07 de diciembre de 2022

El presidente de ERC, Oriol Junqueras.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras.Europa Press

Tribunales

Junqueras denuncia a España ante la justicia europea por la sentencia del 1-O

Una vez que el líder de Esquerra ha agotado la vía jurisdiccional nacional ha decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los condenados por sedición Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sendas demandas contra España por la «falta de imparcialidad» del proceso judicial y la sentencia del 1-O. El pasado mes de marzo los tres políticos del procés agotaron la vía jurisdiccional española cuando el Tribunal Constitucional les denegó los recursos de amparo por las condenas de sedición y malversación del Supremo. De esta manera se les abrió la vía del Tribunal de Estrasburgo -que no pertenece a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, organización de cooperación internacional- y a la que han decidido acudir ahora.
Los letrados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, acompañados de los tres exconsejeros, han expuesto este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Catalunya los supuestos agravios de la justicia española y han insistido en que existe en todo el procedimiento «un prejuicio» que lo «contamina». Además, Van den Eynde ha asegurado que los condenados por el procés han vivido «indefensión» durante todo el proceso y ha asegurado que «se ha tergiversado todo el derecho para perseguir, no hechos delictivos, sino personas»
En las demandas presentadas ante el Tribunal Europeo se argumenta, según la abogada Carla Serra, que los tres exconsejeros fueron condenados «a una pena desproporcionada y en aplicación de un delito imprevisible», y que se les restringió «arbitrariamente la libertad, tanto de forma cautelar como después en la condena». El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que: «la causa se ha construido sobre la base de condenarnos por delitos que no existen en el Código Penal», algo que ahora Europa «comienza a saber».
Para Junqueras, toda esta supuesta causa general tiene como objetivo impedir que puedan ejercer como diputados en el Parlament de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, como senadores en el Senado o como diputados en el Parlamento Europeo. El líder republicano cree que la causa se ha construido en base a la «deshumanización de las personas» y también «saltándose y vulnerando la jurisprudencia europea», con privaciones de libertad que han sido calificadas por algunas instituciones «como arbitrarias».
Oriol Junqueras

Oriol JunquerasEFE

Raül Romeva ha denunciado que en la causa no hay ninguna acusación concreta «más allá que la de expresarse», la de «defender unas ideas», y se ha mostrado esperanzado en que, a través de una «justicia con mirada europea, con mirada internacional», conseguirán justicia. Por su parte, la exconsejera Dolors Bassa no se ha sentido juzgada por unos hechos, «sino que el resultado ya estaba decidido» en una «causa política», con el objetivo de «descabezar» al movimiento independentista. Los recursos de Junqueras, Romeva y Bassa señalan varias presuntas vulneraciones de sus derechos, como del principio de legalidad, del derecho a la libertad, a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, entre otros.

El procés en el Tribunal de Cuentas

Asimismo, tal y como informó El Debate la semana pasada, la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha admitido el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para devolver a ERC los 2,1 millones que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de excargos del Govern por el presunto desvío de fondos para la acción exterior –las 'embajadas catalanas' y el Diplocat– en el marco del 'procés'. Por su parte, la otra demandante, Sociedad Civil Catalana (SCC), ha ratificado su posición en el sentido de oponerse a los avales del ICF. Su abogado ha defendido que el depósito es «la forma más sencilla de cumplir con lo mandado por el Tribunal».
No obstante, el órgano fiscalizador está llamado a recuperar para el erario público los más de 5,4 millones de euros presuntamente malversados por los líderes separatistas del 'procés' con cargo a la independencia de Cataluña, en otoño de 2017. De hecho, el Tribunal de Cuentas fijará la primera vista del juicio contable, para «tratar las cuestiones preliminares», el próximo mes de septiembre.
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