jucil, Agustín Leal, considera que la decisión de la comisión de valoración «resulta intolerable, discriminatoria y segregacionista. Ya que no acepta a estos peticionarios como víctimas de las vulneraciones de derechos a pesar de que el estudio del Instituto Pedro Arrupe lo documente y lo certifique».
Por ello, aconseja a todos los peticionarios que han visto rechazada su demanda que presenten el correspondiente recurso y agoten la vía administrativa antes de acudir, si fuera necesario, a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos.
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