Coches fúnebres en el entierro de Esther López
Tribunales
La muerte de Esther López: un nuevo caso de oportunismo político y precipitación
La desaparición de la joven de Traspinedo ha conmocionado a la sociedad española. Los principales líderes políticos y algunas autoridades del Estado no han tardado en hacer valoraciones sobre el caso pese a que está bajo secreto de sumario
No es la primera vez, ni será la última, en la que un trágico suceso, como el que ha desembocado en la muerte de la joven Esther López pone en evidencia, una vez más, lo inoportuno de las valoraciones políticas «en caliente». Pese a que la instrucción judicial del caso, que todavía presenta muchas incógnitas, se ha declarado bajo secreto de sumario, no han tardado las filtraciones sobre las pesquisas policiales ni los mensajes precipitados de los líderes políticos y autoridades que han querido sumarse a las valoraciones sobre una desaparición y un cadáver que presentan muchos aspectos por esclarecer. Algunos incluso se apresuraban a referirse a la hipótesis del «asesinato machista», sin conocer el resultado de la autopsia, saltándose las cautelas de la investigación policial en curso y sin respetar, si quiera, el dolor de la familia.
Uno de los primeros en pronunciarse sobre la aparición del cuerpo sin vida de la joven fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asegurar que su muerte no quedaría impune. Así lo hizo constar el inquilino de La Moncloa durante su intervención en el acto celebrado en León con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 13-F. Sánchez otorgó a la muerte de Esther un origen violento, tras asegurar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vinculadas al caso estaban trabajando para que no quede «impune» y para que sus autores «acaben donde tienen que acabar». Unas declaraciones que han sido muy criticadas por anticipar el sentido de un fallecimiento que los propios expertos forenses no han podido acreditar.
En la misma línea, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell apuntaba a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, que la muerte de la joven fue «violenta», para acto seguido trasladar su pésame a la familia y pedir que se eviten las «elucubraciones» y las «informaciones que pueden hacer más daño». Curiosamente, la magistrada de carrera, tuvo que salir al paso, a través de miembros de su equipo, para matizar las afirmaciones iniciales y explicar que «muerte violenta» no era igual a homicidio o asesinato, sino que engloba «toda causa externa, incluida la muerte violenta accidental, suicida o cualquier otra no natural».
Ciudadanos recurría a la misma red social para exigir responsabilidades judiciales, en un nuevo ejercicio de populismo punitivo al que, con más asiduidad de lo deseable, se están asomando desde los partidos políticos ante este tipo de sucesos. «Esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre quienes hayan cometido este horrible crimen», adelantaban los naranjas.
Unas manifestaciones públicas a las que se unía, también sin demasiada fortuna, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado, para pedir la aplicación de la prisión permanente revisable para los culpables, sin saber todavía si los hay: «Reivindicamos la prisión permanente revisable, que quería derogar la izquierda, para evitar que reincidan estos salvajes».
Los propios agentes de la Guardia Civil al frente de las investigaciones se han visto obligados a salir al paso y pedir cautela y calma ya que, hasta la fecha, no hay datos «concluyentes» sobre lo ocurrido. Para los expertos todas las tesis siguen abiertas excepto la desaparición voluntaria.
Poco o nada parecen haber aprendido nuestro representantes públicos de las valoraciones a la ligera o precipitadas. Cabe recordar cómo, sin ir más lejos, las formaciones de izquierda convocaban movilizaciones por toda España –y hasta el propio Pedro Sánchez programaba una mesa de análisis sobre los delitos de odio para tratar el problema de las agresiones homófobas– en base a una denuncia de un joven presuntamente agredido en el madrileño barrio de Chueca, por su condición sexual –en la que varios encapuchados le habían grabado la palabra «maricón» en las nalgas, a punta de navaja– que resultó ser inventada para ocultar una infidelidad a su pareja.
Pocos meses después, otra joven de 24 años era detenida por simulación de delito tras confesar que su denuncia sobre cómo un hombre le había propinado varios golpes mientras la insultaba, así como el parte de lesiones en el que se apoyaba, resultaron ser falsos. Ella misma reconocía ante la Policía que los hechos no habían ocurrido nunca.
Lo que sí se sabe
El rastro de Esther se perdió en la madrugada del 12 al 13 de enero y hasta el pasado sábado, casi un mes después, cuando tras varios días de búsqueda y un pueblo entero volcado en encontrarla, el cuerpo sin vida de la joven vallisoletana apareció en una cuneta próxima a la localidad de Traspinedo donde vivía. Por el momento, la autopsia no ha arrojado datos contundentes sobre la causa de la muerte ni cuándo fue depositado el cadáver en el lugar del hallazgo, por este motivo el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decretado la inhumación de los restos, sin incinerar, por si hubiese que practicar más pruebas en un futuro no muy lejano.
En sede judicial, tres investigados –Carlos, Oscar y «El Manitas»– y muchas preguntas en el aire. «El Manitas» uno de los detenidos por su presunta implicación en la desaparición de Esther ya ha sido puesto en libertad. Los exámenes practicados al cuerpo de Esther, que no mostraba signos externos de violencia, han revelado sin embargo en un análisis más exhaustivo que la joven sufrió un golpe, imperceptible a simple vista y revelado gracias a un TAC.
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