Angel Perrino en El Debate
Fiscal especialista en delitos informáticos
Ángel Perrino: «Las familias deben tener un mínimo control sobre los móviles de sus hijos»
El fiscal madrileño especialista en estafas online y en ciberacoso de menores habla con El Debate sobre la delincuencia tecnológica, la importancia de la prevención parental y el estado de la Fiscalía
Ángel Perrino (Madrid, 1973) es fiscal de carrera tras superar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal. Tuvo su primer destino en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, posteriormente, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Fiscal asesor del Ministerio de Justicia (participando en proyectos legislativos y de negociación de Directivas de la UE), en la actualidad es miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se integra en la Sección de Criminalidad Informática como coordinador de recuperación de activos. Ha publicado numerosos artículos sobre cuestiones referidas al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal.
–Las últimas estadísticas de la Fiscalía General reflejan en 2019 un crecimiento del 45 % de los delitos informáticos. ¿Cuál es la tendencia?
–Han evolucionado exponencialmente. A partir de la pandemia hemos visto un incremento espectacular a muchos niveles: sobre todo estafas y menores que han pasado demasiado tiempo conectados a dispositivos tecnológicos.
–¿La pandemia ha agravado las cosas?
–La pandemia nos ha mostrado lo mejor y lo peor de las nuevas tecnologías. Ya no es necesario montar una reunión o generar dietas, ni en la empresa privada, ni en la pública, cuando todo se puede hacer online. También ha permitido que los niños puedan seguir con sus estudios desde casa. Pero está la parte negativa, la de la delincuencia, y ahí el crecimiento es brutal, por lo que deberían incrementarse los esfuerzos en medios personales y materiales para luchar contra la criminalidad informática.
–¿Cómo se trabaja en una Fiscalía tan técnica?
–Desde el año 2007, en que la Fiscalía entró en un proceso de modernización y optó por la especialización, la formación continua ha sido una constante. En Madrid contamos con una sección específica de cuatro fiscales que asumimos toda la criminalidad informática y contamos con el apoyo de la Fiscalía de Sala integrada por el fiscal jefe y sus adjuntos que son quienes coordinan, a nivel nacional, la forma de actuar para intentar que sea lo más uniforme posible. Contamos con cursos multidisciplinares donde coincidimos con los peritos informáticos, con los investigadores de la policía,...
–Sin embargo, hay muy pocos delitos cibernéticos que acaben judicializados, investigados, perseguidos... ¿Por qué?
–Distingamos dos bloques de delitos informáticos: los que atacan directamente a las TIC –tecnologías de la información y la comunicación– como los daños informáticos, delitos contra la juventud, revelación de secretos de empresa, contra la intimidad de los particulares, sabotajes... y aquellos que utilizan las TIC para cometer el delito donde estarían todos los tipos de estafa y los delitos cometidos contra los menores de 16 años, el llamado ciberacoso sexual infantil. El derecho penal siempre va un poco a rebufo, lo que permite que los delincuentes se perfeccionen y no sea tan fácil llegar a desvelar la autoría de un delito. Muchos servidores están en el extranjero, lo que exige cooperación jurídica internacional. Dependiendo de los países, las comisiones rogatorias tienen más o menos éxito.
–¿Contamos con una buena regulación de los delitos informáticos en España?
–La regulación de los delitos informáticos está dispersa a lo largo de todo el libro segundo del Código Penal porque existen muchas formas de comisión. Las estafas informáticas, por ejemplo, son ingobernables porque se generan, continuamente, nuevas modalidades. Por poner un ejemplo: cuando hay una estafa tipo phishing en la que alguien consigue tus claves del banco o te manda un correo para que se las facilites, eres tú quien hace la transferencia a un tercero dando apariencia de ser una persona de confianza pero, al final, no sabemos quién está detrás. Es decir, el titular de la cuenta bancaria se ha convertido en la «mula». Antes teníamos muy clara la identidad de la persona que se había beneficiado del ingreso. Ahora no porque previamente las cuentas se abren con suplantación de identidad online. Hay que tener muchísimo cuidado con las ventas entre particulares en Internet y con facilitar, escaneada, cualquier tipo de documentación.
Muchos servidores están en el extranjero, lo que exige cooperación internacional. Dependiendo de los países, las comisiones rogatorias tienen más o menos éxito
–¿Tenemos conciencia de los peligros que conlleva el uso de de la red?
–En general, actuamos con mucha ligereza. De manera especialmente sangrante, nuestros hijos. Los fiscales nos encargamos de la última parte del delito: la persecución del delincuente y el castigo. Lo determinante es lo anterior. Hay tres pilares fundamentales: la Administración, para hacer campañas de prevención; los colegios, en materia de formación del profesorado y de sensibilización a los menores; y la relación de estos en la familia que es esencial.
–¿Cómo podemos hacer pedagogía con nuestros hijos?
–El uso de las nuevas tecnologías, como decía antes, tiene una parte muy positiva para ellos pero con seguridad y responsabilidad. Un niño tiene capacidad para manejar cualquier dispositivo (tablet, móvil, consola...) desde que es muy pequeño, pero no sabe los riesgos que comporta porque no cuenta con la madurez suficiente. Por eso es vital el apoyo a todos los niveles, para que cuando tenga una herramienta tan poderosa como un dispositivo tecnológico, sepa los límites infranqueables que asume. Está bien que los policías den cursos de ciberseguridad en los colegios pero, insisto, las familias deben tener un mínimo control sobre los móviles de sus hijos.
–Ya no como fiscal, como padre, ¿cómo conciliar el uso temprano de móviles con la responsabilidad al utilizarlos?
–Es muy complicado. Sé que, socialmente, se suele aceptar que a partir de los 12 años –cuando nuestros hijos van al instituto y tienen una cierta autonomía– manejen un móvil, también, para la tranquilidad de los propios padres: que te manden un WhatsApp, que dónde están, por qué no han llegado a casa... No es tanto eso como el uso racional de la herramienta. Yo soy partidario de que los padres, al margen de que nos guste más o menos, no desatendamos la evolución de la tecnología en la generación de nuestros hijos. Si están en ciertas aplicaciones o redes sociales, deberíamos descargárnoslas conocer mínimamente cómo funcionan y advertirles de los riesgos.
–¿En especial con las redes sociales?
–Lo primero, obviamente, es que tengan el candado puesto. Y si aún siendo una cuenta absolutamente privada los seguidores exceden de lo que es un grupito de colegio o de sus extraescolares, algo no cuadra. Es esencial advertirles de que cuando juegan online con otros grupos y hacen batallas y, de repente, se cuelan desconocidos y les donan tropas y consiguen más retos... que sepan dejarlo. Bajo ningún concepto deben entrar en intercambios de mensajes privados, ni facilitar su teléfono móvil a nadie para que les puedan escribir de desconocidos. En definitiva, diálogo y más diálogo con los hijos.
En los delitos cometidos contra menores el perfil, normalmente, es el de un varón que ataca a niños y niñas indistintamente
Antes y, también, después. Es decir, una vez que los niños han cometido el error, que puedan comentárselo a sus padres. Los depredadores sexuales en las redes se valen de que cuando consiguen que un menor interactúe con ellos, y logran que les mande algún tipo de archivo, fotografía en ropa interior, ya lo tienen todo porque, a partir de ahí, empieza la coacción: «O me mandas más o le digo a tus padres que has estado hablando conmigo de este tipo de cosas». Ése es el momento en el que el niño debe saber que, a pesar de haberse equivocado, puede comentarlo inmediatamente a sus padres para que vayan a una comisaría a denunciar y cortarlo de raíz.
–¿Qué pasa si en un grupo o en cadena se comparten archivos? ¿Los chicos saben los castigos que conlleva?
–A medida que nuestros hijos van creciendo hay que contarles que se aproximan a edades en la que la responsabilidad legal se agrava. A partir de los 14 años ya hablamos de responsabilidad penal del menor y a partir de los 18 puede ser que la metedura de pata de un adolescente acabe en una pena de prisión.
–¿Aumenta la cultura de la denuncia o en este tipo de delitos prima la vergüenza?
–En los delitos informáticos la gente se anima, cada vez más, a denunciar. Si hay menores de por medio son los padres los primeros que quieren acabar con esa situación y localizar a la persona que ha podido acceder, de una manera u otra, a sus hijos. En las estafas, igual.
–¿Hay todavía grandes estafas?
–Sí, con engaños tipo phishing, fraudes, etc. Cuando alguien se hace pasar por un proveedor y dice «la factura en vez de a la cuenta habitual, ingrésamela en esta otra...», por ejemplo, hablamos de cantidades importantísimas de dinero que luego es muy difícil recuperar. Aquí no es como en otro tipo de delitos en los que la gente se lo puede pensar más, sino que sí se anima a denunciar y las denuncias prosperan.
–¿Qué perfil medio tiene un hacker?
–En la parte de daños informáticos, estafas, etc. es gente muy joven, con una preparación muy alta que se maneja muy bien y, en general, actúa de forma individualizada. No hay grandes organizaciones criminales al estilo de las que atacan determinados servidores o páginas web de instituciones u organismos oficiales. El perfil es radicalmente opuesto en los delitos cometidos contra menores de 16 años donde es muy variado, aunque el sujeto activo, normalmente, es un varón que ataca a víctimas niños y niñas indistintamente.
–¿Estos últimos... son reincidentes? ¿Están registrados?
–En 2015 se estableció el registro de delincuentes sexuales, más allá del de antecedentes penales. Aunque no es un listado público, cuando un centro educativo, una empresa, u otra entidad que quiere realizar algún tipo de actividad con menores va a contratar a un profesor, un monitor, un voluntario... evidentemente no puede sacar su certificado de antecedentes penales porque es personal e intransferible, pero sí que puede –y debe– exigir que lo presente. Igual que se hace la entrevista o se presenta un currículum, se aporta el certificado negativo de delincuentes sexuales. ¿Por qué? Porque este tipo de delincuentes procuran, siempre, tener una actividad relacionada con menores donde es les más fácil el acceso a ellos.
–¿Qué opina del reciente enfrentamiento entre la Fiscalía Europea y Anticorrupción acerca de los contratos de material sanitario durante la pandemia?
–A mí me da mucha tranquilidad que una decisión de este tipo se haya sometido a la consideración consensuada de la Junta de Fiscales de Sala, los de la primera categoría de la Carrera, cuya decisión acato.
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