El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivoEn la foto: escuchando por unos auriculares
Caso Pegasus
El precedente de la Fiscalía mexicana que marca el camino a la Audiencia Nacional en el hackeo a Sánchez
El Ministerio Público de México descubrió la autoría tras el hackeo, vía Pegasus, de la periodista Carmen Aristegi
En noviembre de 2021, el caso Pegasus mexicano se asomaba a la primera detención de un responsable por espionaje. La Fiscalía General de la República arrestaba al trabajador de una empresa, distribuidora del software, por un delito de «intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista», la reportera Carmen Aristegi. La investigación del Ministerio Público sobre el móvil infectado marcó un precedente a tener en cuenta por la Audiencia Nacional que, ahora, rastrea en nuestro país la autoría del presunto hackeo a los teléfonos de varios miembros del actual Gobierno, entre los que se encontrarían el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Central número 4 será el encargado de dirigir y autorizar las pesquisas para depurar, en España, no sólo la veracidad de los hechos denunciados por la Abogacía del Estado -que han dado lugar a unas diligencia previas- sino al autor o autores del supuesto espionaje mediante el uso del malware diseñado por NSO Group, una empresa israelí especialista ciberinteligencia y seguridad. Es, precisamente, en este último aspecto, el «quién», donde se sitúa la «mayor dificultad» para el magistrado, han apuntado a El Debate fuentes conocedoras del caso.
No en vano, en el primer auto dictado por Calama para la apertura formal de una investigación dirigida a depurar responsabilidades en el caso Pegasus, se apunta a la posible vinculación de Marruecos en lo ocurrido. El juez instructor ponía, sin saberlo, el foco en la teoría que apunta a que el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presuntamente, tuvo su origen en el reino alauí.
Y es que, según las fechas acotadas por el magistrado –el 19 y el 31 de mayo de 2021– el móvil de Sánchez fue infectado apenas dos días después de que se desatase la crisis migratoria con el país vecino. El 17 de mayo del pasado año, en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta, más de 8.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes menores de edad, cruzaban sin control a territorio español ante la pasividad de la policía del país vecino. La situación, que provocó un incidente diplomático sin precedentes, ha concluido en la reciente entrega del Sahara Occidental a Mohamed VI.
Pegasus actúa como un virus que, una vez instalado en un dispositivo electrónico, permite a quien lo usa acceder a su contenido más íntimo: contactos, imágenes, archivos... dejando al descubierto información privada y sensible que, según sus creadores, sólo se pone a disposición de Gobiernos como herramienta de trabajo para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, el precedente mexicano dejó al descubierto que entre los años 2012 y 2018 más de quince mil personas se situaron en el objetivo del virus. Entre ellas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia previa intervención de una empresa del sector privado, desmontando la teoría de que el fabricante sólo vendía su software espía a entes oficiales.
Ahora corresponde a la Justicia española indagar sobre la autoría de unos hechos ilegales que han puesto al descubierto –tal y como ha confirmado el propio Gobierno, provocando el malestar del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– una importante brecha en la seguridad de nuestro país. Por el momento, tal y como ha revelado El Debate en primicia, el Ministerio de Defensa adquirió equipos de encriptación para las comunicaciones del Estado Mayor y de la ministra Margarita Robles, sólo unas semanas después de que el móvil de ésta fuese infectado con Pegasus, en junio de 2021, según el juez.
Exclusiva: el dato que cuestiona que Sánchez conoció ahora el espionaje
Defensa compró equipos de encriptado semanas después del espionaje a la ministra Robles
Oficialmente, el Gobierno se enteraba el pasado fin de semana de que los terminales de Pedro Sánchez y de Margarita Robles habían sido hackeados hace casi un año. Ni la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ni el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han sido capaces de explicar la versión de La Moncloa sobre cómo es posible que en todo este tiempo, desde mayo de 2021, el CNI no detectase nada. Ni siquiera que del teléfono del presidente se habían extraído más de 2,6 gigas de información. La realidad es que el CNI conoce el sistema Pegasus a la perfección porque es el único organismo español que lo utiliza.
La derivada búlgara
Hace aproximadamente un mes, la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Sofía (SGP) abría, también, en Bulgaria una investigación oficial sobre el posible uso del software israelí Pegasus desde algunas instituciones del Estado para materializar escuchas ilegales a ciudadanos.
«En el transcurso de la inspección, un fiscal de la SGP solicitó de inmediato información a la Oficina Nacional para el Control de Medios de Inteligencia Especiales (NBKRS) de si el producto de la empresa de tecnología israelí NSO Group (Pegasus) se aplicó en estructuras estatales, y si se inspeccionaron los procedimientos de uso y la aplicación de herramientas especiales de Inteligencia a ciudadanos específicos», señalaba la Fiscalía búlgara en un comunicado oficial.
En todos los casos, la incógnita más compleja de la ecuación es despejar la autoría de los espionajes, precisamente, porque la intervención de corporaciones y grandes empresas privadas en los hechos complica el trabajo de los investigadores. La Moncloa ha puesto en cuarentena la posibilidad de llegar a una certeza más allá de identificar dónde se descargaron los datos sustraídos a su inquilino y otros miembros del Ejecutivo.
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