El nuevo Anteproyecto de Ley ha despertado las diferencias entre los socios de Gobierno
Los artículos de la Ley de Información Clasificada que pueden irritar a Unidas Podemos
El anteproyecto pretendía superar la ley anterior por franquista, pero en muchos aspectos resulta ser más restrictivo
La vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, venía avisando de que había que cambiar la Ley de Secretos Oficiales porque una normativa de 1968, en pleno franquismo, «no puede garantizar la seguridad en el siglo XXI». El presidente del Gobierno le hizo caso y el pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada.
Pero el Anteproyecto tampoco le hizo demasiada gracia a los compañeros del PSOE en el Consejo de Ministros. La principal pega que le veían era el periodo de hasta 65 años necesarios para desclasificar documentos porque «una democracia madura tiene derecho a conocer su historia». El Anteproyecto de Ley establece un tiempo, 50 años prorrogables otros 15, en el que las personas implicadas ya habrán fallecido. Y Podemos estaba deseo de inculpar a los ministros de la Transición, como la campaña que, junto con los independentistas están llevando contra el exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.
El diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique, que ha sido uno de los más críticos con el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada
Sin embargo, más allá de este artículo concreto, el 16 del Anteproyecto de Ley, la formación morada mostró su descontento con la iniciativa del presidente del Gobierno y echó en falta diálogo con sus socios habituales del bloque de investidura para conocer su opinión y favorecer que se tramite «de la mejor manera posible».
¿Qué artículos no gustan a Podemos?
La perspectiva de Podemos respecto a este Anteproyecto de Ley era que se abriera a la modernidad del siglo XXI, donde las formas de comunicación personal y colectiva no tienen nada que ver con las que existían en 1968. Tampoco tienen mucho que ver las libertades existentes entonces con las actuales… o eso se pensaban los de la formación morada. Porque, según reconocen profesionales y expertos en comunicación, el nuevo Anteproyecto de Ley supone un retroceso importante de las libertades en España.
Ley de información clasificada
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Otro de los puntos de fricción entre PSOE y Podemos es el artículo 9 del Anteproyecto de Ley donde permite que la clasificación como «Confidencial» o «Restringido» pueda hacerse antes incluso de que se elabore el documento que adquirirá dicha clasificación. El artículo 9.2 afirma que «al objeto de facilitar el proceso de clasificación, las autoridades competentes para clasificar en las categorías de 'Confidencial' o 'Restringido' pueden aprobar Directivas de clasificación motivadas, que incluirán las condiciones específicas de aplicación».
Papeles clasificados antes de existir
Las autoridades competentes para clasificar este tipo de información son una larga lista de personalidades del Estado que, además, pueden delegar la decisión en personas de confianza designadas por el propio Gobierno. De esta forma, por ejemplo, una persona de esa lista puede decidir que las órdenes ministeriales de una materia concreta sean declaradas «Confidencial» o «Restringido». De esta forma, una orden ministerial de esa materia, en este ejemplo, tendrá ya la calificación antes de que sea redactada.
Anteproyecto de Ley de Información Clasificada
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Por el contrario, la Ley de 1968 estimaba en su artículo 1.2 que «tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por Ley». Es decir, en la Ley anterior sólo otra Ley establecía una clasificación previa, no una simple Directiva como es en el Anteproyecto de Ley.
Acceso a la materia clasificada
Tampoco amplía la libertad el Anteproyecto de Ley en lo que se refiere a las personas que tendrán acceso a los documentos clasificados. Mientras en la Ley de 1968 establecía en el artículo 10.2 que «la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado», en el Anteproyecto de Ley de Pedro Sánchez se establece a través del artículo 36 que «el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada en cualquier categoría se hará por medio de la Comisión parlamentaria» de Secretos Oficiales. Es decir, sólo unos pocos diputados tendrán acceso a las materias clasificadas.
Competencia para clasificar las materias
Sin embargo, a la hora de poder controlar y manejar la información clasificada, Podemos siempre ha apostado por tener el mayor control posible. De esta manera, así como la Ley de 1968 estima en el artículo 4 que «la calificación de las materias corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor» y en el artículo 5 que «la facultad de calificación no podrá ser transferida ni delegada», en el Anteproyecto de Ley se establece un amplio abanico de personas que podrán clasificar siempre que se trate de materia «Confidencial» o «Reservado». Solo las materias clasificadas como «Alto Secreto» o «Secreto», la competencia es exclusiva del Consejo de Ministros.
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