Ada Colau, en un acto municipal
Cataluña
El juez mantiene la imputación a Colau por irregularidades en subvenciones a entidades afines
El magistrado ha rechazado el recurso que había presentado la alcaldesa de Barcelona, que deberá declarar como investigada el próximo 4 de marzo
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar como investigada ante el juez el próximo 4 de marzo a las 10:30 de la mañana. Deberá dar explicaciones por su participación en la concesión de subvenciones a entidades afines, que presuntamente se habrían hecho de forma irregular. Y es que el titular del Juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha rechazado el recurso que había presentado Colau pidiendo el archivo de la querella, para evitar tener que declarar como imputada.
La alcaldesa alegaba, en su recurso, que la querella no concretaba su participación exacta en la concesión de subvenciones, que los hechos ya habían sido investigados y archivados por la Fiscalía y que todas las operaciones habían recibido el aval de la intervención municipal.
Doctrina del Supremo
Pues bien, el juez deja claro que las interlocutorias de admisión a trámite de querellas no se pueden recorrer ni anular, según doctrina del Tribunal Supremo, porque no se practicó instrucción. Y también explica que el hecho de que el ministerio público archivase en su momento unas diligencias previas no significa que un juzgado no pueda investigar los mismos hechos si son sospechosos de delito. En el auto, el magistrado considera que lo que ha hecho Colau en su recurso es una «declaración exculpatoria» que corresponderá hacerla precisamente cuando declare.
Recordemos que la Asociación para la Transparencia y Calidad Democrática fue la que presentó esta denuncia contra la alcaldesa por la concesión de supuestas subvenciones irregulares a entidades afines a los comunes, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética o el Observatorio DESC. En algunas de ellas llegó a trabajar la propia Ada Colau. La entidad la acusa de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.
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