El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, en una imagen de archivo
Tribunales
Una delegación del Gobierno vasco visita el Constitucional para conocer su funcionamiento
La comitiva institucional abordó «asuntos técnicos de jurisprudencia» y sirvió a sus integrantes para conocer la organización del Tribunal de Garantías
Viaje a Madrid bajo la fórmula de la visita institucional. Un viceconsejero del Gobierno vasco, varios directores generales, la directora de la Agencia vasca de Protección de Datos -y exvocal del CGPJ, Margarita Uría Etxebarría- y letrados de las viceconsejerías de la Administración autonómica han visitado este martes la sede del Constitucional (TC) para conocer «la organización y el funcionamiento del Tribunal» español, en plena ofensiva del Gobierno a los pilares del Estado, cuya renovación está pendiente para el próximo mes de junio.
La voracidad sanchista
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El presidente Pedro González-Trevijano, y su vicepresidente Juan Antonio Xiol, reunidos en Pleno, hicieron un alto en las deliberaciones para saludar al grupo de representantes del Ejecutivo vasco desplazados a la madrileña sede del órgano de Garantías, según han confirmado fuentes oficiales, pero no les acompañaron durante el tour. Es la primera vez que, al menos, en los últimos cinco años se produce un desembarco oficial de estas características al que, sin embargo desde el propio Tribunal han querido restar importancia asegurando que es una fórmula que «está abierta a todas las comunidades autónomas».
La solicitud partió hace dos meses del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno del País Vasco -liderado por la consejera del PNV Olatz Garamendi Landa- pero curiosamente se ha materializado ahora, por «razones de agenda». No en vano, la Consejería al frente de la iniciativa tiene encomendadas como principales líneas de actuación las relaciones con el Parlamento, la política de desarrollo autonómico, la coordinación del Boletín Oficial del País Vasco, la función pública, la defensa jurídica del Estatuto de Autonomía, el diseño del modelo de aplicación de la Gobernanza Pública Vasca, los sistemas de información y telecomunicaciones corporativas, la actividad editorial del Gobierno y otras funciones derivadas de la gestión de la actividad legal, jurídica y administrativa del Ejecutivo vasco.
Por el momento, no ha trascendido una intencionalidad distinta de la meramente «técnica» tras el desembarco vasco en el Constitucional pero fuentes próximas a la institución no ocultan su sorpresa y desconfianza. La Constitución que tan poco gusta a los socios del actual Gobierno, en especial a los partidos de corte nacionalista, establece en su primer artículo que los poderes del Estado emanan del pueblo español. Y, sin embargo, no hay poder, institución, organismo o incluso empresa pública que el presidente Pedro Sánchez no haya colonizado. Por las buenas o por las malas. Todo apunta a que el Tribunal de Garantías será la próxima parada.
Próxima renovación en junio
Por su parte, el TC es el intérprete supremo de la Constitución y tiene encomendadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes, de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y de solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La Constitución Española de 1978 configura en su Título IX al Tribunal Constitucional como uno de los órganos constitucionales, al que específicamente se confía la defensa de la Norma Fundamental en su dimensión jurídica y por métodos jurisdiccionales. No en vano, el artículo 159.3 dispone que sus miembros serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
Los últimos magistrados que juraron o prometieron su cargo lo hicieron el pasado mes de noviembre de 2021, ante Su Majestad el Rey Felipe VI. La próxima remesa de cambios tendrá lugar, si el calendario electoral andaluz lo permite, el próximo mes de junio.
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